Por RR
Buenos Aires, 21 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La discusión por la quita de subsidios al gas en zonas frías terminó abriendo otro frente incómodo para el oficialismo: el avance acelerado de los hermanos Juan Neuss y Patricio Neuss en el negocio energético, un grupo empresario al que en sectores de la política y del mercado se le atribuye una relación de cercanía con Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial de Javier Milei.
La diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, apuntó en plena sesión de la Cámara de Diputados contra el presidente del cuerpo, Martín Menem, contra la cuenta Rufus, contra Santiago Caputo y contra los empresarios Neuss, a quienes vinculó con una expansión empresarial que, según su denuncia, ocurre mientras el Gobierno impulsa aumentos de tarifas y recortes de subsidios sobre millones de usuarios.
“Señor Menem, usted va a estar de acuerdo conmigo, o usted, o Rufus, Juan y Patricio Neuss: la verdad es extraordinario”, lanzó Strada en el recinto, en una intervención cargada de ironía política. Luego enumeró el crecimiento del grupo en distintos eslabones del sistema eléctrico: distribución, generación, transporte y una eventual avanzada sobre nuevos activos estratégicos.
El señalamiento no es menor. La Ley 24.065, que organiza el régimen de la energía eléctrica en la Argentina, fue pensada sobre un principio central: evitar la integración vertical plena del sistema. Es decir, impedir que un mismo actor controle al mismo tiempo generación, transporte y distribución de electricidad, porque eso puede afectar la competencia, distorsionar el acceso a redes, favorecer subsidios cruzados y consolidar posiciones dominantes.
En términos simples: quien genera energía no debería controlar también el transporte estratégico ni la distribución final al usuario. La razón es evidente. Si un grupo concentra demasiadas partes de la cadena, puede condicionar precios, acceso, prioridades operativas y decisiones regulatorias. Por eso, los artículos 31 y 32 de la norma establecen restricciones para que generadores, distribuidores o sus controlantes no terminen dominando empresas transportistas o cruzando intereses de manera incompatible con la competencia.
El problema es que el grupo vinculado a los hermanos Neuss, a través de Edison Energía y distintas sociedades asociadas, aparece hoy en el centro de una expansión muy agresiva. En poco tiempo pasó a controlar o participar en activos relevantes de distribución, generación hidroeléctrica, transmisión y transporte. La estructura puede estar formalmente armada mediante sociedades separadas, pero el interrogante político y regulatorio es si esa ingeniería societaria respeta el espíritu de la ley o si funciona como un atajo para avanzar sobre toda la cadena energética.
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os empresarios tenían inicialmente presencia en una distribuidora en Río Negro y luego sumaron activos como EDET, la distribuidora eléctrica de Tucumán; EJESA, la empresa de energía de Jujuy; la hidroeléctrica Las Maderas; centrales mendocinas como Potrerillos, Cacheuta, El Carrizal y Álvarez Condarco; además de avances sobre el sistema del NEA y las hidroeléctricas del Comahue, entre ellas Alicurá y Cerros Colorados.
A eso se suma el capítulo más sensible: Transener, la empresa que opera la mayor parte de la red troncal de transporte eléctrico de alta tensión del país. El consorcio integrado por Genneia y Edison Energía presentó la oferta ganadora para quedarse con la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener, por unos 356 millones de dólares. El proceso quedó bajo la lupa por la magnitud del activo y por cuestionamientos sobre la transparencia de la publicación de ofertas en la plataforma oficial.
Transener no es una empresa más. Es una pieza estratégica del sistema eléctrico argentino. Opera el corazón del transporte de alta tensión, es decir, el corredor por donde circula buena parte de la electricidad que abastece al país. Cualquier concentración indebida alrededor de esa compañía debería ser analizada con extremo cuidado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y por las autoridades de Defensa de la Competencia.
En el sector energético sostienen que la clave formal pasa por la separación societaria. Es decir, que un holding puede participar en distintas compañías siempre que haya independencia contable, operativa y de gestión. Pero esa explicación técnica no alcanza para despejar todas las dudas. La pregunta de fondo es si esa separación es real o si sólo funciona como un maquillaje jurídico para permitir que un mismo grupo influya sobre generación, transporte y distribución.
