Buenos Aires-12 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — El banco estadounidense JP Morgan evaluó que las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei están acelerando el camino para que Argentina recupere el estatus de Mercado Emergente en el esquema de clasificación de MSCI, una recategorización que, de concretarse, podría habilitar el ingreso de fondos pasivos por alrededor de US$ 2.300 millones. El diagnóstico forma parte de un reporte del equipo de research de la entidad, que sostuvo que el proceso de retorno desde la condición de mercado “Standalone” se habría dinamizado a partir de medidas promercado adoptadas desde diciembre de 2023.
Según el análisis, un eventual cambio de categoría tendría un efecto inmediato sobre el universo de inversión disponible para el país: al quedar fuera de “Standalone”, Argentina podría volver a ser elegible para una parte de los fondos institucionales globales que hoy tienen restricciones formales para invertir en mercados con baja accesibilidad o limitaciones operativas. En ese escenario, JP Morgan proyectó que la reclasificación a Mercado Emergente abriría una puerta a flujos pasivos netos estimados en US$ 2.300 millones, vinculados a carteras que replican índices globales y que, por mandato, deben reequilibrar posiciones cuando cambia el universo de países.
El informe identificó además a las compañías locales que, por liquidez, volumen y presencia en el mercado, podrían captar la mayor parte de ese nuevo caudal. En la lectura del banco, las más beneficiadas serían YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía, firmas que quedarían “bien posicionadas” para absorber el flujo adicional y mejorar su perfil ante inversores externos. La tesis se apoya en que, con una reclasificación, estos activos podrían aumentar su demanda estructural y exhibir un salto en profundidad y negociación, un factor que suele reducir el costo de capital y ampliar la base de accionistas.
En términos de narrativa financiera, el banco sostuvo que las reformas estructurales “allanan el camino” para el regreso a los índices globales de acciones, pero subrayó que la decisión de MSCI no depende únicamente de señales políticas o de mercado, sino del cumplimiento de estándares de accesibilidad, estabilidad institucional y funcionamiento operativo. En este punto, el reporte introdujo una advertencia clave: más allá de los avances, persisten restricciones relevantes para inversores institucionales extranjeros y se mantiene una agenda pendiente en disponibilidad de información, infraestructura de mercado y previsibilidad regulatoria.
La entidad remarcó que MSCI continúa monitoreando el caso argentino y que todavía observa barreras que afectan la posibilidad de operar con normalidad, especialmente para grandes fondos internacionales que requieren reglas claras de repatriación, mecanismos eficientes de liquidación y certezas sobre eventuales cambios normativos. También se mencionó la limitación de información en inglés como un obstáculo que, si bien puede parecer menor, pesa en estándares de transparencia para la comunidad inversora global.
En cuanto a los tiempos, JP Morgan ubicó la ventana más temprana de reclasificación entre 2027 y 2028, aunque enfatizó que el calendario no es automático: el proceso de MSCI suele ser riguroso y se desarrolla mediante consultas que pueden extenderse alrededor de dos años. Bajo esa lógica, aun si el proveedor de índices decidiera iniciar en 2026 una consulta formal para evaluar un cambio de estatus, el desenlace recién podría llegar hacia 2027 o 2028, siempre condicionado a evidencia de mejoras duraderas.
El reporte puso el foco en un punto sensible: la continuidad de políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027. En la visión del banco, MSCI buscaría señales firmes de permanencia de las reformas antes de avanzar, dada la historia de cambios bruscos y reversiones en Argentina. Esa trayectoria, marcada por episodios de volatilidad en reglas de juego y restricciones de acceso, alimenta una cautela estructural que obliga a los inversores a seguir de cerca el clima político y los indicadores de estabilidad macro y regulatoria.
En paralelo, el debate sobre la recategorización reaviva una discusión estratégica: volver a emergentes no garantiza por sí solo un “boom” de inversiones, pero puede actuar como sello de validación para el mercado, ampliar el universo de compradores y mejorar el posicionamiento de activos locales frente a benchmarks globales. En ese marco, el mensaje del banco fue doble: reconocimiento al sendero de reformas y advertencia sobre los requisitos que todavía deben consolidarse para que la reclasificación deje de ser una expectativa y se convierta en decisión.
