Por Daniel Romero
Bahía Blanca-22 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- A poco más de un año de la inundación que arrasó Bahía Blanca, dejó al menos 18 muertos, miles de evacuados y pérdidas multimillonarias, la catástrofe empezó a correrse del terreno exclusivo del desastre natural para entrar de lleno en el de las responsabilidades humanas, empresariales y estatales. Una denuncia penal presentada ante la Justicia federal apuntó contra directivos de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y contra ex funcionarios del Enargas, bajo la sospecha de que el drama no fue sólo consecuencia de una lluvia extraordinaria, sino también del peso de decisiones, omisiones y falta de obras frente a riesgos que, según el planteo judicial, ya habían sido advertidos con antelación.
La presentación, impulsada por el abogado Martín Caputto y radicada ante el juez federal Julián Ercolini con intervención del fiscal Franco Picardi, le atribuye al director general de TGS, Oscar Sardi, presuntas conductas vinculadas a delitos contra la seguridad pública. En paralelo, pone bajo la lupa al ex interventor del Enargas, Carlos Casares, por supuestos incumplimientos de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. La hipótesis es delicada: que la empresa y el ente regulador conocían desde hacía años el riesgo hídrico asociado al emplazamiento del Complejo General Cerri y, aun así, no ejecutaron obras de adecuación y mitigación que podían reducir el impacto del desastre.
El 7 de marzo de 2025 quedó grabado como uno de los días más oscuros de la historia de la ciudad. Informes científicos y reportes oficiales coinciden en que Bahía Blanca recibió una lluvia de intensidad histórica. La NASA señaló que en pocas horas cayeron alrededor de 400 milímetros, una cifra equivalente a buena parte de la lluvia anual promedio, mientras relevamientos del IGN y reconstrucciones posteriores indicaron anegamientos de más de dos metros en varios sectores urbanos. El evento fue extraordinario, sí, pero justamente allí aparece el núcleo del nuevo debate judicial: si frente a semejante vulnerabilidad previa había actores obligados a prever, corregir o al menos mitigar el riesgo.
La denuncia sostiene que el Complejo General Cerri de TGS, emplazado en la zona del arroyo Saladillo de García, alteró el escurrimiento natural del agua y agravó el efecto de la inundación, en especial sobre General Daniel Cerri e Ingeniero White. Según el escrito, apoyado en estudios científicos previos y en referencias a trabajos de la Universidad Nacional del Sur y del Conicet, la localización de la planta y la falta de remediación no eran un dato nuevo ni inesperado. La acusación va más allá del señalamiento técnico: plantea que existía conocimiento del peligro y capacidad económica para actuar, pero no se adoptaron las medidas necesarias antes de la tragedia.
Ese punto es central porque la discusión ya no gira sólo en torno al temporal, sino sobre el modo en que conviven infraestructura crítica, control regulatorio y planificación territorial. El propio Enargas había informado en el momento del temporal que la planta General Cerri había quedado fuera de servicio, afectando el suministro de gas para parte de la demanda no prioritaria. Es decir, el impacto del desastre sobre el complejo fue inmediato, visible y reconocido por el regulador. Con el diario del lunes, esa admisión pública refuerza otra pregunta incómoda: si la planta podía quedar severamente comprometida por una inundación de esa magnitud, cuánto se había evaluado antes ese riesgo y qué se hizo para reducirlo.
La presentación judicial también pega sobre el plano estatal. Bajo la ley del gas, el Enargas tiene funciones específicas de control, fiscalización y sanción sobre las licenciatarias. Por eso, la denuncia remarca que la responsabilidad penal no debería agotarse en la empresa, sino extenderse a los funcionarios que, teniendo deberes concretos de supervisión, habrían omitido actuar frente a un riesgo que califican como cierto, previsible y reiteradamente advertido. Según el escrito, ni TGS ni el ente regulador incluyeron en el esquema de inversiones y revisión tarifaria de 2024 las obras consideradas indispensables para remediar o mitigar el problema, y recién después de la inundación la empresa habría pedido incorporar fondos para esas tareas.
En términos humanos, la devastación fue brutal. La tragedia dejó al menos 18 fallecidos, más de un millar de evacuados y una ciudad quebrada en su funcionamiento básico. Distintos reportes humanitarios y coberturas de aquellos días mostraron que el agua afectó a cientos de miles de personas de manera directa o indirecta, con daños severos en viviendas, servicios, hospitales, escuelas y actividad económica. La propia reconstrucción posterior confirmó que no se trató de un episodio menor ni de una contingencia aislada, sino de un colapso urbano de enorme escala.
Conviene marcar, con rigor, que por ahora se trata de una denuncia penal, muy bien fundamentada y con imputaciones que deberán ser investigadas con fina y cuidada atención. Pero el expediente ya introduce una discusión de fondo que excede un caso puntual: cuándo una tragedia deja de ser sólo una fatalidad climática y pasa a ser también el resultado de decisiones evitables. En Bahía Blanca, esa frontera empezó a correrse. Y si la Justicia confirma que hubo advertencias previas ignoradas, obras omitidas y controles laxos frente a un riesgo conocido, entonces la inundación de 2025 no quedará sólo como una catástrofe natural, sino como un símbolo brutal de lo que ocurre cuando el Estado no controla y las empresas no corrigen a tiempo.
