Buenos Aires – 10 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. A un año de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia argentina sigue enfrentando una paradoja difícil de explicar ante la sociedad: la ex presidente cumple prisión domiciliaria, porta tobillera electrónica y tiene una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, pero el Estado todavía no pudo recuperar ni un peso del perjuicio económico fijado en unos 685.000 millones de pesos.
La demora no responde a la falta de una sentencia, sino a una ofensiva judicial sostenida por la defensa de Cristina Kirchner, que desplegó una sucesión de recursos ante el Tribunal Oral Federal N° 2, la Cámara Federal de Casación Penal y, otra vez, la propia Corte Suprema, para evitar o al menos postergar el decomiso de bienes.
El expediente volvió ahora al máximo tribunal mediante un recurso directo de la defensa, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los planteos extraordinarios contra la ejecución patrimonial. En términos prácticos, la decisión de Casación dejó habilitado el avance sobre los bienes identificados para cubrir, aunque sea parcialmente, el monto actualizado del decomiso.
La última batalla gira en torno a 111 bienes señalados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron su tasación y posterior remate. Ese universo patrimonial incluye inmuebles vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, condenado también en la causa por el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz.
La defensa sostiene que varios de esos bienes fueron adquiridos antes de los hechos por los que se dictó condena. Sin embargo, la Justicia viene reafirmando que el decomiso en casos de corrupción no puede quedar neutralizado por maniobras patrimoniales, transferencias familiares o discusiones formales que terminen convirtiendo la condena económica en una declaración decorativa.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos de las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner. En el caso de la ex presidente, los tres integrantes de la sala coincidieron en declarar inadmisible el recurso extraordinario. Mariano Borinsky acompañó ese criterio respecto de Cristina Kirchner, aunque sostuvo una posición parcialmente distinta en relación con los planteos de Báez y de los hijos de la condenada.
En su voto, Hornos recordó un principio básico en materia de corrupción: el delito no puede constituir un título legítimo para generar riqueza reconocida por el derecho. Bajo ese criterio, el decomiso apunta a impedir que una maniobra ilícita produzca beneficios económicos permanentes, aun cuando la ejecución patrimonial se vuelva políticamente incómoda o jurídicamente trabajosa.
La causa Vialidad investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz al grupo empresario de Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. La sentencia estableció que existió una administración fraudulenta en perjuicio del Estado y condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El monto a recuperar fue actualizado por peritos en aproximadamente 684.990 millones de pesos, cifra por la que deben responder solidariamente los condenados. Pero el problema práctico es evidente: buena parte de los activos de Lázaro Báez ya fue absorbida por otros procesos, quiebras y decomisos vinculados a la Ruta del Dinero K, por lo que el foco patrimonial se desplazó hacia los bienes de la familia Kirchner.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del TOF 2 y encargado de ejecutar la sentencia, envió un oficio a la Corte Suprema para saber si alguno de los inmuebles a ejecutar podría ser afectado al uso del propio máximo tribunal o del Consejo de la Magistratura, por razones de mejor servicio de justicia. El resto podría avanzar hacia una subasta por plataforma digital, mecanismo que permitiría convertir los bienes en dinero para el Estado.
Mientras tanto, Cristina Kirchner continúa alojada en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, bajo arresto domiciliario y control electrónico. La ex presidente reclamó que le retiraran la tobillera, que ampliaran su régimen de visitas y que le permitieran un uso más amplio de espacios abiertos del edificio.
El fiscal Diego Luciani se opuso a flexibilizar las condiciones y el juez Giménez Uriburu ratificó la vigencia del régimen actual. La Justicia autorizó el ingreso libre sólo para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las visitas debe contar con autorización judicial previa. En cuanto a la terraza, se le permitió utilizarla dos horas por día, entre las 6 y las 20, al considerar que conserva acceso diario a un espacio abierto apto para actividades físicas y recreativas.
El caso deja una postal incómoda: la condena penal está firme, la prisión domiciliaria está en curso, la inhabilitación política rige, pero el recupero económico —el punto que debería reparar, al menos en parte, el daño causado al Estado— sigue empantanado. La corrupción, cuando se judicializa durante años y luego se ejecuta con lentitud, conserva una ventaja que la sociedad conoce demasiado bien: el tiempo.
A un año del fallo de la Corte Suprema, la pregunta ya no es si Cristina Kirchner fue condenada. Eso está firme. La pregunta es cuándo la Justicia dejará de discutir papeles y empezará a recuperar bienes. Porque una condena por corrupción sin decomiso efectivo corre el riesgo de transformarse en una victoria moral incompleta: mucho expediente, mucho fallo, mucha solemnidad institucional, pero todavía ni un peso devuelto al Estado.
