Madrid – 2 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El Gobierno de Pedro Sánchez recibió sucesivas advertencias de los servicios de inteligencia militares y civiles sobre la posibilidad de una entrada masiva de migrantes en Ceuta, pero no habría adoptado a tiempo las medidas necesarias para reforzar la frontera, según un informe que agrava la crisis política desatada después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos hacia territorio español.
Las alertas habrían comenzado varios días antes de la avalancha y señalaban que la celebración de la Fiesta del Trono marroquí, vinculada con el aniversario de la coronación del rey Mohamed VI, podía ser utilizada para facilitar el acceso a la frontera.
Fuentes de inteligencia citadas por The Objective aseguraron que el Ejecutivo conocía la posibilidad de una presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y que fue informado sobre movimientos anormales en el norte marroquí. Entre ellos figuraban un fuerte aumento de los cruces a nado desde Castillejos, la concentración de jóvenes cerca del paso del Tarajal y la llegada de autobuses procedentes de distintas ciudades de Marruecos.
Durante los diez días anteriores a la crisis, cerca de un millar de personas habían intentado alcanzar Ceuta por vía marítima. Los analistas interpretaron ese movimiento como un posible tanteo para medir la capacidad de respuesta española, pero el despliegue ordenado desde Madrid se habría limitado inicialmente a unos treinta agentes adicionales y una embarcación de apoyo.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó durante su visita a Ceuta que el Gobierno disponía de información desde el lunes anterior y acusó a La Moncloa de no actuar pese a conocer el riesgo. El dirigente calificó el ingreso como una “ocupación premeditada” y exigió explicaciones sobre las alertas recibidas, la evaluación realizada y las órdenes impartidas a las fuerzas de seguridad.
El dato central todavía no fue confirmado por el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior. Las fuentes citadas por el informe permanecen bajo reserva y no se difundieron documentos completos que permitan conocer el nivel de precisión de las advertencias.
Sin embargo, la secuencia conocida muestra que existieron señales visibles antes del desborde. Los intentos de entrada a nado aumentaron durante semanas y las autoridades ceutíes habían advertido que los recursos disponibles no resultaban suficientes para controlar simultáneamente el espigón, las playas, la valla terrestre y el paso fronterizo.
Cuando comenzó el ingreso masivo, la Guardia Civil y la Policía Nacional quedaron superadas por una multitud que avanzaba desde el lado marroquí. Los agentes se concentraron en rescatar personas del agua, atender heridos y evitar aplastamientos, sin capacidad material para detener a decenas de miles de migrantes.
Las estimaciones sobre el número total de ingresos difieren según las fuentes. El informe sobre los avisos de inteligencia situó la cifra entre 60.000 y 75.000 personas, mientras otros balances oficiales y periodísticos la ubicaron alrededor de 50.000. El Ministerio del Interior informó posteriormente que más de 48.000 habían regresado a Marruecos, aunque otras estimaciones elevaron los retornos a unas 53.000 personas.
La magnitud del episodio superó ampliamente la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas ingresaron en Ceuta después de que Marruecos relajara los controles fronterizos en represalia por la hospitalización en España de Brahim Ghali, jefe del Frente Polisario.
Aquella experiencia había demostrado que Rabat podía utilizar los flujos migratorios como instrumento de presión diplomática. Pese a ese antecedente, el Gobierno español sostuvo inicialmente que la cooperación marroquí durante la nueva crisis había sido “ejemplar, leal y permanente”.
La versión oficial contrasta con los testimonios de agentes desplegados en el terreno, quienes afirmaron que la gendarmería marroquí permaneció inactiva mientras grupos numerosos avanzaban por el espigón, la carretera y los alrededores del paso del Tarajal.
La acusación más grave no es solamente que Marruecos permitiera el movimiento, sino que Madrid hubiera sido advertido y aun así evitara movilizar anticipadamente al Ejército. Fuentes militares señalaron que existían unidades preparadas tanto en Ceuta como en Melilla y que su intervención podía haberse dispuesto mediante una decisión política y una orden del mando de operaciones, sin necesidad de atravesar un procedimiento prolongado.
