Buenos Aires, 18 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La política argentina volvió a mostrar que las sonrisas públicas suelen esconder mensajes mucho más duros en privado. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los aliados radicales más sólidos del Gobierno de Javier Milei, recibió días atrás al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la inauguración del parque solar El Quemado, pero al mismo tiempo dejó señales claras de que la relación con la Casa Rosada no está exenta de límites, condiciones y facturas pendientes.
El dato político central no estuvo sólo en la foto institucional, sino en el clima que rodeó la visita. Antes de la llegada de Adorni, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, lanzó una definición de alto impacto: sostuvo que el funcionario nacional debería evitar actos públicos y hasta presentar una “renuncia indeclinable” antes de esperar que el Presidente se la pida. La frase no pasó inadvertida, porque Lo Presti pertenece al espacio político de Cornejo, aunque desde el entorno del gobernador evitaron avalar públicamente semejante pedido.
La escena fue especialmente incómoda para Adorni, que intenta concentrarse en la gestión mientras crecen los cuestionamientos por su evolución patrimonial y por las explicaciones pendientes ante la política y la Justicia. En la superficie, la inauguración de El Quemado fue presentada como un hito energético: un parque solar de magnitud nacional y uno de los proyectos incluidos dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Pero en la trastienda, la presencia del jefe de Gabinete volvió a activar preguntas sobre la conveniencia política de exponerlo en actos de alto perfil.
El mismo día, Cornejo recibió otra señal favorable del Gobierno nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación del ingreso del proyecto minero San Jorge al RIGI, una noticia de fuerte peso económico para Mendoza. Sin embargo, esa sintonía con la Casa Rosada no implica subordinación automática. En la provincia aseguran que el gobernador le transmitió a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política del oficialismo, que el ex ministro de Defensa Luis Petri no es de su agrado como eventual candidato a gobernador de consenso para el año próximo.
El mensaje es claro: Cornejo acompaña, negocia y sostiene puentes con La Libertad Avanza, pero no está dispuesto a entregar sin condiciones el control político de Mendoza. En otras palabras, el radical mendocino puede ser aliado, pero no empleado político de la ola violeta. Ese matiz resulta clave en un escenario donde el oficialismo nacional busca ordenar candidaturas, ampliar su base territorial y evitar que los socios provinciales comiencen a marcar distancia antes de la pelea de 2027.
La presión sobre Adorni también se trasladó al Senado. En la reunión de Labor Parlamentaria, el senador peronista José Mayans intimó a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que cite al jefe de Gabinete y fije día y hora para su informe ante la Cámara alta, que corresponde durante este mes. Allí apareció otro dato político: Patricia Bullrich se mostró diligente y aseguró que se ocuparía de pedirle a Adorni que pusiera fecha.
La jugada de Bullrich no es menor. La senadora y ex ministra viene ocupando un rol cada vez más activo en el armado legislativo y en la administración de acuerdos. Su intervención en el caso Adorni dejó expuesto que incluso dentro del oficialismo o de sus aliados más cercanos existe incomodidad por el costo político de sostener indefinidamente al jefe de Gabinete sin explicaciones públicas más contundentes.
En paralelo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, intentó bajarle el tono al asunto y sostuvo que prefiere que determinadas manifestaciones vinculadas con Adorni se hablen “puertas adentro”. La frase refleja la estrategia de resistencia del oficialismo: evitar que el caso se transforme en un debate público permanente y administrar el desgaste dentro de la propia coalición gobernante.
Pero la política no se detuvo ahí. Menem también quedó en el centro de la escena por sus declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri, al admitir que una postulación del ex presidente podría beneficiar al peronismo. La afirmación puso sobre la mesa un temor real del oficialismo: que el electorado de centro derecha que permitió el triunfo y la gobernabilidad inicial de Milei termine fragmentándose entre La Libertad Avanza, el PRO y otros sellos aliados o competidores.
Ese es el dilema que empieza a ordenar la discusión de fondo. Macri busca recomponer el músculo territorial del PRO, negociar desde una posición menos subordinada que en 2025 y preservar distritos clave, especialmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, histórico bastión amarillo. Si el ex presidente o un candidato propio del PRO decidiera competir por fuera, podría restarle votos decisivos a Milei y abrir una ventana para el regreso del peronismo.
