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Buenos Aires, 5 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial, un nuevo organismo destinado a confrontar públicamente lo que el Ejecutivo define como “operaciones de prensa”, “noticias falsas” y maniobras mediáticas impulsadas por sectores políticos opositores. La iniciativa fue presentada como una consecuencia directa del corte de la pauta oficial tradicional y como una herramienta para “combatir la desinformación brindando más información”. Sin embargo, detrás de ese argumento emerge una realidad más compleja: la pauta estatal no desapareció, sino que mutó de forma, canalizándose por vías indirectas y selectivas. En algunos mentideros vernaculos cercanos al espionaje autoctono, aseguran que “la cadena de la felicidad” mediante fondos reservados, esta muy vigente, auque selectivamente. Algunos periodistas e influencers e incluso funcionarios serían beneficiados.
La nueva oficina se dio a conocer con un mensaje de alto voltaje político en redes sociales, donde dejó en claro que su misión será “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Desde el Gobierno remarcaron que no se trata de censura, sino de sumar “una voz oficial” que permita diferenciar “datos de relatos”, reivindicando la libertad de expresión como un valor central de la administración de Javier Milei.
Según la explicación oficial, la eliminación de la pauta estatal habría provocado que las críticas hacia el Gobierno se volvieran “más ruidosas”, obligando al Ejecutivo a responder con mayor contundencia. En ese marco, la Oficina de Respuesta Oficial aparece como un instrumento de defensa comunicacional frente a un ecosistema mediático al que el oficialismo percibe hostil.
No obstante, el relato de “pauta cero” presenta fisuras evidentes. Si bien la pauta oficial clásica, administrada históricamente desde la Jefatura de Gabinete o la Secretaría de Comunicación, fue reducida drásticamente o congelada, esto no implicó el fin del financiamiento estatal a medios y periodistas. Por el contrario, la publicidad pública continúa fluyendo a través de empresas y organismos bajo control estatal, aunque presentada bajo la figura de “gasto comercial” o “comunicación institucional”.
Entre los principales canales de esta pauta indirecta figuran YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, ANSES, ARCA (ex AFIP), el Banco Central de la República Argentina, empresas energéticas estatales o mixtas, así como loterías, casinos y bancos provinciales. A esto se suman campañas institucionales vinculadas a créditos, combustibles, servicios financieros, beneficios sociales, impuestos, blanqueos o programas oficiales, formalmente justificadas como información al usuario, pero que en la práctica cumplen el mismo rol que la pauta tradicional.
Esta publicidad no se distribuye de manera homogénea ni transparente. Fuentes del sector coinciden en que el esquema sigue siendo discrecional: no todos los medios acceden a estos recursos y, en general, los beneficiarios son aquellos considerados “no hostiles” o abiertamente complacientes con el discurso oficial. En muchos casos, los anuncios aparecen en sitios web personales, blogs o plataformas digitales administradas por periodistas, o bien se canalizan a nombre de productoras y estructuras comerciales vinculadas a ellos, lo que dificulta aún más el seguimiento del flujo de fondos.
La contracara del sistema es clara: los periodistas y medios críticos, o aquellos que no se alinean con el Gobierno, quedan excluidos de estos beneficios. No sólo se los margina del reparto publicitario, sino que además suelen quedar fuera del circuito de entrevistas y accesos privilegiados a funcionarios, reforzando un esquema de premios y castigos que contradice el discurso de neutralidad.
En este contexto, la creación de la Oficina de Respuesta Oficial adquiere un matiz particular. El nuevo organismo se plantea como un canal de comunicación de una sola vía: el Estado responde, señala y desmiente, pero no contempla un mecanismo institucional para que periodistas y medios puedan consultar formalmente sobre la veracidad de determinada información o solicitar aclaraciones previas. La interacción queda limitada a la réplica pública, generalmente en tono confrontativo, sin instancias claras de diálogo o verificación conjunta.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno afirma haber dejado de “financiar relatos”, sostiene un entramado de publicidad indirecta que beneficia a un grupo reducido de medios y comunicadores afines. Al mismo tiempo, inaugura un organismo específico para exponer operaciones de prensa, en un escenario donde la relación entre el poder político y el sistema mediático sigue atravesada por incentivos económicos, aunque menos visibles que en el pasado.
Así, la Oficina de Respuesta Oficial nace en un clima de fuerte polarización y desconfianza, con el desafío de demostrar que su función no será la de disciplinar voces críticas, sino la de aportar información verificable. Pero mientras persista un esquema de pauta selectiva y opaca, la promesa de transparencia y neutralidad comunicacional seguirá bajo sospecha.
