Buenos Aires, 2 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-La situación judicial y política de Manuel Adorni volvió a complicarse. La Justicia federal avanza sobre una causa que pone bajo la lupa los contratos de la consultora +Be, vinculada a su esposa, Bettina Angeletti, con empresas proveedoras del Estado nacional, mientras otros expedientes analizan el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, la compra de una propiedad familiar en Indio Cuá y un viaje en jet privado a Punta del Este cuyo financiamiento aún genera interrogantes.
La investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, y busca determinar si existieron posibles delitos de cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública. El foco está puesto en tres compañías que habrían contratado servicios de la firma de coaching de Angeletti y que, al mismo tiempo, mantienen o mantuvieron vínculos comerciales con organismos o empresas del sector público.
Desde el entorno de Adorni niegan irregularidades y rechazan que los contratos investigados guarden relación con su función pública. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que el expediente ya cuenta con documentación sobre pagos, facturas y servicios declarados, por lo que la pesquisa ahora intenta establecer si esos vínculos fueron operaciones comerciales legítimas o si pudieron funcionar como un canal indirecto de beneficios hacia el círculo familiar del funcionario.
La primera empresa bajo análisis es Grupo Datco, conglomerado tecnológico especializado en soluciones digitales, conectividad, ciberseguridad e infraestructura informática. La firma y sus controladas han tenido contratos o servicios con organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), entre otros clientes públicos o vinculados al Estado.
Según la documentación incorporada al expediente, Datco reconoció la contratación de +Be para tareas de detección de líderes dentro de su plantilla y entrenamiento de su psicóloga institucional. Por esas prestaciones, la consultora de Angeletti cobró dos facturas emitidas a través de Silica Networks Argentina S.A., por $2.015.900 cada una, lo que totaliza $4.031.800 en un informe fechado el 21 de diciembre de 2024.
La investigación también detectó un segundo contrato fallido de búsqueda de personal, por el cual +Be habría percibido $1.806.000, correspondientes al 30% del monto original acordado. Para los investigadores, el punto central no es sólo la existencia de los pagos, sino la eventual coincidencia entre empresas con negocios estatales y la contratación de una firma ligada a la esposa de un funcionario de máxima visibilidad política.
La segunda firma señalada es National Shipping, una naviera históricamente vinculada a YPF, empresa de mayoría estatal en cuyo directorio Adorni figura desde el 30 de enero de 2026. Ante el requerimiento judicial, la compañía remitió información sobre pagos realizados por capacitaciones de personal: $1.140.000 en septiembre de 2024, $2.430.000 en julio de 2025 y $2.800.000 en octubre de 2025. En total, los desembolsos informados ascienden a $6.370.000.
La defensa de la naviera remarcó que los contratos se produjeron antes de que Adorni asumiera la Jefatura de Gabinete y antes de su incorporación al directorio de YPF. Esa aclaración será evaluada por la Justicia, que deberá determinar si los pagos tuvieron explicación comercial suficiente, si existió contraprestación real y si hubo o no relación con vínculos estatales presentes o futuros.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es la estructura formal de +Be. Según los elementos reunidos, la marca no habría funcionado como una sociedad comercial tradicional registrada como empresa, sino como un nombre patentado por Bettina Angeletti, quien aparece como beneficiaria final en las facturas. Esa característica aumenta el interés judicial por reconstruir ingresos, trazabilidad impositiva, capacidad económica y destino de los fondos.
La tercera empresa involucrada es Grupo Foggia, productora musical y de eventos relacionada con el proceso de privatización o concesión del predio de Tecnópolis, una iniciativa anunciada públicamente por el propio Adorni desde su rol de vocero y luego funcionario central del Gobierno. La firma fue fundada por Mara Gorini, dirigente cercana a Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, y actualmente es dirigida por su esposo, Marcelo Dionisio.
Foggia llegó a la etapa final de la licitación vinculada a Tecnópolis, en competencia con una oferta del Grupo La Nación. La Justicia trabaja ahora para determinar cuál fue el monto exacto del contrato o vínculo comercial que la empresa mantuvo con +Be y si existieron pagos, servicios, facturas o acuerdos que puedan tener relevancia penal.
El capítulo Foggia agrega una dimensión política adicional porque cruza el mundo de los eventos libertarios, la influencia de Karina Milei, el armado comunicacional del oficialismo y la administración de espacios públicos de alto valor simbólico. Para el Gobierno, cualquier sospecha alrededor de Tecnópolis resulta especialmente sensible porque se trata de un predio asociado históricamente al kirchnerismo que la administración libertaria buscó resignificar bajo criterios de eficiencia, explotación privada y reducción del gasto estatal.
La causa por los contratos de +Be también impacta sobre otro expediente: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. En ese tramo, los investigadores analizan si el patrimonio familiar del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados y con la capacidad económica de su grupo familiar.
