Buenos Aires, 26 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) asumió que la reforma laboral del Gobierno tiene altas chances de convertirse en ley este viernes en el Senado, y decidió cambiar el eje de su respuesta: sin anunciar paro general ni una movilización orgánica al Congreso, la central obrera activó lo que en su propia interna describen como “la máquina de impedir” por la vía judicial. La hoja de ruta, definida en una cumbre de la mesa chica, apunta a presentar una denuncia por inconstitucionalidad y acompañarla con una marcha el próximo lunes a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia.
El giro no es menor. Mientras un sector de gremios reclamaba “calle” para presionar el día del debate en la Cámara alta, el triunvirato cegetista optó por disputar el terreno que considera más eficaz y menos costoso en términos de desgaste: el expediente judicial. “Estamos analizando la estrategia minuto a minuto”, confiaron dirigentes al tanto de la reunión, en la que prevaleció la idea de que, si el oficialismo reúne los votos, una protesta masiva el viernes podría terminar siendo testimonial. La apuesta es otra: judicializar el contenido de la norma apenas salga del recinto, con presentaciones que cuestionen artículos sensibles vinculados a derechos adquiridos, el régimen de huelga y cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo.
El encuentro se realizó en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en la calle Moreno, con Andrés Rodríguez como anfitrión. Participaron los tres integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— y se destacó una presencia que no pasó inadvertida puertas adentro: Hugo Moyano, voz histórica del sindicalismo y factor de peso en cualquier discusión de alto voltaje. También se sentó a la mesa Gerardo Martínez, jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), quien viene transitando un vínculo de diálogo con el Ejecutivo y tuvo participación en el esquema del Consejo de Mayo, ámbito donde se terminó de pulir el proyecto de “modernización laboral”.
La foto dejó, además, una ausencia elocuente: Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), referente del ala más confrontativa dentro de la propia CGT. Su no asistencia fue leída como síntoma de la tensión interna: mientras la conducción prioriza el camino judicial, el sector duro insiste con la idea de mostrarse en la calle el día de la sesión.
En público, Sola blanqueó el plan con una frase que buscó ordenar expectativas: la movilización “va a ser el lunes” y el reclamo se irá “acompasando” a la evolución del empleo y las paritarias. En privado, el razonamiento es más directo: si la reforma sale, el objetivo inmediato será pedir su suspensión o su declaración de inconstitucionalidad, con un planteo que intente correr el debate del terreno político al jurídico. Para la central obrera, la batalla no termina con la votación: empieza otra etapa, en los tribunales.
El telón de fondo es un proyecto que ya llegó al Senado tras su aprobación en Diputados y que promete reconfigurar reglas de contratación, costos de desvinculación y márgenes de conflictividad. Aunque la CGT rechaza el espíritu general, la central celebra haber conseguido retoques durante las negociaciones previas en la Cámara alta. Entre los cambios que exhibe como “freno” a la versión original, se menciona la continuidad por dos años de las cuotas solidarias sindicales y la eliminación del artículo que reducía contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, un punto que los gremios consideraban una amenaza directa a su sistema de salud. Esa ingeniería política se atribuye a conversaciones con la bancada oficialista que, en el Congreso, conduce Patricia Bullrich.
La estrategia cegetista, sin embargo, no cerró filas. Por fuera del paraguas de la central, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) confirmó una movilización para este viernes a las 10 en la esquina de Avenida de Mayo y Salta, con la intención de marchar “lo más cerca del Congreso” que se pueda. En ese espacio confluyen gremios estatales y sectores que creen que judicializar “antes del viernes” es, en realidad, la coartada para no tensar en la calle esta semana. En esa línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó un paro para la jornada, mientras que organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero también convocaron frente al Parlamento. La izquierda, por su parte, prepara su propio acto al mediodía.
Así, el mapa sindical llega al viernes fragmentado: una CGT que elige el expediente y una constelación de gremios que empuja movilización y medidas de fuerza. Con el reloj corriendo, el oficialismo intenta convertir la sesión en un hito legislativo; y el sindicalismo, en cualquiera de sus versiones, prepara su contragolpe. La diferencia es el escenario: para la conducción cegetista, el primer round fuerte será en Tribunales.