Los efectivos militares fueron desplegados recién cuando la frontera ya había colapsado y las fuerzas policiales no podían controlar la situación. El Gobierno ordenó entonces el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía, la utilización del Ejército y la instalación de barreras marítimas en el Tarajal.
El retraso alimenta preguntas sobre si La Moncloa subestimó los informes, evitó una respuesta preventiva para no deteriorar la relación con Mohamed VI o confió excesivamente en que Marruecos mantendría el control de su propio lado de la frontera.
Sánchez calificó posteriormente lo ocurrido como una “violación y un ataque a la integridad territorial” de España y afirmó que el Estado emplearía todos los recursos necesarios para proteger Ceuta. Al mismo tiempo, agradeció a Marruecos su voluntad de cooperación para concretar las repatriaciones.
Las dos afirmaciones resultan difíciles de conciliar políticamente. Si existió una violación de la integridad territorial, el Ejecutivo deberá explicar qué actor permitió o promovió la entrada; si Marruecos cooperó desde el comienzo, también deberá aclarar cómo fue posible que decenas de miles de personas se concentraran y cruzaran sin ser contenidas.
El Gobierno atribuyó parte del movimiento a redes de tráfico de personas que difundieron mensajes falsos sobre una supuesta apertura de la frontera. También sostuvo que esas organizaciones aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas.
El fallo estableció que el mecanismo de “rechazo en frontera” previsto en la Ley de Extranjería no puede aplicarse automáticamente a quienes son interceptados en el mar mientras intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla. El tribunal consideró que esa figura está vinculada con el cruce de elementos físicos de contención, como las vallas, y no con personas recogidas en aguas marítimas.
La resolución no ordenaba abrir la frontera ni impedía aplicar los procedimientos ordinarios de extranjería, pero creó una dificultad operativa que era conocida por el Gobierno desde comienzos de julio. La colocación tardía de boyas y barreras flotantes buscó establecer un elemento material de delimitación que facilitara nuevos rechazos.
Feijóo cuestionó por qué esas medidas no fueron adoptadas antes y recordó que España ya había sufrido una crisis fronteriza promovida desde Marruecos cinco años atrás. “Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?”, preguntó.
La responsabilidad política también alcanza al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encargado de coordinar a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Su departamento deberá explicar qué informes recibió, cuándo los recibió, qué valoración hizo y por qué los refuerzos de mayor magnitud fueron ordenados cuando el ingreso ya estaba en marcha.
La crisis dejó además decenas de muertos y desaparecidos. Los balances fueron variando a medida que los servicios de rescate recuperaban cuerpos del mar y revisaban denuncias de familiares. Las cifras difundidas durante el fin de semana oscilaron entre 67 y más de 90 fallecidos, por lo que el número definitivo todavía deberá ser establecido por las autoridades españolas y marroquíes.
El desborde también provocó una reacción internacional. Estados europeos cuestionaron la capacidad española para proteger una frontera exterior de la Unión y reclamaron mayores garantías para impedir que quienes ingresaron irregularmente puedan desplazarse después hacia otros países del espacio Schengen.
La Casa Real intervino públicamente cuando el rey Felipe VI expresó su “indignación” y reclamó medidas para impedir que un episodio semejante vuelva a producirse. El monarca mantuvo conversaciones con Sánchez, Feijóo y las autoridades de Ceuta y Melilla, un gesto que reflejó la gravedad institucional alcanzada por la crisis.
El PP reclamará que el Ejecutivo entregue al Congreso los informes previos, las comunicaciones con Rabat y la cronología de las órdenes dadas a las fuerzas de seguridad. La investigación deberá determinar si las advertencias describían una amenaza concreta e inminente o si fueron valoraciones generales que adquirieron mayor relevancia después del colapso.
Mientras continúa esa disputa, el Gobierno mantiene desplegados en Ceuta miles de policías, guardias civiles y militares, instaló nuevas barreras en el espigón del Tarajal y solicitó una reunión urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea para discutir el control de las fronteras exteriores.
