Por Redacción TNA
Buenos Aires, 6 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, volvió a sacudir el escenario político y judicial al trazar una hipótesis explosiva sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman, al vincular el hecho con sectores de inteligencia, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y presuntos lazos con funcionarios del actual Gobierno nacional.
La magistrada, ex esposa de Nisman y madre de sus hijas, realizó estas afirmaciones durante una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, en el Hotel Libertador, donde sostuvo que la corrupción en la Argentina es “estructural” y atraviesa a los tres poderes del Estado.
En ese contexto, aseguró que existen “trascendidos” sobre la participación de actores vinculados a servicios de inteligencia que actualmente operan en estructuras ligadas a Río Turbio, con conexiones con funcionarios en funciones, aunque evitó brindar detalles concretos sobre identidades o roles específicos.
El eje Río Turbio y los nombres en la mira
Las declaraciones de Arroyo Salgado parecen remitir a versiones que circulan en ámbitos judiciales y periodísticos sobre movimientos dentro de YCRT, donde se habría producido una reunión clave entre el gerente Maximiliano Cáceres y el interventor Pablo Gordillo.
Cáceres, con perfil técnico dentro de la empresa, y Gordillo, identificado como un histórico dirigente vinculado al kirchnerismo, forman parte de una estructura que, según distintas lecturas políticas, mantiene nexos con sectores de poder que atravesaron distintos gobiernos.
La presencia de Gordillo en la intervención de YCRT, incluso bajo la actual administración, es interpretada por algunos sectores como un ejemplo de continuidad de cuadros vinculados al esquema anterior, en una empresa históricamente señalada por irregularidades, corrupción y manejo político oscuro.
Inteligencia, internas y el fantasma del encubrimiento
La hipótesis de la jueza se inscribe en una línea de investigación que sostiene que la muerte de Nisman no fue un hecho aislado, sino el resultado de una disputa entre facciones de inteligencia.
En esa trama, aparece nuevamente la figura del cuestionado exespía Horacio Stiuso, quien mantuvo una relación directa con el fiscal. Un dato que siempre generó sospechas es que Stiuso no atendió los llamados de Nisman durante todo el fin de semana previo a su muerte, argumentando posteriormente que tenía el volumen del teléfono bajo, una explicación que nunca terminó de convencer. Stiuso, antes del atentando a la AMIA, fue el responsable de monitorear a uno de los principales responsables del atentado, hoy con pedido de captura, Mossen Rabani, quien fue fotografiado por el grup de contrainteligencia que respondía a Stiuso. Nunca explicó como fue que pudo burlar los seguimientos e intervenciones telefónicas y lograr volar el edificio de la AMIA.
Para la investigación judicial, el caso sigue siendo un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le entregó el arma al fiscal, además de los custodios que debían garantizar su seguridad.
Un crimen que marcó a la Argentina
Alberto Nisman fue hallado muerto en enero de 2015, con un disparo en la cabeza, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA, a raíz del memorándum firmado con Irán.
Para Arroyo Salgado, se trató de un “magnicidio” y de “el acontecimiento de mayor impacto institucional desde el retorno de la democracia”, al tratarse de un fiscal en funciones que investigaba uno de los atentados más graves de la historia argentina.
Críticas al sistema judicial y a la corrupción estructural
Durante su exposición, la jueza fue más allá del caso puntual y cuestionó duramente al sistema judicial. Definió al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” incapaz de remover a jueces y fiscales que no cumplen su función, y sostuvo que deberían existir muchos más procesos de juicio político contra magistrados.
También advirtió sobre la expansión del crimen organizado, el narcotráfico en zonas de frontera y la debilidad del Estado para enfrentar estos fenómenos.
“Detrás de un funcionario corrupto hay un civil que lo corrompe”, afirmó, al señalar que la corrupción no responde a un signo político determinado, sino que atraviesa toda la estructura institucional.
Un caso que sigue abierto
A más de una década de la muerte de Nisman, la causa continúa sin identificar a los autores intelectuales, en un expediente que se transformó en símbolo de impunidad, disputas de poder y crisis institucional.
Las nuevas declaraciones de Arroyo Salgado vuelven a colocar el caso en el centro de la escena y reactivan interrogantes sobre el rol de los servicios de inteligencia, la política y las estructuras paralelas de poder en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente.
