Buenos Aires-27 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — En la antesala de una sesión clave en el Senado por la Reforma Laboral, el presidente Javier Milei volvió a escalar su confrontación pública con parte del empresariado y eligió un formato que ya se volvió marca registrada: un mensaje en X con apodos, ironías y una acusación de fondo. Según el mandatario, tres referentes del sector privado habrían contribuido a “dejar en evidencia” —en sus palabras— “el sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. Los destinatarios fueron Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Roberto Méndez (Neumen), en un episodio que, por su timing, volvió a conectar la disputa política con el clima económico y el debate legislativo.
El posteo del Presidente condensó, en pocas líneas, una narrativa de “batalla cultural” aplicada al mundo empresario: la idea de que ciertos sectores industriales se ampararon durante años en el discurso de la “industria nacional” para sostener sobreprecios, privilegios regulatorios o protecciones a medida, y que hoy reaccionan frente a un cambio de reglas que el Gobierno presenta como “competencia” y apertura. En ese mensaje, Milei insistió en que estos cruces ayudan a “despertar” al país, mientras coronó el texto con su habitual consigna política.
La escena posterior sumó un dato tan elocuente como incómodo: no hubo respuesta pública inmediata de parte de los principales aludidos. En el entorno de las compañías, primó el silencio o el intento de bajar la tensión. En el caso de Méndez, el matiz fue que buscó aclarar que el Presidente habría interpretado mal el sentido de sus declaraciones. La dinámica —ataque desde la cuenta presidencial, réplica mínima o nula desde los privados— refleja un equilibrio delicado: en un contexto de reformas sensibles, el costo de entrar en una pelea frontal con Casa Rosada también se mide en incertidumbre regulatoria, clima de negocios y reputación.
Detrás del intercambio hay tres conflictos distintos, unidos por la misma estrategia discursiva. El primer capítulo fue el de Techint y la licitación vinculada a caños para un proyecto estratégico asociado al gas de Vaca Muerta. En esa pulseada, el Gobierno celebró que un proveedor extranjero se impusiera en precio y dejó trascender que no convalidaría medidas para encarecer el insumo, mientras desde el grupo industrial se analizó la posibilidad de denunciar competencia desleal. La disputa —técnica en su origen— terminó convertida en un símbolo: el oficialismo lo leyó como prueba de que había “sobreprecios” en nombre del proteccionismo; del otro lado, se alertó por el impacto sobre producción local, empleo industrial y cadenas de proveedores.
El segundo caso, el de Fate, ya no es una discusión de costos sino una herida social abierta. El cierre de la planta y el conflicto laboral dejaron imágenes de tensión, preocupación por cientos de puestos de trabajo y un debate más amplio sobre los efectos de la apertura de importaciones en sectores sensibles. En paralelo, desde el Gobierno se reforzó la idea de que la competitividad no puede sostenerse con barreras permanentes y que las empresas deben adaptarse. En el universo sindical, en cambio, el cierre alimentó el argumento de que el “shock” económico se traduce en pérdida de empleo y precarización, en un momento en que la CGT y otros gremios vienen movilizados por la reforma.
El tercer foco, Neumen, combina mercado, precios y sinceridad brutal. Méndez quedó en el centro de la escena tras una entrevista en la que describió distorsiones en el negocio de neumáticos durante años de restricciones y sostuvo que el mercado “no era real”, con precios inflados. Milei tomó esas frases como munición para su tesis: que hubo empresarios y multinacionales que “robaron” al consumidor argentino al abrigo de regulaciones cerradas, y que ahora buscan preservar ese esquema bajo banderas “nacionalistas”.
El trasfondo político es evidente: el Gobierno llega al tramo final del período de sesiones extraordinarias con la intención de convertir la Reforma Laboral en un hito legislativo antes de la apertura formal del año parlamentario. En ese marco, la ofensiva contra nombres propios del empresariado funciona como señal hacia su núcleo duro: confrontación con “la casta” ampliada, donde ya no solo entran dirigentes y burócratas, sino también parte del poder económico. Para el sector privado, el dilema es si responder y escalar la pelea —con riesgo de quedar atrapado en el ring político— o sostener el silencio y limitarse a la gestión puertas adentro, mientras el debate avanza en el Congreso y el clima social sigue cargado.