En ese contexto, la visita prevista de Macri a Mendoza adquiere otro volumen. El ex mandatario tiene previsto reunirse con dirigentes del Gran Cuyo, con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, como anfitrión. Cornejo, atento al movimiento, buscó cenar a solas con Macri, en una señal de autonomía frente a la Casa Rosada y también de lectura estratégica: el radicalismo mendocino no quiere quedar atrapado en una única foto con el mileísmo si el tablero nacional empieza a moverse.
El Senado, además, mostró otra postal de la fragilidad política actual. En una votación, el recinto aprobó por 35 a 33 una moción de preferencia impulsada por el cristinista Eduardo “Wado” de Pedro para tratar el rechazo a la privatización de AySA. En otra, con una mayoría mucho más amplia, aprobó por 58 votos contra 11 el pliego de Carlos Mahiques para continuar cinco años más como camarista de Casación.
La conclusión es evidente: la disciplina partidaria se encuentra en crisis. Los bloques están fragmentados, los liderazgos son más débiles y cada votación exige negociaciones quirúrgicas. En ese terreno, Patricia Bullrich aparece como una operadora frecuente en conversaciones con sectores de la UCR, mientras el oficialismo intenta sostener una arquitectura parlamentaria que depende menos de mayorías propias que de acuerdos puntuales, variables y muchas veces incómodos.
También circulan conversaciones sobre una eventual reforma de la Corte Suprema de Justicia, con proyectos que van desde completar vacantes hasta ampliar el número de miembros. El gobernador chaqueño Jorge Capitanich habló en el recinto de una Corte de al menos cinco integrantes e incluso mencionó la posibilidad de una ampliación a nueve. En paralelo, también se discuten cambios sobre el mandato del Procurador General, cargo que podría adquirir un peso enorme si se consolida el sistema acusatorio y los fiscales pasan a tener mayor control de las investigaciones.
En ese escenario de rosca institucional, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a moverse con sutileza. Tras festejar sus 76 años en una reunión donde pidió hablar lo menos posible de coyuntura nacional, dejó trascender su interés por regresar a los primeros planos políticos y hasta propuso públicamente a Federico Pinedo como posible candidato para la Corte Suprema. El nombre no es casual: Pinedo tiene prestigio jurídico, experiencia parlamentaria, vínculos multipartidarios y una trayectoria que podría cosechar apoyos más allá del PRO.
Mientras tanto, en el peronismo también se mueven piezas. En San Luis, los hermanos Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Rodríguez Saá siguen sin recomponer su relación política y personal. El llamado “locro de la unidad peronista”, impulsado por el dirigente Amado Neme, terminó naufragando antes de empezar. Adolfo propuso un diálogo, pero Alberto respondió con una frase seca: “No hay locro ni unidad”.
En la provincia de Buenos Aires, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, estrenó una vidriera política frente al Congreso Nacional, con un local que combina imágenes de Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Diego Maradona. La ausencia visible de Cristina Kirchner no pasó desapercibida, en momentos en que la dirigente del Movimiento Evita busca proyectarse como posible candidata a gobernadora bonaerense, equilibrando vínculos con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y el cristinismo.
Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aliado del Gobierno nacional, marcó una diferencia sutil pero significativa en materia de convivencia religiosa. Recibió a representantes cristianos, judíos y musulmanes en una conferencia interreligiosa destinada a fortalecer valores comunes. Entre los participantes estuvo el Imán Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, crítico del extremismo de Hamas y Hezbollah, pero cuestionado recientemente por sectores de las Fuerzas del Cielo por una charla titulada “Islam, religión de paz”.
El cuadro general es el de un Gobierno que conserva poder, pero ya no ordena automáticamente a todos sus aliados. Milei sigue siendo el centro de gravedad, aunque gobernadores, legisladores, ex socios y referentes territoriales empiezan a calcular costos, medir encuestas y diseñar salidas posibles. Cornejo lo entendió antes que muchos: acompañar al oficialismo puede ser rentable, pero hacerlo sin condiciones puede salir caro.
La política argentina entró en una etapa donde cada gesto vale doble. Una foto con Adorni, una cena con Macri, un pedido de fecha en el Senado, una candidatura sugerida para la Corte o un local partidario frente al Congreso ya no son hechos aislados. Son señales de un sistema que comienza a prepararse para 2027, con un oficialismo obligado a mostrar fortaleza mientras sus socios, sus rivales y hasta sus propios aliados empiezan a preguntar cuánto poder real le queda para ordenar la cancha.
