Buenos Aires-4 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-— El Gobierno nacional escaló este miércoles un conflicto político y educativo con la provincia de Formosa al exigir explicaciones formales por un video en el que se observa al gobernador Gildo Insfrán siendo entrevistado y elogiado por alumnos de primaria durante la inauguración de una escuela. Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, calificaron el episodio como un posible caso de “adoctrinamiento político-partidario” y reclamaron a la cartera educativa provincial que informe si abrió una investigación y qué medidas tomará para evitar que el ámbito escolar sea utilizado como plataforma de propaganda.
El planteo llegó mediante una nota formal dirigida al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, luego de la difusión de las imágenes del acto en la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez” de la ciudad de Formosa, en el marco del inicio del ciclo lectivo e inauguración del establecimiento. En el video, según la lectura del Ministerio, los chicos formulan preguntas y comentarios con una marcada carga de exaltación hacia la figura del mandatario provincial y hacia acciones de su gestión, en una puesta en escena que —para la Nación— desborda el carácter institucional de una actividad educativa y coloca a los menores como protagonistas de una liturgia partidaria.
La reacción no fue un pronunciamiento genérico: Capital Humano habló de “gravedad institucional” y sostuvo que exponer públicamente a menores con fines de propaganda personal vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos. El texto enviado a Formosa recordó artículos de la Constitución Nacional, tratados internacionales incorporados a la misma, y normas específicas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, subrayando que el derecho a enseñar y aprender no puede transformarse en una herramienta para imponer una “manera de pensar” político-partidaria dentro del aula.
El pedido de informes incluyó una lista concreta de puntos: si la provincia inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; qué mecanismos tiene el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o se aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las escuelas. En paralelo, el Gobierno nacional citó el marco normativo vigente sobre protección integral de menores, convivencia escolar y disposiciones reglamentarias que —según el Ejecutivo— refuerzan la idea de que el aula debe ser un espacio de formación, no un set de campaña.
En ese contexto, el episodio del “tío Gildo” se convirtió en un símbolo que viajó más rápido que cualquier resolución administrativa. En la entrevista difundida por canales de comunicación ligados al gobierno provincial, los niños le preguntan al mandatario, entre otras cosas, qué se siente “ayudar a tantos niños y hacerlos felices”, y si este año recibirán “útiles, guardapolvos y zapatillas”, con una despedida final que provocó sonrisas en el escenario: “con el honor de que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo”. Para el Gobierno nacional, esa escena no es espontánea: es la postal de un dispositivo de construcción de lealtad política desde edades tempranas.
El golpe de esta polémica no se entiende sin el contexto de poder provincial. Gildo Insfrán gobierna Formosa desde el 10 de diciembre de 1995 y, antes de eso, integró durante años la fórmula provincial como vicegobernador. Para gran parte de la oposición, el sistema formoseño se parece a una estructura cerrada, con un liderazgo personalista que, por su extensión, terminó moldeando instituciones, dependencia social y cultura política. De ahí el apodo que circula desde hace tiempo —y que hoy volvió con fuerza—: para sus críticos, Insfrán es un “dictadorzuelo” provincial, no por un título formal, sino por la sensación de permanencia sin alternancia real. No es un debate teórico: se trata de cómo se ejerce el poder cuando un mismo nombre atraviesa generaciones enteras de escolares, docentes, empleados públicos y beneficiarios de programas sociales.
En ese punto, la intervención de Capital Humano marca un quiebre político: por primera vez en décadas, un Gobierno nacional no mira para otro lado y le exige explicaciones a la provincia por prácticas que, según la denuncia oficial, mezclan escuela con propaganda. Para quienes cuestionan al gobernador, la escena es un retrato del adoctrinamiento: un Estado provincial que no sólo gestiona, sino que busca ser amado, celebrado y agradecido en público por chicos de primaria. Para la Nación, el límite está en la dignidad del menor y en su libertad de conciencia.
El choque también activó pronunciamientos dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich fue una de las voces más duras al señalar que la disyuntiva es “educación o adoctrinamiento”, y apuntar contra la idea de impunidad de quien se cree “dueño” de la provincia, con un mensaje que anticipó que “se les termina”. La frase, más allá del tono, busca convertir el episodio en un caso testigo: un ejemplo que, exhibido a nivel nacional, ponga presión sobre un modelo provincial de poder largo, cerrado y difícil de desafiar.
Desde el lado formoseño, el gobierno provincial no admitió, en los mensajes institucionales previos al reclamo nacional, ningún desvío: en su narrativa, el acto de inicio del ciclo lectivo se presentó como inauguración de infraestructura educativa y como un hito de gestión, con énfasis en la continuidad de obras y en la presencia del gobernador como figura central. Ese contraste —Nación hablando de neutralidad y derechos; provincia hablando de gestión y agradecimiento— muestra que el conflicto no se resolverá con un comunicado. Lo que está en disputa es el sentido mismo de la escuela pública: si es un espacio de ciudadanía plural o un escenario donde el poder busca reproducirse desde la infancia.
En el fondo, el caso abre una pregunta incómoda para la política argentina: ¿hasta dónde puede llegar la personalización del Estado en territorios donde un líder lleva tanto tiempo que, para muchos chicos, el gobernador “siempre fue el mismo”? El reclamo de Capital Humano intenta fijar una línea: el aula no se usa para rendir pleitesía, y menos con niños como coro. Si la provincia responde con una investigación real, sanciones o protocolos, el Gobierno nacional habrá conseguido algo más que una declaración: habrá impuesto un estándar. Si la respuesta es defensiva, el conflicto puede escalar a un terreno más áspero, con denuncias, pedidos de informes recurrentes y una batalla política que, inevitablemente, terminará nacionalizándose.
La escena del “tío Gildo” puede parecer menor frente a problemas urgentes —salarios docentes, infraestructura, pobreza—, pero tiene una potencia simbólica enorme: expone cómo el poder se vuelve cultura cuando dura décadas, y cómo una escuela puede transformarse en espejo de esa cultura. En Formosa, donde la alternancia es una palabra lejana para varias generaciones, la Nación decidió entrar al aula y preguntar lo que durante demasiado tiempo nadie preguntó en voz alta: quién educa, para qué, y con qué límites.
