Punta Arenas quedará conectada por vía marítima con Puerto Argentino mediante un servicio comercial operado por la naviera chilena Easter Island, cuyo primer viaje está previsto para noviembre. El anuncio se conoció en las mismas horas en que Javier Milei visitó Santiago, reivindicó a Pinochet y el período iniciado tras el derrocamiento de Salvador Allende y, poco después, lanzó desde Buenos Aires una nueva ofensiva política por Malvinas. La iniciativa chilena incomodó a sectores de la diplomacia argentina y vuelve a poner bajo presión al canciller Pablo Quirno, a la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro y a la embajadora en Londres Mariana Plaza.
Buenos Aires – 5 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – La decisión de avanzar con una ruta marítima regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas abrió un nuevo frente político y diplomático para el gobierno de Javier Milei, justo después de su visita a Chile y en paralelo con el endurecimiento del discurso argentino sobre la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
La operación contempla unir Punta Arenas con Puerto Argentino mediante la naviera chilena Easter Island, que ya negoció el servicio con la Falkland Islands Development Corporation – FIDC, organismo de desarrollo económico del gobierno isleño. El primer viaje está previsto para noviembre y, según la información difundida en Chile, transportará alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó además que los días 28 y 29 de septiembre llegará a la ciudad una delegación de unos 25 empresarios vinculados con las islas para mantener reuniones con proveedores locales. La intención es recuperar y ampliar un mercado que desde Magallanes estiman en alrededor de US$20 millones anuales.
La iniciativa no apareció de improviso. Easter Island Naviera venía trabajando desde julio en la posibilidad de establecer un servicio mensual y representantes de la compañía viajaron al archipiélago para entrevistarse con empresas y cámaras comerciales. Incluso comenzaron a analizar cargas de retorno para evitar que los buques regresen vacíos, un elemento decisivo para hacer económicamente viable una ruta regular.
El proyecto tiene además una dimensión energética. Documentación y publicaciones vinculadas con las gestiones previas señalaron que el corredor podría servir para transportar materiales e insumos relacionados con el desarrollo petrolero Sea Lion, el yacimiento que Argentina considera explotado sin su autorización y que quedó en el centro de la cadena nacional pronunciada esta semana por Milei.
La coincidencia temporal resulta políticamente explosiva. Milei estuvo el jueves en Santiago, se reunió con el presidente chileno José Antonio Kast y participó del Foro Madrid. Allí afirmó que, después del “derrocamiento del comunista Allende”, Chile ingresó en un período de estabilidad y crecimiento que se prolongó durante décadas, una reivindicación explícita del rumbo económico y político abierto tras el golpe de 1973.
La referencia adquiere una sensibilidad particular para Argentina porque la dictadura de Augusto Pinochet prestó asistencia militar y de inteligencia al Reino Unido durante la guerra de Malvinas de 1982. El entonces jefe de la Fuerza Aérea chilena, Fernando Matthei, reconoció años después que Chile facilitó información a Londres y permitió operaciones destinadas a seguir los movimientos argentinos.
Horas más tarde, ya desde Buenos Aires, Milei adoptó su discurso más enfático sobre Malvinas desde que llegó al poder, anunció sanciones contra empresas que operen en torno de las islas, reforzó partidas de Defensa y planteó una estrategia de mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.
En ese contexto, la apertura de una ruta desde territorio chileno hacia las islas administradas por el Reino Unido genera una contradicción política difícil de soslayar. Chile reafirmó esta misma semana su respaldo a la soberanía argentina sobre Malvinas, al tiempo que actores económicos y autoridades locales de Magallanes impulsan una conexión capaz de abaratar el abastecimiento del archipiélago y reducir su dependencia de Montevideo.
Radonich defendió la operación en términos estrictamente económicos. Recordó que Chile acompañó en 2011 la declaración de los países del Mercosur y asociados que impedía el ingreso a sus puertos de buques que enarbolaran la bandera de las islas y sostuvo que esa decisión habría significado para Magallanes pérdidas acumuladas cercanas a US$300 millones. La nueva embarcación, explicó, navegaría bajo otra bandera y permitiría sortear ese impedimento.
El argumento, sin embargo, no resuelve por sí solo todos los interrogantes jurídicos argentinos. El Decreto 256/2010 establece que todo buque que transite entre puertos continentales argentinos y Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur, o que atraviese aguas jurisdiccionales argentinas con destino a esas islas, debe contar con autorización previa. La norma también alcanza determinadas cargas transportadas directa o indirectamente entre esos puertos.
