Madrid, 20 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cerrar filas con José Luis Rodríguez Zapatero en plena tormenta política por la imputación del ex mandatario socialista en el caso Plus Ultra, una causa que vuelve a poner bajo presión al PSOE y que la oposición ya presenta como otra pieza del deterioro ético del sanchismo.
La sesión de control en el Congreso de los Diputados estuvo monopolizada por la situación judicial de Zapatero, señalado en un auto del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por su presunto papel en una trama vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado durante la pandemia por un monto de 53 millones de euros. La investigación apunta a presuntas maniobras de influencia, contactos políticos y beneficios económicos asociados a aquella operación, aunque el ex presidente niega cualquier irregularidad.
Ante la ofensiva opositora, Sánchez prometió “toda la colaboración con la Justicia”, dijo respetar la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, brindó “todo su apoyo” a Zapatero. Lejos de tomar distancia, el jefe del Ejecutivo español optó por una defensa política cerrada y por recuperar todos los clásicos del enfrentamiento con el Partido Popular: la guerra de Irak, el atentado del 11-M, la fotografía de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado y la comparación entre los gobiernos socialistas y populares.
La estrategia fue evidente: no responder solamente por el fondo del caso, sino trasladar el debate al terreno del “y tú más”. Sánchez sostuvo que Zapatero “no metió” a España en una guerra ilegal, que no mintió a los españoles frente a un atentado terrorista y que terminó con ETA. Con ese argumento, intentó convertir la imputación del ex presidente socialista en una discusión sobre la memoria política reciente de España y no sólo sobre una causa judicial en curso.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue directo al choque. Le recordó al presidente que habían imputado a su “faro moral” y le preguntó qué influencia real ejercía Zapatero sobre el actual Gobierno. Además, acusó al PSOE de haber construido una red de poder contaminada por casos de corrupción y sostuvo que sin Sánchez en la presidencia no habrían tenido margen de actuación figuras como José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y ahora el propio Zapatero.
“Quieren el poder para saquearlo todo”, fue una de las frases más duras lanzadas por Feijóo, que buscó instalar la idea de que el problema no es un caso aislado, sino un sistema político sostenido por favores, intermediaciones y opacidad. Para el jefe de la oposición, el Gobierno socialista ya no enfrenta únicamente desgaste parlamentario, sino una crisis de legitimidad moral.
Sánchez, sin embargo, descartó cualquier adelanto electoral y ratificó que las elecciones generales serán en 2027. Incluso fue más allá: aseguró que está dispuesto a seguir gobernando cuatro u ocho años más. En su réplica, afirmó que “al Gobierno se llega con votos y no con atajos” y trató de vincular al PP con la ultraderecha, en referencia a sus acuerdos con Vox.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también cargó contra el Gobierno y calificó a Sánchez como jefe político de una estructura atravesada por nombres bajo sospecha. Lo vinculó con Ábalos, Koldo, Cerdán y Zapatero, y acusó al Ejecutivo de presidir una “mafia corrupta”. El líder de Vox combinó sus críticas al Gobierno con su habitual discurso sobre inmigración, seguridad y prioridad nacional.
En el bloque parlamentario que sostiene al Gobierno, la intervención más llamativa fue la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien reconoció sentirse golpeado por el contenido del auto judicial. Dijo tener afecto y respeto por Zapatero, pero admitió que el asunto era políticamente muy grave. Aun así, el dirigente republicano terminó deslizando la tesis del lawfare, al sostener que la causa no existiría si Zapatero no fuera un activo político de la izquierda.
La reacción de Rufián expuso una incomodidad más amplia dentro del bloque progresista: la necesidad de defender a un ex presidente emblemático del socialismo español sin quedar atrapados en una defensa ciega de hechos que todavía deberán ser aclarados ante la Justicia. “Si esto es verdad, es una mierda; pero si es mentira, es una mierda aún mayor”, resumió el portavoz de ERC, en una frase que reflejó el clima de desconcierto de parte de la izquierda.
El caso golpea a Sánchez en un momento especialmente delicado. Su entorno político ya arrastra causas que involucran a antiguos colaboradores, dirigentes del PSOE y familiares bajo investigación. La imputación de Zapatero, por su peso simbólico, agrega una dimensión distinta: ya no se trata sólo de operadores o ex funcionarios, sino de un ex jefe de Gobierno convertido durante años en referencia moral y política del socialismo.
El expediente judicial será ahora el que marque los próximos pasos. Zapatero deberá dar explicaciones ante la Audiencia Nacional, mientras la oposición intentará transformar el caso en una prueba del agotamiento del ciclo de Sánchez. El Gobierno, por ahora, eligió resistir con el libreto conocido: apoyo político, apelación a la presunción de inocencia y contraataque permanente contra el PP.
El problema para Sánchez es que la defensa de Zapatero puede consolidar a su base más fiel, pero también profundizar la percepción de que el PSOE responde a cada escándalo mirando hacia atrás, hacia Irak, el 11-M o la foto de Feijóo, en vez de explicar con claridad qué ocurrió con Plus Ultra y qué rol pudo haber tenido uno de los hombres más importantes de la historia reciente del socialismo español.