Allí aparece el elemento político más delicado. A los Neuss se les atribuye en sectores del mercado y de la política una fuerte relación con Santiago Caputo, figura central del dispositivo de poder no formal del mileísmo. Esa supuesta protección política, de acuerdo con la mirada crítica de fuentes opositoras y del propio sector energético, podría permitirles avanzar sobre activos estratégicos con una velocidad que otros jugadores no tendrían. Dicho de otro modo: el debate ya no es sólo empresarial, sino institucional.
La denuncia de Strada fue directa: mientras el Gobierno le aumenta las facturas a la gente antes del invierno, empresarios cercanos al poder estarían haciendo negocios para enriquecerse. La frase busca instalar una contradicción de fuerte impacto político: ajuste tarifario para usuarios, recorte de subsidios en zonas frías y, al mismo tiempo, concentración acelerada de activos energéticos en manos de grupos próximos al corazón del oficialismo.
La reforma del régimen de zonas frías obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el argumento oficial de ordenar subsidios, reducir distorsiones y focalizar la asistencia. El Gobierno sostiene que el sistema vigente era fiscalmente costoso y beneficiaba a usuarios que no necesariamente requerían ayuda estatal. Sin embargo, legisladores patagónicos y opositores advirtieron que la medida puede derivar en fuertes aumentos sobre hogares que dependen del gas para atravesar inviernos duros.
El contraste es políticamente explosivo. Por un lado, se le pide a la población que pague más por la energía. Por el otro, crecen los interrogantes sobre quiénes se quedan con los activos estratégicos del sistema. Y en el medio aparece la sospecha de que la desregulación, las privatizaciones y la reconfiguración del mapa energético podrían beneficiar a grupos con llegada privilegiada al poder.
Desde una mirada institucional, el caso exige respuestas claras. El ENRE, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Energía y el propio Gobierno deberían explicar si la expansión de Edison Energía y sus socios respeta no sólo la letra, sino también el espíritu de la Ley 24.065. Porque el problema no se resuelve diciendo que existen sociedades distintas si, en los hechos, las decisiones estratégicas responden a una misma conducción económica o política.
La energía no es un negocio común. Es infraestructura crítica. Define competitividad industrial, tarifas familiares, seguridad nacional, federalismo productivo y soberanía económica. Por eso, cualquier concentración en generación, transporte y distribución debe ser observada con lupa, más aún cuando el país atraviesa un proceso de ajuste tarifario y venta de activos estatales.
La oposición encontró en los Neuss un caso testigo para cuestionar la promesa libertaria de terminar con los privilegios. Si el discurso oficial habla de libertad de mercado, competencia y fin de la casta, pero en la práctica surgen grupos empresarios que crecen al calor de vínculos políticos y decisiones regulatorias favorables, el relato empieza a mostrar fisuras.
La frase de Julia Strada contra Menem, Rufus, Caputo y los Neuss no fue sólo una chicana parlamentaria. Fue una advertencia sobre un mapa energético que se está reconfigurando a gran velocidad y con escaso debate público. El punto central es si la Argentina está ordenando su sistema eléctrico para atraer inversión genuina o si está reemplazando viejos privilegios por nuevos empresarios protegidos.
Para Total News Agency, el caso merece seguimiento especial. No se trata de oponerse a la inversión privada ni a la modernización del sistema energético. Se trata de exigir reglas claras, competencia real, controles efectivos y transparencia. Si un grupo económico puede avanzar sobre generación, transporte y distribución al mismo tiempo, bajo el paraguas de sociedades separadas y con presunta protección política, entonces la ley corre el riesgo de convertirse en una formalidad decorativa.
El Gobierno tendrá que decidir si permite que la sospecha crezca o si ordena una revisión seria del proceso. Porque en un país donde las tarifas golpean cada vez más fuerte a familias y empresas, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes se están quedando con la energía, bajo qué condiciones y con qué respaldo político.
