Buenos Aires, 19 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- Marcela Pagano amplió en las últimas horas su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y sumó un nuevo eje de conflicto para el jefe de Gabinete: la supuesta omisión en su declaración jurada de una vivienda de alto valor en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La presentación fue incorporada en el expediente CFP 1003/2026 ante el Juzgado Federal N° 1, donde la diputada agregó como hecho nuevo la existencia de una casa de dos plantas que, según su acusación, no figura en los registros patrimoniales informados por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
La denuncia de Pagano se montó sobre un dato que Total News Agency había publicado en carácter de primicia el pasado 15 de marzo, cuando reveló que, según vecinos consultados por este medio, Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, alquilaban de manera temporaria una propiedad de fin de semana en Indio Cuá y que, en paralelo, avanzaba la construcción de una casa propia de dos plantas en ese mismo country, a metros de la cancha de golf. Esa publicación antecedió a la ampliación judicial conocida ahora y se convirtió en uno de los antecedentes periodísticos más sensibles de este nuevo capítulo.
“En ese marco, la controversia sumó otro elemento político cuando la diputada Lilia Lemoine salió en defensa de Adorni en X y, lejos de desmentir de plano la existencia de la vivienda, escribió que se trataba de ‘una casa reformada… en un country de clase media’ y que ‘no es una mansión en la isla’, una respuesta que fue leída por sectores opositores como un reconocimiento indirecto de la propiedad cuestionada.”

Según los elementos que acompañó la diputada, la propiedad cuestionada sería una vivienda ubicada en el lote 380 del complejo, con expensas que habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, extremo que, de confirmarse, abriría interrogantes sobre un eventual vínculo dominial o posesorio no informado. Distintas publicaciones que reprodujeron el contenido de la ampliación de la denuncia señalan además que las propiedades en ese predio se mueven en una franja de entre US$ 129.000 y US$ 249.000, con expensas mensuales elevadas para los estándares locales. Todo esto aparece contrastado con la última foto patrimonial pública de Adorni, correspondiente al ejercicio 2024, donde declaró ahorros por US$ 48.720, además de otros bienes y deudas.
La nueva acusación se suma a una secuencia política complicada para el funcionario, que ya venía golpeado por la controversia en torno al viaje oficial a Nueva York con presencia de su esposa y por el vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. En ese marco, la presentación de Pagano busca instalar una inconsistencia entre los ingresos declarados por el jefe de Gabinete y su nivel de vida, al poner bajo la lupa gastos de vivienda, viajes y consumos que, según la denunciante, no cierran con la contabilidad formal informada hasta ahora. Por el momento, se trata de una denuncia judicial y de reconstrucciones periodísticas sobre documentación y testimonios, no de una imputación probada en sentencia.
El caso, sin embargo, también deja al descubierto otra capa de conflicto político. La propia Pagano, que ahora se coloca en el rol de denunciante contra Adorni, quedó a su vez alcanzada en las últimas horas por la difusión de un video en redes sociales y sitios digitales en el que una mujer, presentada como empleada doméstica o exempleada de su entorno, la acusa a ella y a su pareja, Franco Bindi, por presuntos malos tratos laborales. Hasta el momento, lo que circula públicamente sobre ese episodio remite a denuncias difundidas en video y reproducciones periodísticas de ese material, sin que surgiera de las fuentes relevadas una resolución judicial que lo tenga acreditado.
De ese modo, la ofensiva de Pagano contra Adorni avanza en simultáneo con cuestionamientos que también rozan a la diputada, en una escena de fuerte deterioro interno dentro del universo libertario y sus exaliados. Lo concreto es que la polémica por la casa en Indio Cuá ya dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un hecho judicializado, y vuelve a colocar al jefe de Gabinete en el centro de una discusión incómoda sobre patrimonio, transparencia y estilo de vida, justo cuando el Gobierno intenta cerrar otros frentes de desgaste político.