Por eso, no puede afirmarse automáticamente que una conexión Punta Arenas–Malvinas viole el decreto argentino por el solo hecho de existir. La eventual infracción dependerá de la derrota concreta del buque, del ingreso o no en aguas jurisdiccionales argentinas y de las características de la carga. Precisamente por esa razón, el recorrido que adopte Easter Island será observado con atención por las autoridades marítimas y diplomáticas argentinas.
El antecedente más reciente demuestra la sensibilidad del problema. En julio, la Cancillería presentó una protesta por el tránsito del patrullero británico HMS Medway entre Malvinas y Punta Arenas, mientras Londres respondió rechazando los argumentos argentinos y defendiendo la legalidad de la navegación.
La nueva ruta, sin embargo, presenta una diferencia sustancial: ya no se trata de un movimiento ocasional de un buque militar, sino de la posibilidad de establecer una conexión comercial regular, con empresarios, proveedores, cargas y eventualmente servicios asociados a la actividad económica de las islas.
Fuentes diplomáticas argentinas expresaron malestar por la ausencia inicial de una reacción pública contundente de Pablo Quirno y de la secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, cuya designación y función continúan vigentes dentro de la estructura de Cancillería.
Ese malestar se superpone con una disputa interna más antigua sobre la política hacia Londres. Sectores diplomáticos, legisladores opositores y organizaciones de veteranos vienen cuestionando desde hace tiempo a la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza, por lo que denominan informalmente la “doctrina Plaza”: una estrategia orientada a ampliar cooperación con Londres en áreas económicas y culturales aun cuando la controversia de soberanía siga sin resolverse. La existencia de esa denominación aparece incluso recogida en proyectos presentados en la Cámara de Diputados, aunque su contenido y verdadera influencia dentro de la política exterior son objeto de disputa dentro de la propia Cancillería.
Los cuestionamientos hacia Plaza crecieron durante agosto, cuando organizaciones de excombatientes rechazaron su ascenso y la acusaron de favorecer una aproximación excesivamente cooperativa con el Reino Unido. También hubo pedidos parlamentarios para que el Gobierno informe sobre vínculos de la Secretaría de Malvinas con programas británicos y sobre eventuales conflictos de interés.
La paradoja para la Casa Rosada es evidente. Milei decidió esta semana “malvinizar” su agenda, endurecer sanciones petroleras y reforzar la presencia militar en el sur, pero al mismo tiempo una administración chilena ideológicamente cercana facilita desde Magallanes una conexión económica que puede fortalecer el abastecimiento y la autonomía logística del archipiélago.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque Punta Arenas se encuentra aproximadamente a la mitad de la distancia marítima de Montevideo respecto de Malvinas. Si la ruta logra consolidarse, los operadores de las islas podrían reducir costos, tiempos de navegación y dependencia de la única conexión sudamericana regular existente hasta ahora.
Eso significa que el problema ya no se limita a una controversia simbólica sobre banderas. Está en juego la infraestructura logística que sostiene la economía de las islas y que, con la futura explotación de Sea Lion, puede adquirir un valor todavía mayor.
La relación personal y política entre Milei y Kast añade una capa adicional de complejidad. Ambos gobiernos acaban de superar una tensión relacionada con el Estrecho de Magallanes y emitieron una declaración conjunta reafirmando la soberanía chilena sobre ese paso, mientras Chile reiteró su apoyo histórico al reclamo argentino sobre Malvinas.
Precisamente por eso, Buenos Aires deberá decidir ahora si considera la nueva ruta un negocio privado limitado a Magallanes o un hecho con consecuencias estratégicas que merece una gestión diplomática formal. La respuesta tendrá que ser consistente con la nueva política anunciada por Milei: resulta difícil sostener simultáneamente una ofensiva contra las empresas que facilitan la explotación petrolera y permanecer indiferente ante una infraestructura comercial que puede reducir los costos logísticos del mismo territorio cuya ocupación y explotación se cuestionan.
El primer barco está previsto para noviembre. Antes de que zarpe, habrá una delegación empresarial en Punta Arenas y deberán definirse bandera, itinerario, frecuencia, cargas y eventuales conexiones con Sea Lion. Es allí donde se verificará si la renovada política argentina sobre Malvinas se extiende también al vínculo con un aliado regional o si el endurecimiento anunciado por Milei encuentra su primera excepción precisamente del otro lado de la cordillera.
Fuentes consultadas: El Mercurio/Emol; La Nación; Infobae; El Mostrador; Meganoticias; Diario del Fin del Mundo; Easter Island Naviera; Falkland Islands Development Corporation; Gobierno de Chile; Cancillería Argentina; Decreto 256/2010; Cámara de Diputados de la Nación; El País; BioBioChile; documentación histórica sobre cooperación chilena con Reino Unido durante la guerra de 1982; publicaciones y fuentes diplomáticas argentinas.
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