Buenos Aires-6 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA– La salida del inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, reconfiguró este viernes uno de los frentes más sensibles del Gobierno: el control sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la ofensiva institucional para revisar sus cuentas y vínculos comerciales. Vítolo presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que dejó constancia de que se aparta porque se le solicitó el retiro de las funciones que venía ejerciendo. La dimisión llegó horas después de que el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmara públicamente que pidió la renuncia “de los funcionarios políticos” de su órbita, incluido el titular de la IGJ, como parte del recambio de conducción en el ministerio.
En su escrito, Vítolo buscó imprimir un tono de despedida institucional y, a la vez, político. Habló de “orgullo” y “serenidad” por haber cumplido con el deber, defendió la idea de “hacer valer el imperio de la ley” y sostuvo que debió actuar frente a “estructuras de poder” acostumbradas —según describió— a moverse por fuera de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República. Sin nombrarlas directamente, el mensaje fue leído en clave interna como una referencia a sectores históricamente resistentes a la fiscalización, y en clave pública como un último guiño a la batalla que la IGJ mantenía abierta con la AFA.
El ahora exfuncionario recordó que había sido designado en su cargo por el Decreto 53/2023 y, al despedirse, habló de una gestión de “veintiséis meses” en la que intentó reposicionar al organismo no solo como autoridad registral y de control societario, sino también como un “servicio económico de interés general” orientado a la prevención de riesgos. En el mismo sentido, señaló avances de modernización normativa, un intento de “acercamiento” del organismo a la comunidad y, al mismo tiempo, dejó una queja explícita: dijo lamentar no haber podido culminar por falta de tiempo y por limitaciones estructurales y presupuestarias tareas iniciadas, entre ellas la modernización tecnológica y la digitalización total.
El contexto le da peso a la renuncia: Vítolo era, dentro del Gobierno, la cara visible del impulso más agresivo de la IGJ contra la AFA, con pedidos de información, requerimientos sobre estados contables y una solicitud formal al Ministerio de Justicia para que se designaran veedores con el objetivo de revisar la documentación financiera del ejercicio 2025 y una serie de operaciones concertadas con firmas locales y del exterior. En el centro de esa revisión figuraban relaciones comerciales vinculadas a la explotación y comercialización de derechos, remesas internacionales, rendiciones de cuentas y el circuito de fondos, además de una investigación sobre la creación de la denominada universidad de la entidad, UNAFA.
La presión de la IGJ venía acompañada por una narrativa oficial muy dura: la dependencia sostuvo públicamente que la AFA se negó a entregar documentación clave y que pretendió justificarse con una supuesta mudanza de domicilio a la Provincia de Buenos Aires, afirmación que, según el organismo, fue “falsa” y “ficticia”, al punto de sostener que la entidad “no se encuentra ni jamás se ha encontrado” en el domicilio que declaró como sede social. El choque de fondo no era menor: para el Gobierno, el caso AFA se convirtió en un emblema del “fin de los privilegios” y del control sobre estructuras poderosas; para la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, la disputa se presentó como un conflicto jurisdiccional y político.
Aun así, la renuncia abre una pregunta inmediata que en Casa Rosada no pasan por alto: ¿qué ocurrirá con los pedidos de veedores y con la continuidad del expediente? La salida de quien empujaba la investigación puede cambiar el ritmo, la estrategia y hasta el tono de la ofensiva. En las últimas horas, de hecho, trascendió que antes de formalizar su dimisión Vítolo habría firmado un segundo pedido vinculado a auditorías sobre negocios de la AFA y el destino de montos millonarios vinculados a etapas previas de la estructura comercial del fútbol, un dato que, de confirmarse plenamente en el expediente, dejaría medidas en curso incluso después del recambio de conducción.
El movimiento se inscribe en una reconfiguración mayor del Ministerio de Justicia. Mahiques llegó con un mensaje claro: “llego con un equipo”, y por eso pidió la renuncia de funcionarios políticos en áreas bajo su jurisdicción. En ese paquete, además de la IGJ, el ministro ya había anticipado cambios en organismos sensibles como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y la Oficina de Bienes Recuperados, mientras que la Procuración del Tesoro quedaba, al menos por ahora, fuera de la primera ola de recambios por considerarse un área especialmente delicada por el volumen de litigios del Estado.
En ese tablero, la IGJ ocupa un lugar estratégico: no solo por la disputa con la AFA, sino porque es un organismo de control con capacidad de fiscalización e intervención sobre asociaciones, sociedades y entidades que atraviesan el corazón del poder económico y deportivo. Cambiar la cabeza de la institución en medio de un expediente caliente inevitablemente dispara lecturas cruzadas: desde quienes lo ven como una “normalidad” de recambio político tras el cambio de ministro, hasta quienes sospechan que el desplazamiento puede enfriar —o reorientar— investigaciones que tocaron intereses densos.
En el Gobierno sostienen que el recambio no equivale necesariamente a frenar nada, sino a ordenar la cadena de mando y alinear áreas bajo una misma conducción política. Sin embargo, el efecto simbólico es fuerte: Vítolo dejó su carta con un mensaje que suena a despedida combativa, advirtiendo sobre presiones corporativas, privilegios sectoriales e “intocables” que —según escribió— resistieron el ordenamiento y la transparencia. En su cierre, pidió que la próxima gestión continúe el camino “preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”.
Mientras tanto, en el círculo de Mahiques ya se habla de reemplazos y de un recambio rápido para evitar un vacío de conducción en el organismo. Entre los nombres que circularon para la transición aparece Alejandro Ramírez, mencionado en versiones periodísticas como posible sucesor. La definición, en cualquier caso, no será un detalle técnico: el nuevo titular de la IGJ heredará un expediente que mezcla control societario, poder deportivo, flujos económicos y una pulseada política de alta visibilidad pública.
Así, la renuncia de Vítolo se convierte en algo más que un cambio administrativo: es una señal de cómo el Gobierno ordena su propia interna y, al mismo tiempo, un test para medir si la ofensiva sobre la AFA seguirá con la misma intensidad o si mutará hacia una estrategia distinta bajo el nuevo comando del Ministerio de Justicia. En el medio, queda una certeza: cuando se mueve la cúpula de un organismo de control, la política argentina no solo cambia nombres; cambia clima, cambia ritmo y, a menudo, cambia el destino de las investigaciones.
