Buenos Aires-27 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA- El despido del secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, por la omisión de propiedades en el exterior abrió una grieta incómoda dentro del propio Gobierno de Javier Milei: mientras un funcionario fue removido por irregularidades patrimoniales comprobadas, otros casos bajo investigación —como los de Manuel Adorni y Andrés Vázquez— continúan sin consecuencias políticas inmediatas.
La salida de Frugoni, confirmada tras revelarse que poseía al menos siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos no declaradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue interpretada por el oficialismo como un gesto de “tolerancia cero”. Sin embargo, la reacción dispar dentro del mismo esquema de poder dejó expuesta una evidente diferencia de criterios.
El funcionario, que respondía al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, debió abandonar su cargo luego de admitir que no había informado correctamente sus activos en el exterior. La Casa Rosada sostuvo que se trató de un despido, mientras que en el Palacio de Hacienda hablaron de una renuncia para “ordenar su situación”. Más allá de la narrativa, el dato es concreto: Frugoni dejó el cargo.
El caso, sin embargo, contrasta con otras situaciones abiertas dentro del propio Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta cuestionamientos por la evolución de su patrimonio, la compra de inmuebles y la falta de claridad en sus declaraciones juradas, sin que hasta el momento haya sido apartado de su función. Por el contrario, el presidente Javier Milei decidió respaldarlo públicamente y acompañarlo incluso en su exposición ante el Congreso.
A su vez, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, ya fue citado a indagatoria por la Justicia Federal en una causa que investiga la presunta ocultación de bienes en el exterior por más de US$ 2,1 millones, a través de estructuras offshore y propiedades en Miami. A pesar de la gravedad del expediente judicial, el funcionario continúa en su cargo, lo que alimenta las críticas sobre la consistencia del discurso oficial en materia de transparencia.
La diferencia entre los casos fue explicitada desde el propio Gobierno: mientras que en Balcarce 50 sostienen que lo de Frugoni estaba “comprobado”, aseguran que en el caso de Adorni se trataría de “especulaciones”. Sin embargo, la existencia de una citación judicial en el caso de Vázquez y la acumulación de denuncias sobre el jefe de Gabinete complejizan esa línea argumental.
El episodio también derivó en una reconfiguración interna. Fernando Herrmann fue designado como reemplazante de Frugoni, mientras que el área de Transporte quedó en manos de Mariano Plencovich, en un movimiento que refleja la necesidad del Gobierno de reordenar piezas clave en medio de la crisis.
El trasfondo es más profundo que un simple cambio de nombres. La administración libertaria llegó al poder con un discurso centrado en la transparencia y el fin de los privilegios de la política. En ese marco, cada caso de irregularidad patrimonial adquiere una dimensión mayor y obliga a definir criterios claros de acción.
La caída de Frugoni podría haber funcionado como un mensaje contundente hacia adentro del Gobierno. Sin embargo, la permanencia de otros funcionarios bajo sospecha o investigación judicial introduce una pregunta inevitable: si la vara no es la misma para todos, el mensaje pierde fuerza.
En el plano institucional, el caso vuelve a poner el foco sobre el rol de los organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la propia ARCA, hoy dirigida por un funcionario que debe responder ante la Justicia por su propio patrimonio. La contradicción no pasa inadvertida en tribunales ni en el ámbito político.
El Gobierno enfrenta así un desafío doble: sostener su discurso de transparencia y, al mismo tiempo, administrar el costo político de sus propias decisiones internas. La salida de Frugoni fue rápida y contundente. Los casos de Adorni y Vázquez, en cambio, siguen abiertos y sin resolución política.
En ese contraste se juega algo más que un escándalo puntual. Se define la credibilidad de una administración que prometió cambiar las reglas, pero que ahora debe demostrar si ese cambio es real o selectivo.
