Ciudad de México, 8 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La caída judicial de Ismael “El Mayo” Zambada García dejó de ser un capítulo más del narcotráfico mexicano para transformarse en una bomba política que golpea de lleno al poder en México, especialmente a Morena y al gobierno que durante años prometió combatir la corrupción mientras el Cártel de Sinaloa seguía operando como un Estado paralelo.
El histórico capo del Cártel de Sinaloa ya se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, por liderar una empresa criminal continua y por cargos vinculados a la ley RICO. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zambada García admitió su rol como uno de los jefes principales de una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del mundo. Además, aceptó una orden de decomiso por 15.000 millones de dólares.
Departamento de Justicia
La sentencia, que fue postergada en más de una ocasión, quedó fijada para el 18 de mayo de 2026, en un expediente que mantiene en vilo tanto al mundo criminal como a la política mexicana. La razón es simple: El Mayo no fue un capo común. Durante décadas sobrevivió sin los despliegues mediáticos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero con una red de protección, silencios y complicidades que difícilmente pudo sostenerse sin brazos dentro del poder.
La justicia estadounidense ya había decidido no pedir la pena de muerte contra Zambada, lo que abrió el camino para su declaración de culpabilidad. Sin embargo, su defensa aseguró que no estaba cooperando con las autoridades norteamericanas, un dato que no elimina la pregunta central: qué información puede quedar sobre la mesa en un proceso de sentencia de semejante calibre.
El golpe político más fuerte se produjo cuando Estados Unidos señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, y a otros funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya pidió licencia temporal, negó las acusaciones y sostuvo que no permitiría que lo utilizaran para dañar a su movimiento político. Pero el solo hecho de que un gobernador morenista aparezca mencionado en una investigación de esa magnitud deja una marca difícil de borrar.
La acusación norteamericana apunta a una trama más grave que una simple omisión estatal. Según los señalamientos conocidos, funcionarios actuales y antiguos de Sinaloa habrían protegido a líderes criminales, facilitado información sobre operativos y colaborado con facciones del cartel dedicadas al tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Para Morena, el caso es especialmente incómodo. El partido construyó buena parte de su discurso sobre la superioridad moral, la lucha contra la corrupción y el supuesto fin de los viejos pactos oscuros. Pero el expediente sinaloense expone otra postal: gobernadores bajo sospecha, alcaldes pidiendo licencia, funcionarios mencionados por fiscales extranjeros y una violencia narco que no cedió pese al relato oficial.
La crisis también deja en evidencia la debilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. En Culiacán, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos dejó una estela de asesinatos, desapariciones, miedo y militarización. Mientras tanto, el gobierno federal intenta administrar el escándalo con cautela diplomática, pidiendo pruebas y denunciando eventuales motivaciones políticas, pero sin poder tapar el dato central: una parte del poder mexicano vuelve a quedar bajo sospecha ante tribunales de Estados Unidos.
El caso Zambada puede convertirse en una llave maestra para revisar años de convivencia entre narcotráfico y política. Si El Mayo habla, o si los documentos judiciales avanzan, el problema ya no será solamente penal. Será institucional. Y ahí la pregunta que incomoda al oficialismo mexicano es brutal: ¿cuánto de la expansión del narco ocurrió por incapacidad del Estado y cuánto por protección política?
Por ahora, Morena intenta despegarse del escándalo. Pero la sombra de Sinaloa pesa demasiado. La caída de El Mayo no solo exhibe el poder de la justicia estadounidense. También desnuda el fracaso de un sistema mexicano que prometió transformar la seguridad y terminó enfrentando una sospecha devastadora: que el narco no solo infiltró territorios, sino también estructuras de gobierno.
