Buenos Aires, 20 de mayo de 2026–Total News Agency–TNA- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el gobierno de Javier Milei y diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de eliminar decenas de normas que el oficialismo considera “obsoletas”, “inútiles” o directamente incompatibles con el actual funcionamiento institucional y económico del país.
La iniciativa obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, logrando así la media sanción necesaria para pasar al Senado, donde el Gobierno buscará convertirla en ley en las próximas semanas.
El proyecto forma parte del plan de desregulación masiva promovido por la administración libertaria y apunta a derogar alrededor de 70 leyes, algunas vigentes desde fines del siglo XIX, que según el oficialismo representan un símbolo de la hipertrofia burocrática y del exceso regulatorio acumulado durante décadas.
Desde el entorno de Sturzenegger sostienen que la Argentina arrastra una “inflación legislativa” que asfixia al ciudadano y a las empresas, al tiempo que habilita discrecionalidades políticas y burocráticas. Durante el debate parlamentario, funcionarios del área de Desregulación defendieron el proyecto afirmando que el país acumuló cerca de un millón de normas entre leyes, decretos y resoluciones, muchas de ellas sin aplicación práctica o directamente contradictorias con legislaciones posteriores.
Entre las normas que el Gobierno pretende eliminar aparecen leyes vinculadas a regulaciones consideradas anacrónicas, como disposiciones sobre microfilmación estatal, autorizaciones para televisión color, controles sobre reuniones privadas, antiguas regulaciones agrícolas e incluso normas heredadas de gobiernos militares o de épocas donde el Estado intervenía en prácticamente todos los aspectos de la vida económica y social.
El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para “modernizar” el sistema legal argentino y reducir costos administrativos, mientras que sectores opositores denunciaron que detrás del discurso desregulador se esconde un avance sobre herramientas estatales y mecanismos de protección histórica.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la decisión de mantener algunos beneficios para legisladores y determinados esquemas especiales, cuestión que provocó críticas incluso dentro de sectores dialoguistas que acompañaron la votación general.
La sesión también estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas. Bloques opositores intentaron impulsar un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, en medio de cuestionamientos judiciales y denuncias que afectan al oficialismo, aunque la iniciativa finalmente no prosperó debido a la falta de apoyo suficiente.
En paralelo, la Cámara continuaba debatiendo modificaciones al régimen de subsidios al gas para las denominadas “zonas frías”, otro de los temas sensibles impulsados por el Gobierno nacional. El proyecto oficial busca redefinir el alcance geográfico del beneficio y reducir el costo fiscal del esquema actual, en medio de negociaciones con gobernadores y legisladores de provincias afectadas.
Dentro del oficialismo consideran que la aprobación de la “Ley Hojarasca” representa una victoria política importante para Milei, especialmente luego de varias semanas de tensión parlamentaria y disputas internas. La Casa Rosada apuesta a instalar la idea de que el Gobierno continúa avanzando en su programa de reforma estructural pese a la resistencia de sectores políticos, sindicales y corporativos.
Para los libertarios, la depuración normativa constituye además un gesto ideológico central: reducir el peso del Estado y eliminar regulaciones que, según argumentan, obstaculizan la actividad privada y la libertad individual. Desde la oposición, en cambio, advierten que muchas de las derogaciones podrían generar vacíos legales o favorecer una concentración aún mayor del poder económico.
La discusión ahora se trasladará al Senado, donde el oficialismo deberá volver a negociar voto por voto para intentar convertir en ley uno de los proyectos emblemáticos de la agenda desreguladora diseñada por Sturzenegger.
