Buenos Aires, 6 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles una nueva declaración clave en los tribunales de Comodoro Py: Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas acreedoras del funcionario, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita por la operación del departamento de Caballito.
Miano fue citado como testigo por su rol en la compraventa del semipiso ubicado en la calle Miró al 500, donde actualmente vive Adorni junto a su familia. Según la investigación, el inmueble fue adquirido por las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas al ex futbolista Hugo Morales por US$ 200.000 y luego vendido al jefe de Gabinete por US$ 230.000, con un adelanto de apenas US$ 30.000 y el resto financiado a un año, sin intereses.
La operación llamó la atención de los investigadores por varios motivos: el bajo anticipo, la financiación sin intereses y la participación de familiares de las vendedoras en el armado del negocio. Miano es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group. Ambos aparecen mencionados como piezas centrales en la operación inmobiliaria.
El fiscal Pollicita le ordenó a Miano presentarse con su teléfono celular, facturas, comprobantes, tickets y toda documentación vinculada al pago de expensas y a las refacciones realizadas en el departamento. La Justicia busca reconstruir quién pagó cada gasto, de dónde salieron los fondos y si hubo montos no documentados.
La declaración de Miano se produce después del testimonio de Pablo Martín Feijoo, quien ya había declarado que Adorni le debía otros US$ 65.000 por fuera de la escritura. Según esa versión, ese monto correspondería a refacciones del inmueble y habría sido acordado para ser recuperado cuando el funcionario vendiera su departamento de la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco.
Ese dato abrió una nueva línea de sospecha: además de la deuda formal de US$ 200.000 con las jubiladas, existiría una obligación adicional no documentada por US$ 65.000, lo que vuelve a poner bajo análisis el esquema de financiamiento del patrimonio del jefe de Gabinete.
La causa también conectó la operación de Caballito con el contratista Matías Tabar, quien declaró por las refacciones de la casa de Indio Cuá y aseguró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo y sin facturación. Según su testimonio, también fue contactado para coordinar trabajos de carpintería en el departamento de la calle Miró, aunque no habría intervenido en una obra general.
La Justicia intenta ahora establecer si las operaciones inmobiliarias, refacciones, pagos en efectivo, préstamos sin intereses y deudas paralelas pueden ser justificadas con los ingresos declarados de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
En paralelo, el caso mantiene en tensión al Gobierno de Javier Milei, que sostiene políticamente al jefe de Gabinete pese al avance de la causa. Dentro del oficialismo, el expediente genera preocupación por el daño que provoca sobre la confianza pública y sobre la narrativa oficial de austeridad y transparencia.
El testimonio de Miano aparece, así, como una pieza más dentro de un rompecabezas patrimonial cada vez más complejo: la casa de Indio Cuá, las refacciones pagadas en dólares, el departamento de Caballito, las jubiladas acreedoras, los familiares que intervinieron en la operación y los montos que no figurarían con claridad en la documentación formal.
La investigación continuará con el análisis de celulares, comprobantes, documentación bancaria, declaraciones juradas y eventuales cruces con organismos fiscales. El objetivo de la Fiscalía es determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni tiene respaldo lícito o si detrás de las operaciones aparece una estructura de fondos no declarados, pagos en negro y posible lavado de dinero.
