Lima, 2 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA–Perú atraviesa una crisis energética silenciosa que el debate político de segunda vuelta todavía no parece dispuesto a mirar de frente. Mientras la discusión pública se concentra en Petroperú, la refinería de Talara, la deuda corporativa y las internas por el manejo de la empresa estatal, el país acumula un dato mucho más grave para su seguridad energética: lleva cuatro años sin perforar un solo pozo exploratorio de petróleo.
El contraste regional es contundente. Mientras Colombia perfora decenas de pozos exploratorios por año, Perú lleva cero en los últimos cuatro años. El país consume alrededor de 265.000 barriles diarios y produce apenas 30.000, lo que obliga a importar cerca del 80% de su demanda interna. En un contexto internacional marcado por tensiones en el Golfo Pérsico, conflictos en rutas marítimas, volatilidad de precios y presión sobre combustibles, esa dependencia deja al país en una posición vulnerable.
El diagnóstico fue planteado por Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, durante el segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético, organizado por el Grupo La República. “En los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú. Colombia tiene en promedio 80 pozos anuales exploratorios. Es un país superexplorado. El caso nuestro es un país superexplorado desde el punto de vista petrolero en el pasado, pero que ya no lo es”, advirtió.
La frase resume una decadencia estructural. Sin exploración no hay descubrimientos. Sin descubrimientos no hay nuevas reservas. Sin reservas, la producción cae. Y cuando la producción cae, el país debe comprar afuera lo que podría buscar y producir dentro de su propio territorio. El problema, por lo tanto, no es sólo petrolero: es macroeconómico, fiscal, geopolítico y social.
Las reservas probadas de crudo de Perú alcanzan para apenas siete u ocho años al ritmo actual, según la estimación expuesta por los especialistas. El dato es especialmente delicado porque, a diferencia del gas natural —donde todavía aparecen áreas como Candamo como posible horizonte exploratorio—, en petróleo no existe hoy un yacimiento conocido capaz de modificar rápidamente la ecuación.
Ochoa fue directo al señalar que el problema no es geológico, sino político y regulatorio. Perú tiene territorio con potencial hidrocarburífero, pero no lo está explorando. La parálisis responde a permisos interminables, superposición de competencias, regulaciones pensadas para explotación aplicadas a etapas de exploración y una relación desordenada entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura.
Ese laberinto administrativo generó un resultado devastador: empresas que podrían invertir no lo hacen, proyectos que podrían avanzar quedan detenidos y el Estado termina resignado a comprar combustibles en el exterior mientras su propio subsuelo queda sin evaluar. La permisología, convertida en una trampa, funciona como una política antiexploratoria aunque nadie la nombre de esa manera.
Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, sumó otra dimensión al problema: la inestabilidad política. Según explicó, los vaivenes sobre si Petroperú debe participar o no en la explotación de lotes petroleros terminaron ahuyentando también a operadores privados. Gobiernos que primero respaldan una decisión y luego retroceden transmiten una señal fatal para inversiones de largo plazo.
El resultado es visible. Petroperú opera apenas el lote Z-69 en el zócalo continental, con una producción cercana a 3.600 barriles diarios, una cifra mínima frente a los 265.000 barriles que el país consume cada día. La brecha no se cierra con discursos ni con subsidios: se cierra con inversión, exploración, reglas claras y continuidad política.
La situación de Petroperú agrava el cuadro. La empresa estatal viene golpeada por problemas financieros, endeudamiento, pérdidas, interferencia política y cuestionamientos a su gobierno corporativo. Pero el error sería reducir toda la discusión energética a la compañía. La crisis de exploración excede a Petroperú y compromete al conjunto del sistema energético peruano.
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la inacción es que el mundo avanza hacia energías renovables y que el petróleo dejará pronto de tener relevancia. Los especialistas reunidos en el foro coincidieron en que esa postura es cómoda desde el punto de vista político, pero débil frente a los datos. La transición energética existe, pero no elimina de un día para otro la necesidad de hidrocarburos.
Narváez citó proyecciones internacionales para sostener que los combustibles fósiles seguirán presentes por décadas. Incluso en escenarios de expansión renovable, el consumo de petróleo continuará creciendo o manteniéndose en niveles relevantes. Para Perú, que hoy depende en un 86% de energía de origen fósil y donde las renovables representan apenas alrededor del 4%, actuar como si el petróleo ya fuera prescindible es una irresponsabilidad estratégica.
Humberto Campodónico, economista y también expresidente de Petroperú, reforzó esa idea con una comparación internacional. Países como Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia y Chile no cuentan con petróleo propio en volúmenes relevantes, pero sostienen capacidad de refinación por razones de seguridad energética y por el margen económico que genera esa actividad. Perú, en cambio, tiene recursos en el subsuelo, pero lleva años sin buscarlos.
