Buenos Aires, 22 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a quedar en el centro de las quejas del sector privado y la provincia de Buenos Aires apareció otra vez al tope del ranking de presión tributaria subnacional. Así surge de la undécima encuesta anual de impuestos de KPMG Argentina, elaborada sobre más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes, que dejó una conclusión incómoda para gobernadores e intendencias: el tributo provincial más recaudador sigue siendo también el más cuestionado por su efecto en cascada sobre precios, costos e inversión.
El dato más contundente del relevamiento es que el 60,81% de los consultados señaló a Ingresos Brutos como el impuesto que más impacta en los productos y servicios que venden las empresas. La distancia con el resto de los tributos fue amplia: el IVA quedó muy por detrás, al igual que Ganancias, el impuesto al cheque y otros gravámenes municipales o sectoriales. El resultado consolida una tendencia que ya venía creciendo: hace un año el rechazo empresario a Ingresos Brutos era de 54,4% y ahora superó el 60%, una señal de que la percepción negativa no sólo persiste, sino que se agrava.
La encuesta también muestra que el problema no termina en la alícuota visible. Buena parte del malestar empresario se concentra en la superposición de regímenes de retención, percepción y recaudación anticipada, que inmovilizan capital de trabajo y dejan saldos a favor de difícil recuperación. Según el sondeo, el 83,78% de las empresas tiene saldos a favor de Ingresos Brutos por pagos en exceso, y casi un 22% acumula más de 500 millones de pesos en créditos fiscales inmovilizados. Para las compañías, esa carga no sólo encarece costos: también se traduce en un perjuicio financiero concreto que opera como un impuesto adicional de hecho.
En el plano territorial, la provincia de Buenos Aires volvió a ser señalada como la jurisdicción más gravosa del país. Detrás quedaron Misiones y la Ciudad de Buenos Aires, mientras Córdoba y Tucumán completaron el grupo de provincias percibidas como más pesadas desde el punto de vista fiscal. A su vez, Misiones y Tucumán fueron señaladas como las jurisdicciones cuyo accionar tributario más restringe la oferta de bienes y servicios para sus propios residentes. La lectura que hacen muchas empresas es simple: no sólo hay presión fiscal alta, sino que en algunos distritos esa presión termina desalentando directamente operaciones y ventas.
Otro dato relevante es que el problema no se percibe como transitorio. El 57,97% de los encuestados cree que la presión fiscal seguirá igual durante 2026 y el 88,41% no advierte interés provincial en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones. Esa falta de expectativa reformista convive, sin embargo, con una resiliencia empresaria llamativa: el 81,16% afirmó que mantendrá sus planes de inversión y un 8,7% incluso dijo que los aumentará. Es decir, aun dentro de un marco tributario visto como hostil, el sector privado no proyecta una retirada general, aunque sí reclama señales mucho más claras de simplificación y alivio.
La encuesta también dejó una radiografía institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue el organismo mejor valorado en objetividad fiscal, con una nota de 6,24, seguida de ARCA con 6,15. Más abajo quedaron AGIP y, bastante rezagada, ARBA, cuya calificación apenas rozó los 4 puntos. En cuanto al diálogo con el sector privado, el Ministerio de Economía fue percibido como el mejor interlocutor para atender problemas tributarios que afectan la actividad. Esa diferencia entre el nivel nacional y las agencias provinciales refuerza una idea que sobrevuela toda la encuesta: las empresas creen más probable una señal de racionalidad fiscal desde la Nación que desde las provincias.
El trasfondo de la discusión no es menor. Según el IARAF, Ingresos Brutos representó en 2024 una recaudación equivalente a 4 puntos del PBI para las provincias, muy por encima de otros tributos locales como Sellos o el Inmobiliario. Esa dependencia explica por qué el impuesto sigue en pie pese a su creciente impopularidad entre empresas, tributaristas y expertos. Pero también deja al desnudo el núcleo del problema: cualquier reforma fiscal profunda que busque mejorar productividad, inversión y competitividad chocará tarde o temprano con la necesidad de revisar un gravamen que se volvió central para las cajas provinciales y, al mismo tiempo, uno de los principales factores de distorsión sobre la economía real.
TNA con información de Infobae-KPMG-IARAF
