Washington, 26 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Estados Unidos transmitió a Ucrania una advertencia puntual: que se abstenga de ejecutar ataques que terminen afectando intereses económicos estadounidenses en territorio ruso. La señal llegó después de un golpe ucraniano contra instalaciones vinculadas al Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) cerca de Novorosíisk, en la costa del mar Negro, una zona estratégica por su cercanía con Crimea y por el rol que cumple como salida de exportación de crudo hacia mercados globales. La revelación provino de la embajadora ucraniana en Washington, Olha Stefanishyna, quien describió el mensaje del Departamento de Estado como una gestión diplomática formal.
En una rueda de prensa, Stefanishyna explicó que la comunicación estadounidense no fue una objeción general a la campaña ucraniana contra la infraestructura energética rusa, sino una protesta específica por episodios en los que, según Washington, resultaron comprometidas inversiones ligadas a la cadena exportadora del petróleo en el mar Negro. “Escuchamos del Departamento de Estado que deberíamos abstenernos de atacar los intereses estadounidenses”, afirmó la embajadora, al precisar que Estados Unidos puso el foco en el impacto económico sobre compañías asociadas a esa infraestructura.
El punto es sensible porque el CPC no es un activo “doméstico” ruso. Se trata de un sistema vital para el transporte de crudo desde la región del Caspio a los mercados internacionales: el oleoducto supera los 1.500 kilómetros y conecta yacimientos del oeste de Kazajistán con la terminal marítima de Novorosíisk, desde donde se carga petróleo en buques tanque. Una parte sustancial de las exportaciones kazajas depende de esa ruta, y el consorcio incluye participación de empresas rusas, kazajas y occidentales, entre ellas la estadounidense Chevron. En otras palabras: un daño operativo no solo recorta flujos y compromete ingresos de actores privados, sino que introduce fricción geopolítica entre aliados que comparten —con matices— el objetivo de contener a Rusia.
Según el propio consorcio, a fines de noviembre de 2025 un ataque ucraniano dañó infraestructura de la terminal, afectó un punto de amarre y obligó a suspender operaciones y restringir carga durante un período. El CPC sostuvo entonces que no hubo derrames en el mar Negro ni víctimas. Ese antecedente es el que Washington trae de regreso a la mesa, en un momento en el que Ucrania busca sostener su capacidad de presión sobre la economía de guerra rusa y, al mismo tiempo, evitar roces con su principal sostén externo.
En Kiev, la lectura de la advertencia intenta ser contenida. Stefanishyna aseguró que Estados Unidos no pidió una prohibición amplia de ataques sobre objetivos militares o energéticos rusos, sino que pidió cautela cuando el blanco afecte intereses estadounidenses. “Se relacionaba específicamente con el hecho de que se violaron los intereses económicos estadounidenses allí. Lo tuvimos en cuenta”, dijo. La frase busca evitar una interpretación más dura: que Washington esté queriendo limitar la libertad operativa ucraniana en un frente que Kiev considera legítimo para reducir la capacidad de financiamiento del agresor.
El episodio expone una tensión que crece a medida que la guerra se prolonga: la diferencia entre el objetivo político-militar de Ucrania y los costos colaterales que pueden aparecer para aliados y socios. Kiev sostiene desde hace meses que atacar logística, refinerías, depósitos y terminales vinculadas al petróleo ruso impacta directamente sobre la caja del Kremlin, uno de los pilares que alimentan la invasión y la maquinaria bélica. Desde esa óptica, los golpes a la energía rusa funcionan como respuesta defensiva frente a la agresión sostenida de Rusia y sus ataques reiterados sobre población civil y sobre el sistema energético ucraniano.
Pero del lado estadounidense, el mensaje sugiere una línea roja práctica: la presión sobre Moscú no debería recaer, por rebote, sobre activos donde haya inversión norteamericana o sobre rutas que cumplen un papel clave para terceros países como Kazajistán, cuya estabilidad energética también integra el tablero regional. En el trasfondo, además, aparece la discusión sobre cómo sostener una estrategia coherente de sanciones y presión económica sin producir daños propios o abrir grietas en el frente diplomático.
El caso del CPC es un ejemplo claro de esa complejidad. La terminal en Novorosíisk opera en un territorio bajo control ruso, en una zona de fuerte valor militar, y al mismo tiempo es parte de un circuito energético transnacional con participación occidental. Para Ucrania, golpear infraestructura que ayuda a sostener ingresos petroleros de Rusia puede ser visto como una manera de acortar la guerra. Para Estados Unidos, el mismo golpe puede generar costos económicos y diplomáticos indeseados si arrastra a empresas propias o complica a socios que no son parte directa del conflicto.
La advertencia, entonces, no cambia el sentido general del respaldo occidental a Ucrania, pero sí añade una capa de “precisión” sobre qué objetivos se consideran sensibles. Y deja una señal: en una guerra donde la energía es un campo de batalla, la coordinación entre aliados no se juega solo en armas y municiones, sino también en tuberías, terminales y balances corporativos.
