Lima-22 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El gobierno interino de Perú quedó envuelto en una crisis política, militar y diplomática de alto voltaje luego de que el presidente José María Balcázar resolviera postergar el pago inicial de una compra de cazas F-16 Block 70 a Estados Unidos, una operación valuada en unos USD 3.500 millones que ya había avanzado con la firma de contratos y que era presentada por la conducción militar como una apuesta estratégica para modernizar la capacidad aérea del país. La decisión detonó de inmediato la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, abrió una fuerte interna en el poder peruano y dejó a Lima bajo una seria sombra de desconfianza ante Washington y ante la contratista Lockheed Martin.
La magnitud del conflicto no pasa sólo por el monto. El acuerdo contemplaba la adquisición de 24 aviones F-16, de los cuales una primera etapa incluía 12 aeronaves y equipamiento asociado, con entrenamiento, soporte logístico e infraestructura. La operación había recibido luz verde institucional en el marco del programa de recuperación de capacidades de control aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú, y formaba parte de un proceso que venía gestándose desde 2024, cuando Estados Unidos ya había aprobado la posible venta del sistema por un valor estimado de USD 3.42 mil millones. La versión ofrecida era el Block 70, la variante más moderna del F-16, equipada con radar AESA APG-83 y aviónica de última generación.
Lo que terminó de hacer estallar la situación fue el momento elegido para la marcha atrás. Según Reuters y AP, el gobierno de Balcázar decidió frenar el desembolso inicial de USD 2.000 millones y dejar la definición para la próxima administración, que debería asumir en julio. El argumento oficial fue que un gobierno interino no tiene legitimidad suficiente para comprometer semejante gasto de defensa en la recta final de su mandato. Pero esa explicación chocó de frente con la versión de los ministros salientes, que sostuvieron que el proceso ya estaba firmado, encaminado y financieramente cubierto, y que el retroceso presidencial expone a Perú a costos institucionales y contractuales mucho más graves que la propia compra.
El quiebre quedó sellado con las renuncias. Hugo de Zela dejó la Cancillería tras advertir que la decisión mina la credibilidad internacional peruana, mientras Carlos Díaz abandonó Defensa denunciando que no existía un fundamento jurídico sólido para interrumpir un proceso ya lanzado. Ambos cuestionaron además las contradicciones públicas del presidente sobre el verdadero estado del contrato. Ese dato es central: la crisis no se reduce a una discusión presupuestaria, sino que muestra una fractura seria dentro del propio Ejecutivo respecto de cómo se manejó una de las compras militares más delicadas de los últimos años en la región.
A la tensión interna se sumó la reacción de Estados Unidos. El embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, lanzó una advertencia pública inusualmente dura al señalar que, si se detectaba mala fe en la negociación, se utilizarían todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y de la región. En lenguaje diplomático, el mensaje fue leído en Perú como una señal de fuerte malestar político y como un recordatorio de que el vínculo bilateral no sale indemne de una operación frustrada de este tamaño, menos aún cuando involucra a un proveedor estratégico como Lockheed Martin y a una venta ya avalada por el aparato de defensa estadounidense.
El episodio además golpea en un momento especialmente frágil para la política peruana. Balcázar asumió hace apenas dos meses como presidente interino, en medio de una cadena de reemplazos y crisis que volvió a convertir a Perú en un caso extremo de inestabilidad institucional en la región. Con elecciones en marcha y una transición todavía abierta, la disputa por los F-16 agrega una capa extra de incertidumbre: no sólo pone en duda la continuidad de una política de defensa, sino también la capacidad del Estado peruano para honrar compromisos estratégicos asumidos al más alto nivel.
Desde el punto de vista militar, el retroceso también tiene costo. La adquisición de estos aviones era presentada como una pieza clave para reemplazar material envejecido y recuperar capacidades operativas frente a un entorno regional donde varias fuerzas aéreas vienen modernizando sus flotas. Si el proceso se judicializa, se renegocia o directamente se cae, Perú no sólo arriesga penalidades o litigios: también pierde tiempo crítico en un área donde los plazos industriales son largos y donde una postergación política puede empujar varios años hacia adelante la entrada en servicio de nuevas aeronaves. Esa es la razón por la cual la discusión en Lima ya dejó de ser meramente contable y pasó a ser una controversia sobre defensa nacional, confianza internacional y seriedad estatal.
La maniobra de Balcázar, en definitiva, deja a Perú atrapado en un escenario de alto desgaste. Hacia adentro, exhibe un gobierno dividido y debilitado. Hacia afuera, instala la imagen de un socio que firma, retrocede y reabre una operación que para Washington tenía valor estratégico. Y en el plano político más amplio, confirma que la transición peruana sigue atravesada por improvisación, fragilidad y pulsos de poder que terminan proyectándose incluso sobre decisiones de defensa de largo plazo. El freno a los F-16 ya no es sólo un expediente militar: es otra postal de la crisis persistente del Estado peruano.
Fuentes consultadas: texto base aportado para la redacción. Reportes de Reuters, Associated Press y El País del 22 de abril de 2026 sobre la postergación del pago de los F-16, las renuncias de Hugo de Zela y Carlos Díaz, la reacción del embajador Bernie Navarro y el estado de la operación militar; antecedentes sobre la aprobación estadounidense de la venta en 2025 y la selección del F-16 Block 70 por parte de Per