El punto es clave. Refinar, explorar y producir no son discusiones separadas. Un país que importa la mayor parte de su crudo queda expuesto a los shocks externos, al precio internacional, a la disponibilidad logística, al costo del transporte y a eventuales crisis geopolíticas. En cambio, un país que produce una parte relevante de lo que consume conserva mayor autonomía, reduce salida de divisas y fortalece su balanza energética.
La comparación con Colombia es útil, aunque también tiene matices. Ese país mantiene una producción muy superior a la peruana, pero también enfrenta advertencias por la caída de inversión exploratoria y por decisiones políticas que limitaron nuevas rondas de contratos. Aun así, la diferencia de escala sigue siendo enorme: Colombia produce cientos de miles de barriles por día, mientras Perú apenas sostiene una producción residual frente a su propio consumo.
El caso colombiano demuestra, además, que la seguridad energética no se improvisa. Cuando se dejan de perforar pozos exploratorios, el impacto no aparece inmediatamente, sino años después, cuando los campos maduros declinan y las reservas no se reponen. Perú ya está en esa etapa. No está discutiendo el futuro lejano, sino una urgencia que golpea el presente.
La falta de exploración también genera costos fiscales. Cada barril importado implica dólares que salen del país. Si el precio internacional sube por una crisis en Medio Oriente o por restricciones de oferta global, el impacto se traslada a combustibles, transporte, alimentos, logística, inflación y presupuesto público. La dependencia energética termina filtrándose por toda la economía.
El próximo gobierno deberá tomar decisiones desde el primer día. No bastará con ordenar Petroperú ni con revisar la situación de Talara. Será necesario reconstruir una política hidrocarburífera integral, con promoción de exploración, estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, reducción de plazos burocráticos, consulta social seria, protección ambiental razonable y una estrategia clara para atraer inversión privada.
Ochoa lo resumió con crudeza: si Perú no encuentra hidrocarburos, no produce; si no produce, sigue dependiendo de la importación; y cada barril importado es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en la economía nacional. La frase debería estar en el centro del debate presidencial, pero hasta ahora ninguno de los candidatos presentó un plan consistente para cerrar esa brecha.
El silencio de la campaña es llamativo. Se discute la corrupción, la seguridad, el Congreso, el gasto público, la minería y la estabilidad política, pero casi no se habla de cómo garantizar energía suficiente, competitiva y segura para los próximos veinte años. Un país puede tener litio, cobre, gas o potencial renovable, pero si no cuenta con una matriz energética ordenada, toda su competitividad queda comprometida.
Campodónico planteó la necesidad de un consenso de Estado. Citó el ejemplo de Chile, que elaboró un Plan Energía 2050 con participación de sociedad civil, partidos políticos y empresariado. Perú, en cambio, sigue atrapado en resultados operativos de corto plazo, sin una hoja de ruta energética capaz de trascender gobiernos, ideologías y ciclos electorales.
La urgencia es mayor porque los proyectos hidrocarburíferos requieren tiempo. Entre una decisión exploratoria, la obtención de permisos, la perforación, un eventual descubrimiento, el desarrollo del campo y la entrada en producción pueden pasar varios años. Cada año sin explorar no sólo es un año perdido: es una década futura comprometida.
El debate ambiental tampoco puede usarse como excusa para la parálisis. La exploración moderna exige controles, consulta, estándares ambientales y responsabilidad social, especialmente en zonas sensibles de la Amazonía y áreas cercanas a comunidades indígenas. Pero una cosa es regular con seriedad y otra muy distinta es bloquear de hecho toda posibilidad de exploración. La seguridad energética y la protección ambiental no deben ser enemigas; deben integrarse en una política moderna.
El problema de Perú es que, mientras otros países discuten cómo equilibrar transición energética, hidrocarburos y seguridad de abastecimiento, el país parece haber abandonado la búsqueda de petróleo sin haber construido todavía una alternativa real. Con una matriz donde los fósiles siguen dominando ampliamente, esa decisión no es transición: es dependencia.
La crisis energética peruana no explotará en un solo día. No tendrá la espectacularidad de una corrida financiera ni el ruido político de una vacancia presidencial. Avanzará de manera más silenciosa: menos producción, menos reservas, más importaciones, más exposición al dólar, más presión sobre combustibles y menos margen para sostener crecimiento.
El próximo presidente asumirá el 28 de julio con un reloj energético en marcha. Cuatro años sin perforar un solo pozo exploratorio deberían ser una alarma nacional. Si el nuevo gobierno no corrige el rumbo, Perú puede pasar de ser un país con potencial petrolero desaprovechado a un importador estructural cada vez más vulnerable.
La pregunta ya no es si el petróleo seguirá siendo necesario. Lo será. La pregunta es si Perú quiere producir parte de lo que consume o resignarse a comprarlo afuera. Hasta ahora, la respuesta de la política ha sido el silencio. Y en energía, el silencio también se paga en dólares.