Uno de los puntos más observados es la casa de fin de semana adquirida en el country Indio Cuá, ubicada formalmente a nombre de Bettina Angeletti. Al no figurar como bien ganancial, la Justicia busca determinar si la empresaria contaba con respaldo financiero e impositivo suficiente para afrontar la operación inicial, que habría incluido US$20.000 en efectivo por la propiedad original, luego demolida para levantar una vivienda nueva.
El valor final de escritura habría cerrado en US$120.000, con un aporte de US$100.000 atribuido a Adorni mediante una hipoteca sobre un departamento. La combinación de efectivo, hipoteca, titularidad exclusiva de Angeletti y posteriores obras sobre el inmueble será analizada para determinar si existe correspondencia entre ingresos declarados, gastos familiares y evolución patrimonial.
En paralelo, la lupa judicial también observa el viaje en jet privado a Punta del Este que Adorni realizó durante el fin de semana de carnaval junto a su amigo Marcelo Grandio, quien tenía vínculos con la Televisión Pública. Según distintas versiones incorporadas a la discusión pública, Grandio habría abonado sólo uno de los tramos aéreos, mientras que aún quedan dudas sobre el financiamiento completo del traslado.
Ese episodio derivó en sospechas de posibles dádivas, una figura penal especialmente sensible cuando involucra a funcionarios públicos y personas o empresas con relación con áreas bajo influencia estatal. La defensa de Adorni sostiene que no hubo irregularidades, pero la Justicia intenta reconstruir quién pagó, cuánto pagó, por qué concepto y si existió algún beneficio indebido.
El caso aparece además en un contexto político delicado para el jefe de Gabinete. Adorni pasó de ser el vocero presidencial de mayor exposición diaria a ocupar una posición central dentro del dispositivo de Gobierno, respaldado por Javier Milei y sostenido políticamente por Karina Milei. Ese ascenso también amplificó el costo de cada explicación pendiente sobre su patrimonio y su entorno familiar.
La oposición y sectores críticos del propio oficialismo observan que el expediente ya no gira sólo alrededor de una declaración jurada o de un viaje puntual, sino de un mapa más amplio de relaciones económicas entre el núcleo familiar de un alto funcionario y empresas con negocios estatales. Ese salto cualitativo puede convertir el caso en un problema institucional si la Justicia encuentra indicios de contraprestaciones cruzadas, favores o retornos.
Para el Gobierno, la defensa política de Adorni se vuelve cada vez más compleja. Milei ya lo respaldó públicamente y evitó desplazarlo, mientras Karina Milei lo mantiene como pieza importante de la estructura oficial. Pero la acumulación de causas obliga a la Casa Rosada a sostener una línea de defensa que combina la presunción de inocencia con la necesidad de evitar que el caso contamine la narrativa anticasta del oficialismo.
Esa contradicción es evidente. La Libertad Avanza llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, transparentar el Estado y cortar los circuitos de negocios entre funcionarios, familiares y contratistas. Una investigación sobre contratos de la esposa del jefe de Gabinete con proveedores del Estado golpea precisamente sobre ese punto sensible, más allá de cuál sea finalmente el resultado judicial.
El expediente recién transita una etapa de recolección de pruebas. La Justicia deberá verificar la documentación entregada por Datco, National Shipping y Foggia, analizar facturas, comprobar prestaciones, cruzar fechas con cargos públicos, revisar licitaciones, identificar beneficiarios finales y determinar si hubo maniobras incompatibles con la función pública.
También será clave establecer si +Be prestó efectivamente los servicios facturados, si los valores fueron razonables para el mercado, si hubo contratos similares con empresas sin vínculos estatales y si los pagos tuvieron o no relación con decisiones públicas. Esa distinción será central para separar una actividad privada lícita de una eventual maniobra de influencia.
Por ahora, el avance judicial ya provocó un daño político. El caso instala preguntas sobre el entorno económico de Adorni, expone la participación de Angeletti en negocios con empresas de alto vínculo estatal y vuelve a tensar la interna oficialista, especialmente en momentos en que Patricia Bullrich y otros dirigentes comenzaron a reclamar mayor prolijidad institucional frente a las causas que afectan a funcionarios de primera línea.
La investigación también incomoda al ala de Karina Milei, porque una de las empresas bajo análisis, Grupo Foggia, aparece vinculada a personas de su círculo político. Aunque esa relación no implica por sí misma irregularidad alguna, aumenta la sensibilidad del caso y obliga al Gobierno a extremar explicaciones.
La causa +Be puede convertirse así en una de las investigaciones más delicadas para el oficialismo. No sólo por los montos involucrados, sino por lo que representa: la posible conexión entre proveedores estatales, una consultora familiar y un funcionario que se transformó en una de las caras más visibles del poder libertario.
En términos judiciales, todavía faltan pericias, cruces contables y eventuales declaraciones. En términos políticos, el costo ya empezó. Adorni enfrenta una ofensiva de expedientes que ponen bajo la lupa su patrimonio, sus viajes, sus vínculos personales y ahora los contratos de su esposa. Para un Gobierno que hizo de la transparencia una bandera contra la vieja política, la explicación deberá ser mucho más sólida que una simple negación.
