Buenos aires-24 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — El camarista Carlos Mahiques presentó su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, justo cuando ese tribunal debía resolver un punto clave en la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la ya famosa quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El movimiento llegó apenas un día después de que se conociera públicamente que el juez habría festejado allí su cumpleaños, un dato que, por sí solo, no es menor: celebrar en un predio bajo investigación cuyo presunto dueño está en el centro del expediente no solo luce imprudente, sino que, en términos de percepción pública, alimenta la idea de connivencia entre poder judicial y poder real.
En una nota formal dirigida al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, y al Consejo de Superintendencia, Mahiques invocó “circunstancias de carácter estrictamente funcionales” para apartarse de la subrogancia. No mencionó en ninguna línea el episodio del cumpleaños ni la causa que debía analizar como integrante circunstancial de esa sala. Su explicación se concentró en la carga de trabajo y en la complejidad administrativa de la función: detalló que la Sala I arrastra centenares de expedientes en trámite —habló de más de 300 procesos—, además de impugnaciones y recursos, y advirtió que sostener ese ritmo podría afectar el normal funcionamiento del tribunal.
Sin embargo, el contexto vuelve difícil creer que se trate solo de una decisión “técnica”. La subrogancia de Mahiques en Sala I lo colocaba en la línea de fuego de una resolución sensible: definir si la investigación sobre la quinta de Villa Rosa, en el partido de Pilar, queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay —como pretenden los imputados— o si vuelve al fuero de Penal Económico con el juez Marcelo Aguinsky. Detrás de esa discusión hay algo más que una pelea de competencias: está en juego quién conduce el caso, cómo se investiga el origen de fondos y, sobre todo, quién es el verdadero dueño de un predio valuado en alrededor de US$ 20,8 millones que aparece a nombre de un monotributista y su madre jubilada, señalados en el expediente como posibles testaferros.
La renuncia de Mahiques a esa subrogancia reacomoda el tablero, pero no borra lo que detonó el escándalo: el supuesto festejo de cumpleaños en el mismo predio investigado. Según reconstrucciones periodísticas basadas en testimonios reservados, la celebración habría reunido a más de una veintena de invitados, entre ellos funcionarios judiciales y actores con vínculos aceitados con el mundo del fútbol. En los pasillos de Comodoro Py, el comentario pasó de “secreto a voces” a problema abierto cuando la investigación sobre la cúpula de la AFA escaló y la quinta de Pilar se volvió un símbolo del caso. En ese clima, la pregunta que queda flotando es directa y muy concreta: ¿quién pagó la fiesta en la quinta? El dato no es folclore. Si el predio está bajo sospecha por lavado, el financiamiento de un evento social allí —y el listado real de asistentes— podría ser relevante para comprender redes de vínculo y cercanía.
El propio Mahiques negó días atrás haber celebrado allí sus 74 años y, ante la consulta, lanzó una frase que terminó de incendiar el debate: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?”. Se amparó en el artículo 19 de la Constitución Nacional para afirmar que deben evaluarlo por sus sentencias y no por su vida privada. Pero en un juez que podía intervenir, aunque fuera por subrogancia, en un expediente vinculado al mismo lugar de la fiesta, el “inconveniente” es evidente: la apariencia de imparcialidad es parte de la imparcialidad. En causas de esta magnitud, el problema no es solo lo que un magistrado decide, sino la credibilidad social de por qué lo decide.
La situación se vuelve todavía más sensible por otro capítulo paralelo: Mahiques pretende que se le permita continuar en la magistratura hasta los 80 años, cuando por ley y regla general debería jubilarse el año próximo al cumplir 75. El Poder Ejecutivo, a través del presidente Javier Milei, ya pidió al Senado un nuevo acuerdo para habilitarle esa extensión por cinco años, una instancia que abre debate político y judicial porque, más allá de su encuadre constitucional, coloca a un juez en situación de depender de una decisión del poder político para seguir en funciones. En su escrito, el camarista también aludió a esa “incertidumbre” institucional, como si el tribunal necesitara previsibilidad. Pero para buena parte de la opinión pública, la previsibilidad que se reclama es otra: que los jueces no se muevan en zonas grises cuando deben controlar, justamente, a los poderosos.
En el trasfondo, el caso de la quinta de Pilar funciona como un espejo incómodo. La investigación busca determinar si se usaron estructuras formales de bajo perfil para esconder al verdadero propietario y si hubo maniobras de blanqueo. En ese contexto, que un juez llamado a decidir el destino del expediente aparezca ligado socialmente —aunque sea por un festejo— al predio investigado no es un detalle: es una señal. La renuncia a la subrogancia descomprime el riesgo procesal inmediato, pero no apaga la pregunta de fondo sobre vínculos, favores y cercanías.
Hoy, el expediente seguirá su curso en Casación con otra integración. Pero el daño ya está hecho: el episodio dejó instalada una sospecha que erosiona confianza en un sistema que, para funcionar, necesita algo tan básico como que la gente crea que la Justicia juega limpio. Y cuando esa confianza se lastima, no alcanza con decir que todo fue “funcional”. Hace falta explicar lo que la sociedad ya se está preguntando en voz alta.
