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Buenos Aires-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — Tras los violentos incidentes registrados el miércoles 11 de febrero en las inmediaciones del Congreso durante la movilización contra la reforma laboral, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que su cartera evalúa un endurecimiento de los controles sobre las protestas sociales, con medidas que incluyen desde la revisión de mochilas hasta eventuales restricciones al uso de banderas y mástiles.
En declaraciones radiales, la funcionaria sostuvo que el Gobierno analiza “endurecer más” el esquema vigente para manifestaciones, en el marco del llamado “protocolo antipiquete”, y explicó que el foco estaría puesto en elementos que —según la evaluación oficial— pueden transformarse en herramientas de agresión. En ese sentido, ejemplificó con los palos de banderas, que durante los choques callejeros fueron utilizados como proyectiles o armas improvisadas, y deslizó la posibilidad de limitar su presencia si vuelven a verificarse patrones de violencia similares.
La advertencia de Monteoliva se produjo en un contexto político y social atravesado por la discusión parlamentaria de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La protesta del miércoles, convocada por la CGT y otras organizaciones, derivó en enfrentamientos con fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires, con escenas de piedras y bombas molotov arrojadas hacia los cordones de seguridad y una respuesta que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. Distintas fuentes oficiales y periodísticas reportaron heridos y decenas de detenidos, en un operativo que exhibió un alto nivel de despliegue y tensión, mientras el debate legislativo avanzaba en el Senado.
En el Gobierno interpretan que el episodio del 11 de febrero dejó una señal de alerta: la combinación de masividad, presencia de grupos violentos y circulación de objetos potencialmente lesivos elevó el riesgo operativo para las fuerzas y para terceros. Bajo ese diagnóstico, Seguridad comenzó a estudiar “controles adicionales” para reducir la posibilidad de que ingresen a las concentraciones artefactos incendiarios, piedras u otros elementos ocultos en bolsos y mochilas. La discusión, según reconocen en ámbitos oficiales, no es sólo de oportunidad política sino también de factibilidad legal, porque implica intervenir sobre pertenencias personales en el espacio público.
El debate se monta sobre un terreno jurídico ya sensible. El “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” fue instrumentado por la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad. A fines de diciembre de 2025, un fallo del fuero contencioso administrativo federal declaró la nulidad de ese esquema, con argumentos vinculados al alcance de las facultades del Poder Ejecutivo y a posibles afectaciones de derechos constitucionales como la libertad de reunión y expresión. Sin embargo, la decisión judicial fue apelada por el Estado y, en consecuencia, el protocolo continuó aplicándose mientras se sustancia la discusión en instancias superiores.
Ese antecedente introduce un punto clave: cualquier ampliación del dispositivo —como requisas más sistemáticas o prohibiciones generales de determinados elementos— podría abrir una nueva ola de impugnaciones. Especialistas consultados en debates previos sobre requisas y controles preventivos suelen señalar que, para que una requisa sin orden judicial sea válida, debe estar justificada por circunstancias concretas y criterios objetivos, y no puede transformarse en regla automática. En la práctica, la tensión entre prevención y garantías tiende a resolverse caso por caso, y es previsible que la eventual implementación de “revisión de mochilas” en manifestaciones termine judicializada, especialmente si deriva en detenciones o secuestros de objetos sin un estándar uniforme.
En su mensaje, Monteoliva buscó enmarcar la discusión en términos de prevención de violencia y reducción de riesgos. Afirmó que el objetivo es “mirar” qué controles pueden sumarse “sin poner en riesgo la vida” de nadie, en una señal de que la cartera pretende blindar el nuevo enfoque con un discurso de proporcionalidad y cuidado de terceros. No obstante, puertas adentro del sistema político ya se anticipa una disputa doble: en la calle, por la aplicación concreta de las medidas; y en tribunales, por la constitucionalidad y los límites del accionar estatal en protestas.
El telón de fondo es que la agenda de orden público quedó atada, otra vez, a la dinámica de la reforma laboral: si el oficialismo acelera el tratamiento en Diputados, el Gobierno espera nuevas movilizaciones y el área de Seguridad intenta llegar con un dispositivo más severo, con el argumento de evitar que episodios como los del Congreso vuelvan a escalar en violencia.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas; BAE Negocios; El País; Infobae; Boletín Oficial de la República Argentina; Chequeado; Página/12.
