Por Daniel Romero
Buenos Aires-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. La CGT confirmó este lunes, en pleno feriado de carnaval, que realizará un paro general de 24 horas el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una medida que amenaza con paralizar el transporte público y profundizar la tensión política y social en la semana decisiva para el oficialismo. La central obrera informó que la huelga será sin movilización propia, aunque anticipó que sectores de izquierda, agrupaciones del kirchnerismo y gremios disidentes marcharán por su cuenta al Congreso para rechazar el proyecto. Que la CGT ya sepa que la izquierda y agrupaciones kirchneristas saldran a la calle, es pura casualidad, nadie debiera creer que está organizado. Sin duda, éste parao salvaje, da más autoridad a la reforma planteada.
El anuncio, adoptado tras una reunión virtual que se adelantó y se extendió desde la mañana hasta primera hora de la tarde, dejó una definición operacional clave: los sindicatos del transporte anticiparon acatamiento “pleno”, lo que implicará ausencia de colectivos, trenes y vuelos, y un impacto directo en la actividad productiva, educativa y comercial. La confirmación llegó a través de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), espacio que agrupa a la UTA, La Fraternidad y los pilotos nucleados en APLA, entre otros gremios del sector. El mensaje fue contundente: “paro total” de los medios de transporte de pasajeros, un factor que suele definir la eficacia real de la protesta.
La fecha exacta aún no está cerrada porque depende del calendario legislativo. En el Gobierno apuestan a acelerar el dictamen en comisiones y llevar el proyecto al recinto cuanto antes, con la expectativa de una sesión esta misma semana. Sin embargo, en la negociación con bloques aliados persisten diferencias sobre puntos sensibles —en especial el capítulo de licencias laborales por enfermedad— y ese tironeo podría demorar el tratamiento para la semana siguiente. Desde luego un empleado con gripe u otra situación, debe ser contemplado dentro del la reforma, sin permitir los abusos. En ese escenario, la huelga podría caer este jueves o, alternativamente, el miércoles 25.
La decisión llega en un momento que el oficialismo considera bisagra: la reforma laboral ya obtuvo media sanción en el Senado, y en Diputados se juega la sanción definitiva de un paquete que el Gobierno presenta como condición necesaria para atraer inversiones, reducir litigiosidad y ampliar el empleo formal. La CGT, en cambio, lo interpreta como una ofensiva contra derechos laborales y un intento de debilitar el poder de negociación sindical. La central anunció que sus autoridades darán una conferencia de prensa este miércoles en la sede de Azopardo, donde se espera un endurecimiento del discurso.
Pero el trasfondo político excede el comunicado. El país vuelve a quedar rehén de una metodología que, para amplios sectores sociales, se parece más a un reflejo corporativo que a una defensa genuina del empleo. La CGT festeja el carnaval preparando un paro general carnavalesco contra las inversiones y el crecimiento del país; en definitiva, es eso lo que se juega con la reforma laboral que impulsa el gobierno. Con los mismos argumentos de siempre, el sindicalismo que atrasa se abraza a una Argentina atrasada: una estructura que bloquea cambios, encarece la creación de empleo formal y se aferra a privilegios de sindicalistas enriquecidos, mientras millones de trabajadores sobreviven en la informalidad o en la precariedad sin representación real.
El dato no menor es que la central obrera dispuso una huelga sin movilización propia, un formato que refleja también las fracturas internas del universo sindical. En los últimos días, gremios industriales y del sector aceitero, junto con las centrales CTA y agrupaciones estatales, habían desplegado acciones y medidas por fuera de la conducción cegetista, con críticas públicas a su perfil negociador y a su falta de contundencia. Esos sectores ahora buscarán capitalizar la jornada con una marcha independiente al Congreso, aunque sin el paraguas formal de la CGT.
La puja por el transporte expone, además, la dimensión táctica del conflicto. La experiencia reciente dejó un antecedente que en Casa Rosada todavía recuerdan: en el paro general del 10 de abril de 2025 —el tercero de la era Milei— la UTA no se plegó por estar bajo conciliación obligatoria, lo que mantuvo colectivos en la calle y redujo el impacto. Esta vez, el oficialismo enfrenta el escenario inverso: con transporte alineado, el costo social de la huelga será mayor, y el Gobierno buscará atribuirlo a una estrategia sindical de presión para condicionar al Congreso.
En el centro de la escena queda una disputa de fondo: si el país avanza hacia un marco laboral que estimule inversión y empleo registrado o si queda atrapado en una lógica de paros recurrentes como instrumento de veto. Para el Gobierno, el paro confirma que la reforma toca intereses estructurales y que la resistencia sindical opera como barrera para modernizar reglas de contratación. Para la CGT, la huelga es una demostración de fuerza frente a una iniciativa que considera regresiva. Entre ambas posiciones, una parte significativa de la sociedad observa con cansancio cómo el costo del conflicto lo pagan, otra vez, los trabajadores que no pueden viajar, las pymes que pierden un día entero y la economía real que se frena mientras la política se atrinchera.
