Buenos Aires-5 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA — La declaración indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa por presunta retención indebida de tributos y aportes, fue postergada una semana tras un conveniente cambio de defensa a último momento. La audiencia, prevista para este jueves a las 10:30 en el fuero Penal Económico, se reprogramó para el 12 de marzo, luego de que sus nuevos abogados solicitaran tiempo para estudiar el expediente, según indicaron fuentes judiciales. El artilugio se produjo en un contexto de máxima exposición pública: el caso ya derivó en un paro de actividades del fútbol argentino y profundizó un conflicto político que enfrenta a la conducción de la AFA con la administración del presidente Javier Milei.
De acuerdo con el expediente, la investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades vinculadas a obligaciones fiscales acumuladas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La cifra que aparece en el corazón de la causa asciende a 19.300 millones de pesos, correspondiente a conceptos como IVA, impuesto a las ganancias y aportes previsionales. El juez Diego Amarante citó a indagatoria, además de Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, al actual secretario general Cristian Malaspina, al ex secretario general Víctor Blanco y al director general Gustavo Lorenzo, bajo una calificación penal que prevé penas de dos a seis años de prisión.
El cronograma original contemplaba dos momentos sensibles: primero, la indagatoria de la AFA como persona jurídica —en la que debía estar representada por su presidente— y luego la declaración personal de Tapia. En la práctica, la postergación corrió todo el esquema una semana y obligará a rearmar un operativo que ya estaba previsto con refuerzos de seguridad. En su momento, el juez dispuso restricciones para evitar la presencia de personas ajenas a actos judiciales en el piso del juzgado, con la intención de reducir tensión y evitar que la audiencia se convierta en un show mediático.
La reprogramación se apoyó en un argumento formal: el derecho de defensa ante el cambio de patrocinio. En las últimas horas, Tapia dejó a sus anteriores representantes y pasó a ser asistido por el abogado Luis Charro. Desde el entorno del titular de la AFA señalaron que la estrategia incluirá un escrito presentado ante el juzgado, con una línea central: sostener que “no hubo delito” porque —según su interpretación— existían disposiciones vigentes que impedían ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles y, por lo tanto, la obligación exigible no corría en los términos en que la plantea la acusación. También anticiparon un abordaje técnico sobre la naturaleza de los tributos reclamados, y dejaron abierta una decisión clave: si Tapia responderá preguntas del juzgado y de la fiscalía o si se limitará a presentar su descargo por escrito.
En este punto, el expediente tiene un componente que la Justicia considera determinante: la capacidad de pago. Entre las medidas ordenadas, el juzgado pidió información para establecer si la AFA contaba con fondos suficientes al momento de los vencimientos. En esa línea, se incorporó un informe que indicó la existencia de saldos millonarios en cuentas y colocaciones, incluyendo plazos fijos denominados en dólares. Para la hipótesis de la acusación, ese dato refuerza la sospecha de que no se trató de una imposibilidad material, sino de una decisión de no pago o de diferimiento, con impacto directo en aportes e impuestos retenidos.
La defensa, sin embargo, procura correr el eje. En el universo del fútbol, la postura dominante es que el caso forma parte de una disputa política más amplia, atravesada por el debate sobre el modelo de los clubes y la presión del gobierno para habilitar estructuras de sociedades anónimas deportivas. Desde la conducción de la AFA insisten en que la entidad regularizó parte de la deuda y que el resto se encauzó mediante planes de pago, y remarcan que la denuncia se presentó más tarde de los primeros incumplimientos, lo que para ellos revela intencionalidad. Esos argumentos ya fueron planteados ante el juez y derivaron en pedidos de sobreseimiento y en intentos para cerrar la causa bajo la premisa de inexistencia de delito. Amarante rechazó esos planteos y las defensas apelaron ante la Cámara en lo Penal Económico, que también debe resolver cuestiones accesorias pero sensibles, como las prohibiciones de salida del país impuestas a los imputados y pedidos específicos, entre ellos el de Toviggino para declarar por videoconferencia.
El escenario se volvió todavía más espeso por el frente deportivo. La citación a indagatoria coincidió con una decisión inédita del Comité Ejecutivo y la estructura de la Liga Profesional: un paro que suspende la actividad entre el 5 y el 8 de marzo, abarcando la fecha del Torneo Apertura y otras categorías. Los dirigentes lo presentaron como un gesto de unidad frente a lo que consideran una avanzada institucional. Para miles de hinchas, sin embargo, la medida se vive con frustración: el fútbol se convirtió, otra vez, en rehén de una pelea que ocurre en los escritorios y en los tribunales, lejos de la cancha.
En paralelo, el expediente principal convive con un clima de sospechas más amplio sobre los manejos de la AFA. En tribunales circulan otras investigaciones donde se analiza el flujo de fondos, el vínculo con intermediarios y posibles irregularidades en operaciones vinculadas al exterior. En ese mosaico aparecen nombres y razones sociales que ya forman parte del ruido de época: TourProdEnter, el empresario Javier Faroni y su relación con movimientos financieros; y conexiones señaladas con Sur Finanzas y Ariel Vallejo. A eso se suma otro capítulo que, sin estar necesariamente atado a esta causa, alimenta el deterioro reputacional: la pesquisa en torno a una vivienda en Pilar atribuida en versiones periodísticas al entorno de Toviggino, y la sospecha de que parte de gastos o circuitos de pago se habrían sostenido con fondos de la entidad.
Como si faltara un ingrediente, el tablero político sumó una novedad con impacto simbólico: el cambio en el Ministerio de Justicia y la llegada de Juan Bautista Mahiques, un funcionario con vínculos históricos con el mundo del fútbol y trayectoria en gobiernos anteriores. Su nombre genera lecturas cruzadas: para algunos dirigentes, su desembarco abre la puerta a puentes con estructuras de poder; para otros, expone la zona gris que existe cuando la política, la Justicia y el fútbol se rozan demasiado. En ese contexto, cada movimiento procesal se observa con lupa, y la postergación de una indagatoria se lee no solo como un paso técnico, sino como parte de una pulseada más grande por el control del relato y del poder.
El 12 de marzo quedará, así, como la próxima fecha de impacto. Ese día, Tapia deberá presentarse ante el juzgado con su nueva defensa y definir su estrategia final: hablar, callar o responder por escrito. De un lado, la Justicia buscará consolidar la hipótesis de retención indebida; del otro, la AFA intentará sostener que la discusión es técnica y que no hay delito penal, mientras el fútbol —en pausa— espera que la pelota vuelva a rodar sin que el calendario se siga rompiendo.
