Por RR
Buenos Aires-12 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El presidente Javier Milei y buena parte del elenco oficial salieron a respaldar de manera cerrada a Manuel Adorni en medio de la creciente polémica por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Nueva York para participar de la Argentina Week. El reflejo político fue inmediato: antes que abrir una explicación institucional amplia y precisa, el Gobierno eligió blindar a uno de sus funcionarios más cercanos. Y en ese movimiento quedó expuesto un contraste incómodo con el discurso libertario contra los privilegios y, al mismo tiempo, una semejanza cada vez más visible con viejos comportamientos del poder argentino.
Porque, en los hechos, la reacción de Milei recordó a la lógica con la que la ex presidenta Cristina Kirchner solía sostener públicamente a funcionarios cuestionados aun cuando las dudas crecían y las explicaciones no alcanzaban. Cambian los nombres, cambian los relatos, cambia la estética, pero el mecanismo de defensa política cerrada frente al escándalo empieza a mostrar parecidos que el oficialismo preferiría no admitir.
El Presidente escribió en la red social X un mensaje para darle “ánimo” a Adorni y cuestionó a quienes instalaron el tema, al sostener que no comprenden el concepto de costo marginal y que, por lo tanto, ensucian sin fundamentos. El respaldo no fue aislado. Minutos antes, Karina Milei ya había expresado su “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete y reivindicado su integridad. Luego se sumaron ministros, dirigentes y operadores del ecosistema oficialista, en una defensa sincronizada que buscó mostrar cohesión interna y cerrar el paso a la ofensiva opositora.
En esa línea también se movió Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales, quien procuró alinearse con la estrategia de contención y encuadró las críticas dentro de una supuesta operación política contra el Gobierno. A esa reacción se sumaron además voceros informales y referentes digitales del oficialismo, que intentaron convertir la discusión sobre el uso de recursos y los privilegios en una batalla de relato contra el kirchnerismo y los medios.
Sin embargo, el problema no desaparece por más apoyo interno que reciba el funcionario. La presencia de Angeletti en el avión presidencial ya motivó pedidos de informes en el Congreso y denuncias judiciales por presunta malversación de fondos, abuso de autoridad y eventuales violaciones a la ley de ética pública. La explicación que dio Adorni tampoco ayudó demasiado: sostuvo que quería que su esposa lo acompañara en el viaje y afirmó que Presidencia la invitó, al tiempo que negó que ello hubiera significado un costo para el Estado. Lejos de cerrar la discusión, esa defensa alimentó nuevas preguntas sobre quién autorizó esa presencia, bajo qué criterio y con qué respaldo administrativo.
El episodio se agravó todavía más cuando trascendió que Adorni también había viajado con su esposa y sus hijos a Punta del Este en un avión privado. Ese desplazamiento, revelado primero periodísticamente y luego confirmado parcialmente por el propio funcionario, sumó otro foco de controversia: quién pagó efectivamente ese vuelo. El periodista Marcelo Grandio, que viajó con él y conduce un programa en la TV Pública, ofreció explicaciones contradictorias y terminó enredando aún más la situación, al afirmar primero que el viaje lo había pagado Adorni, luego aludir a dinero estatal y finalmente intentar reformular sus dichos.
Desde el oficialismo buscaron presentar todo el asunto como una maniobra para dañar a Milei y empañar la gira por los Estados Unidos, orientada —según el Gobierno— a captar inversiones. Pero el núcleo del problema no parece estar en una supuesta conspiración opositora, sino en un dato bastante más sencillo y bastante más delicado: un Gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política aparece hoy obligado a explicar viajes, invitaciones, excepciones y acompañamientos familiares que se parecen demasiado a aquello que decía combatir.
La defensa corporativa de Adorni puede servir para ordenar internamente a la tropa oficialista, pero no resuelve la cuestión de fondo. Y ahí es donde la escena se vuelve especialmente significativa: así como Cristina Kirchner eligió en más de una ocasión arropar a sus funcionarios más cuestionados frente al avance de denuncias y sospechas, ahora Milei optó por el mismo camino con uno de los hombres de su máxima confianza. La promesa de una política distinta empieza a tropezar, otra vez, con reflejos demasiado conocidos.
Mientras tanto, la oposición presiona para obtener información precisa, las denuncias avanzan y el Gobierno redobla la defensa política. En ese choque entre relato e institucionalidad, el caso Adorni ya dejó de ser una simple controversia de agenda. Se convirtió en una prueba concreta sobre hasta dónde llega, en la práctica, el compromiso libertario con la austeridad que predica.
