Lima – 2 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. La presidente de Perú, Keiko Fujimori, solicitó formalmente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que su país sea incorporado al Escudo de las Américas, la alianza regional promovida por Donald Trump para coordinar acciones militares, policiales, judiciales y de inteligencia contra los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Fujimori reveló que planteó el pedido durante una conversación telefónica mantenida dos días antes con Rubio, quien la llamó para felicitarla por su asunción del 28 de julio y transmitirle el respaldo de Washington al comienzo de su gobierno.
“En esa conversación le transmití el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas”, declaró la mandatario durante una visita a instalaciones militares en Mazamari, una de las principales bases de operaciones del Estado peruano en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro —VRAEM—.
La elección del lugar para realizar el anuncio tuvo un fuerte significado político y estratégico. El VRAEM concentra actividades vinculadas con la producción de cocaína, pistas clandestinas, laboratorios ilegales y remanentes armados de Sendero Luminoso, que durante años brindaron protección a redes del narcotráfico y atacaron a las fuerzas de seguridad.
Fujimori sostuvo que la incorporación permitiría ampliar el intercambio de información entre los países miembros y conectar las capacidades peruanas con una red regional destinada a identificar organizaciones criminales, rutas de traslado, flujos financieros, proveedores de armas y estructuras de lavado de activos.
“El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de los países que enfrentan la criminalidad organizada y el narcotráfico, además de compartir información, porque entendemos que estos flagelos no se fijan en las fronteras; por el contrario, invaden los continentes”, expresó.
La presidente agregó que Perú no pretende ingresar solamente como receptor de asistencia estadounidense. “Al Perú le gustaría participar, nos conviene hacerlo y creo que los países que ya forman parte también estarán interesados en que podamos contribuir con información”, señaló.
El Gobierno peruano había adelantado su intención de incorporarse al mecanismo antes de la declaración presidencial. El nuevo canciller, Carlos Espá, confirmó el viernes que Lima avanzaba en las gestiones para ingresar a la alianza y definió a Estados Unidos como un socio estratégico para la política exterior, la seguridad y la economía peruana.
Espá, quien trabajó durante años como director de Comunicaciones de la Embajada estadounidense en Lima, anticipó un acercamiento político con Washington después de un período de inestabilidad interna y relaciones exteriores condicionadas por los cambios permanentes de gobierno.
El Escudo de las Américas fue presentado el 7 de marzo durante una cumbre encabezada por Trump en su complejo de Doral, en Miami. Allí se firmó la denominada Carta de la Libertad de Doral y se constituyó una coalición hemisférica contra los carteles y las redes consideradas narcoterroristas.
La iniciativa estuvo precedida por la Conferencia de las Américas contra los Carteles, en la que responsables de Defensa y Seguridad de 17 países suscribieron una declaración para profundizar la cooperación fronteriza, militar, policial y de inteligencia. El documento establece la necesidad de compartir información, coordinar capacidades y enfrentar de manera conjunta a organizaciones que operan simultáneamente en varios territorios.
Entre los participantes iniciales estuvieron gobiernos políticamente próximos a Washington, incluido el del presidente argentino Javier Milei, quien presentó el bloque como una herramienta para combatir el narcoterrorismo y reforzar la seguridad continental.
La incorporación peruana modificaría el alcance geográfico de la alianza. Perú posee costas sobre el Pacífico, fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, y extensos corredores selváticos utilizados para el traslado de cocaína, insumos químicos, oro ilegal, armas y personas.
Su territorio conecta las zonas productoras de hoja de coca con las rutas aéreas clandestinas hacia Bolivia y Brasil, los puertos del Pacífico y las redes que envían cargamentos hacia América del Norte, Europa y Asia. Esa ubicación convierte al país en un proveedor potencial de inteligencia de alto valor para cualquier sistema regional contra el narcotráfico.
El pedido representa además una de las primeras definiciones internacionales de Fujimori desde su llegada al poder. La presidente asumió en un escenario dominado por la inseguridad, las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal y la pérdida de confianza en las instituciones, después de una década en la que Perú acumuló continuas crisis presidenciales.
Durante la campaña, Fujimori prometió utilizar los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales para librar una “guerra frontal” contra las bandas criminales. También comparó el desafío de las organizaciones actuales con la amenaza terrorista que enfrentó Perú durante las décadas de 1980 y 1990.
Su administración anunció que los militares intervendrán en zonas especialmente afectadas por el narcotráfico, la minería ilegal y las redes de extorsión, aunque todavía debe definirse qué facultades tendrán, cuáles serán los límites de sus operaciones y cómo se coordinarán con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La adhesión al Escudo podría facilitar entrenamiento, tecnología de vigilancia, radares, control aéreo, sistemas de interceptación, seguimiento financiero y coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos. También permitiría acceder con mayor rapidez a datos sobre aeronaves, embarcaciones, comunicaciones, transferencias y empresas utilizadas para ocultar el movimiento de fondos ilícitos.
No obstante, la participación puede abrir un debate sobre la soberanía peruana y el alcance de la asistencia estadounidense. El mecanismo regional contempla una cooperación más intensa que los acuerdos tradicionales y fue presentado por Trump dentro de una estrategia que considera a los grandes carteles como amenazas de seguridad, y no únicamente como estructuras delictivas.
Washington sostiene que las organizaciones narcotraficantes poseen armamento, recursos financieros y dominio territorial suficientes para desestabilizar gobiernos, corromper instituciones y atacar a las fuerzas estatales. Esa definición permite contemplar respuestas militares o acciones conjuntas que podrían generar objeciones en los países donde se realicen.
Perú tendrá que precisar si su incorporación requiere una firma presidencial, un acuerdo ejecutivo, aprobación del Congreso o la modificación de convenios existentes. También deberá establecer qué información podrá compartir y bajo qué controles, especialmente cuando se trate de datos obtenidos por organismos de inteligencia o investigaciones judiciales en curso.
La cooperación también tendrá una dimensión financiera. Las redes criminales peruanas no se limitan al tráfico de cocaína: están conectadas con la minería ilegal de oro, la tala clandestina, la trata de personas, el contrabando y la extorsión. El dinero obtenido en esas actividades circula mediante empresas, casas de cambio, criptomonedas, exportaciones simuladas y transferencias entre distintos países.
La alianza con Trump marca, al mismo tiempo, un giro de política exterior. El nuevo gobierno pretende fortalecer la relación con Estados Unidos en un país donde China se convirtió en un actor económico decisivo, especialmente en minería, infraestructura y comercio. Washington viene desarrollando una estrategia más activa para recuperar influencia en Perú, uno de los principales productores mundiales de cobre y un punto estratégico sobre el Pacífico.
La solicitud de Fujimori deberá ser evaluada ahora por el Departamento de Estado y por los miembros del Escudo. El canciller Espá indicó que las conversaciones ya estaban en marcha, mientras el Gobierno peruano espera que la adhesión pueda formalizarse como parte de los primeros acuerdos bilaterales de la nueva administración.
Desde Mazamari, la presidente ordenó a los mandos militares presentar una evaluación actualizada de las capacidades necesarias para recuperar el control del VRAEM y cortar las rutas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes. La futura integración al Escudo quedará ligada a ese primer desafío operativo de su gobierno.
