Salta, 9 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-A pocas horas del debate clave por la reforma laboral en el Senado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente la existencia de presiones y amenazas dirigidas a legisladores peronistas para impedir que acompañen el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según afirmó, la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ) estaría utilizando la posibilidad de intervenir partidos provinciales como mecanismo de disciplinamiento político frente a quienes evalúan votar a favor de la iniciativa oficial.
Las declaraciones de Sáenz expusieron con crudeza la interna que atraviesa el peronismo en la antesala de una votación que el Ejecutivo considera estratégica. El mandatario salteño sostuvo que gobernadores, diputados y senadores del espacio recibieron advertencias directas para que no respalden la reforma laboral, bajo la amenaza de perder el control de las estructuras partidarias en sus provincias. “Han sido amenazados con intervenirles el partido”, afirmó, al tiempo que recordó antecedentes recientes que, según dijo, funcionan como castigos ejemplificadores.
El eje de la disputa se concentra en el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores que mantienen una relación tensa con la conducción del bloque peronista mayoritario, compuesto por 28 legisladores. Este grupo, vinculado a gobernadores del interior, se convirtió en un actor decisivo para el desenlace de la votación, ya que su eventual apoyo al oficialismo podría inclinar la balanza en un escenario de paridad ajustada.
La advertencia de Sáenz se produjo en el momento más delicado de las negociaciones, cuando la Casa Rosada intensificó el diálogo con mandatarios provinciales para asegurar los votos necesarios en el Senado, donde la reforma será debatida este miércoles desde las 11. Mientras tanto, el sector del peronismo alineado con el kirchnerismo intenta cerrar filas para bloquear una ley que considera un límite político para el Presidente.
Según fuentes partidarias, la presión interna ya tuvo consecuencias concretas en distritos como Misiones, Salta y Jujuy. En este último caso, el apoyo de la senadora Carolina Moisés a iniciativas del oficialismo derivó en la intervención del PJ provincial. De acuerdo con esas mismas fuentes, existen advertencias de que medidas similares podrían replicarse en provincias como Tucumán o La Rioja si sus representantes acompañan la reforma laboral.
Para los integrantes de Convicción Federal, la discusión excede la lógica ideológica. Se trata, mayoritariamente, de senadores que representan provincias con alta dependencia de recursos nacionales y economías regionales golpeadas por la recesión. En ese contexto, la reforma laboral es vista como una posible herramienta para atraer inversiones, mejorar el clima de negocios y sostener el empleo, más que como un símbolo de alineamiento político.
Este enfoque pragmático choca con la estrategia del kirchnerismo, que promueve una oposición frontal a cualquier iniciativa que pueda fortalecer al Gobierno en el Congreso. Desde ese sector acusan a los senadores dialoguistas de priorizar intereses provinciales por sobre la estrategia nacional del peronismo, mientras que los gobernadores replican que no están dispuestos a asumir los costos económicos y sociales de una confrontación permanente con la Nación.
En paralelo, el Gobierno desplegó una ofensiva política para consolidar apoyos. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista una reunión con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, enfocada en financiamiento y asistencia fiscal. A su vez, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda centrada en recursos provinciales y respaldo legislativo. En el oficialismo admiten que sin el acompañamiento de las provincias la reforma “no pasa”.
A la disputa política se suma la presión sindical. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte tensión en las inmediaciones del Congreso. Si bien evitó anunciar un paro general, la central obrera busca condicionar a los legisladores indecisos y marcar un límite simbólico al avance de la reforma.
En este escenario, Sáenz cuestionó abiertamente el modelo de conducción interna del peronismo. “Acá lo que se defiende son los privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores”, sostuvo, en una crítica que alcanzó tanto a la dirigencia partidaria como a sectores sindicales reacios a cualquier cambio del statu quo.
La votación de la reforma laboral se presenta así como un test múltiple: para Milei, una prueba de liderazgo en un Congreso fragmentado; para el peronismo, un examen de cohesión; y para los gobernadores y legisladores, una decisión con costos y consecuencias que exceden ampliamente esta ley.
