Buenos Aires-23 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La causa por el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos, quedó cerca de cerrarse después de que la fiscal federal Alejandra Mangano solicitara al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia al considerar que no se configuró delito alguno. El dictamen representa un alivio puntual para el funcionario en uno de los frentes abiertos que lo rodean, aunque no despeja el resto de las investigaciones y cuestionamientos patrimoniales que siguen acumulándose sobre su figura.
Según la presentación fiscal, los informes remitidos por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave, la comitiva y los gastos del viaje no permitieron verificar los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal, referido a la malversación de caudales públicos, ni otras figuras del capítulo vinculado a delitos contra la administración pública. En términos simples, para Mangano no hubo desvío penalmente relevante de recursos estatales.
El punto central del dictamen fue el uso del avión oficial. La fiscalía analizó la capacidad del Boeing 757-200, que cuenta con 39 plazas, y la cantidad de integrantes de la comitiva que viajó entre el 6 y el 11 de marzo. A partir de esa evaluación, concluyó que la invitación a Angeletti se encuadró dentro de un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia, especialmente porque existían más de diez asientos disponibles en cada tramo y no se habría generado una erogación presupuestaria particular o extraordinaria.
La denuncia había sido impulsada luego de que trascendiera que la esposa de Adorni, quien no ocupa un cargo público, viajó en la aeronave presidencial durante la gira a Nueva York por la Argentina Week. El caso generó ruido político porque el propio Gobierno había defendido una línea de austeridad estricta y porque el uso de aviones oficiales para fines no directamente funcionales había sido objeto de fuertes restricciones discursivas y administrativas por parte de la administración de Javier Milei.
El pedido de archivo no significa una reivindicación política completa, sino una conclusión penal acotada. La fiscal sostuvo que, aun cuando la decisión pudiera ser discutible en términos de oportunidad o conveniencia, no alcanzaba entidad suficiente para sostener una acusación penal. Esa diferencia es clave: la Justicia puede entender que no hubo delito, aunque el episodio siga siendo utilizado por la oposición para marcar contradicciones entre el discurso oficial contra los privilegios y determinadas prácticas dentro del poder.
Para Adorni, el dictamen llega en un momento especialmente sensible. El jefe de Gabinete continúa bajo observación judicial por otros capítulos mucho más complejos, entre ellos la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la compra del departamento de Caballito, las deudas hipotecarias, los gastos en efectivo en viajes al exterior y la declaración de Pablo Martín Feijoo sobre una deuda adicional de US$65.000 que no habría quedado documentada en la escritura. En ese contexto, el archivo pedido por Mangano le da aire en un expediente puntual, pero no desactiva la presión general.
La decisión final quedará ahora en manos del juez Rafecas, quien deberá resolver si acepta el criterio fiscal y archiva la denuncia. Si lo hace, el Gobierno podrá presentar el caso como una denuncia caída por falta de delito. Pero el costo político ya quedó instalado: el viaje de Angeletti en el avión oficial mostró una zona incómoda para una administración que hizo de la austeridad una bandera y que ahora debe explicar, caso por caso, dónde termina la razonabilidad institucional y dónde empieza el privilegio.
