Madrid, 23 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Miles de personas marcharon este sábado en Madrid para exigir la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y reclamar responsabilidades políticas y judiciales por los escándalos de corrupción que golpean al PSOE, al Ejecutivo socialista y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado en la causa vinculada al rescate de Plus Ultra.
La movilización, denominada Marcha por la Dignidad, fue convocada por Sociedad Civil Española y respaldada por más de 150 asociaciones civiles. La protesta partió desde la Plaza de Colón y avanzó hasta el Arco de la Victoria, en Moncloa, bajo el lema “¡Sánchez, dimisión ya!”. Según la Delegación del Gobierno en Madrid, participaron unas 40.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 120.000.
La marcha terminó con momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse al Palacio de La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. La Policía Nacional desplegó un fuerte operativo para impedir el avance, con cortes de calles y controles en los accesos. El saldo informado fue de tres detenidos y siete agentes heridos leves.
El clima de indignación quedó reflejado en las consignas de los manifestantes, que apuntaron directamente contra Sánchez, contra el PSOE y contra Zapatero. Entre banderas españolas, pancartas y cánticos, los asistentes acusaron al Gobierno de sostener una red de protección política alrededor de exfuncionarios y dirigentes socialistas involucrados en distintas investigaciones judiciales.
La protesta tuvo una fuerte presencia de Vox, encabezada por su líder, Santiago Abascal, quien aseguró que “España está secuestrada por una mafia corrupta” y apuntó directamente contra el jefe del Ejecutivo. Según Abascal, “nadie se cree que Pedro Sánchez no esté involucrado” en los escándalos que rodean al oficialismo. También reclamó prisión preventiva para Rodríguez Zapatero y la declaración judicial de miembros del Consejo de Ministros.
El Partido Popular, en cambio, optó por un perfil más bajo. Participó una delegación de diputados y senadores encabezada por Alicia García, portavoz popular en el Senado, pero sin la presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Esa cautela volvió a exhibir las tensiones de la oposición española: mientras Vox empuja una ofensiva frontal contra Sánchez, el PP intenta capitalizar el desgaste sin quedar atrapado en una dinámica que pueda fortalecer al presidente socialista.
El detonante político de la marcha fue el avance del caso Plus Ultra, que puso bajo sospecha al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La causa investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posible lavado de fondos alrededor del rescate de 53 millones de euros otorgado durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra.
La investigación quedó todavía más comprometida para el socialismo luego de conocerse que Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz, compartían una cuenta bancaria que, entre 2020 y 2025, habría recibido alrededor de 1,5 millones de euros procedentes de empresas vinculadas a la presunta trama investigada. El dato encendió todas las alarmas sobre el patrimonio del expresidente y volvió a poner en la mira sus actividades privadas, sus viajes internacionales y sus contactos con gobiernos latinoamericanos.
El caso golpea especialmente por el perfil de Zapatero, figura central del socialismo español y hombre de intensa relación con el chavismo venezolano. Durante años, el expresidente acumuló decenas de viajes a Venezuela, donde fue señalado por sectores opositores como un operador político favorable al régimen de Nicolás Maduro. Sus gestiones, sus vínculos y las cifras que habría percibido por actividades, asesorías o intermediaciones volvieron ahora al centro del debate público.
La pregunta que crece en España es incómoda para el PSOE: cómo un exjefe de Gobierno que se presentó durante años como mediador internacional terminó envuelto en una investigación por presuntas influencias, pagos millonarios y conexiones empresariales opacas. También se observa con atención el patrimonio de Zapatero, cuyas propiedades y movimientos financieros empiezan a ser revisados bajo una lupa política y judicial cada vez más intensa.
El oficialismo, lejos de asumir una posición de depuración institucional, volvió a cerrar filas. Desde el entorno de Sánchez y del PSOE se insistió en que las acusaciones forman parte de una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha. Sin embargo, esa defensa ya no alcanza para contener el desgaste. El problema no es sólo la imputación de Zapatero; es la acumulación de casos que golpean al socialismo y al círculo político del presidente.
A la causa Plus Ultra se suman los coletazos del caso Koldo, las investigaciones sobre el exministro José Luis Ábalos, los negocios vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia y las sospechas sobre comisionistas que habrían aprovechado su cercanía con el poder. La presencia del empresario Víctor de Aldama en la manifestación agregó otro elemento de tensión, ya que su nombre aparece relacionado con distintas derivaciones de esas investigaciones.
El Gobierno de Sánchez intenta resistir apoyado en su mayoría parlamentaria y en la fragmentación opositora, pero la calle volvió a mostrar que una parte importante de la sociedad española percibe al oficialismo como un poder atrincherado. La imagen de miles de personas marchando hacia Moncloa para exigir la dimisión del presidente refleja un nivel de hartazgo que el PSOE no puede reducir a una simple maniobra partidaria.
La situación también afecta el relato internacional del socialismo español. Durante años, Sánchez y Zapatero buscaron presentarse como referentes de una izquierda moderna, europeísta y defensora de la institucionalidad. Pero las investigaciones por presuntos pagos, influencias, rescates públicos y vínculos con regímenes autoritarios de izquierda, especialmente el chavismo venezolano, erosionan ese discurso.
La crítica más dura apunta a que el PSOE habría construido una maquinaria de blindaje político para proteger a dirigentes propios y antiguos funcionarios, mientras acusa a la oposición de judicializar la política cada vez que una causa se acerca al corazón socialista. Esa estrategia, sin embargo, se vuelve cada vez menos eficaz cuando los expedientes avanzan y aparecen datos bancarios, transferencias, empresas bajo sospecha y posibles intermediarios.
En la marcha también hubo mensajes contra medios públicos, especialmente contra Televisión Española, a la que algunos manifestantes acusaron de manipulación. Ese episodio expuso otro frente de desgaste: la percepción de que parte del aparato institucional y mediático del Estado funciona como defensa política del Gobierno. Para los manifestantes, el problema no se reduce a un caso judicial, sino a un sistema de poder que protege, tapa y posterga explicaciones.
La jornada dejó una postal difícil para Sánchez. El presidente enfrenta una oposición cada vez más movilizada, una base social indignada y un caso judicial que alcanza a uno de los nombres históricos del socialismo español. Zapatero, que durante años se movió entre despachos, foros internacionales y viajes a Venezuela, pasó a ser una carga política para un Gobierno que ya acumulaba demasiados frentes abiertos.
La pregunta ahora es si la protesta quedará como una expresión aislada de malestar o si marcará el inicio de una presión sostenida contra Sánchez. Vox ya busca llevar el caso al máximo voltaje político y judicial. El PP, aunque con prudencia, sabe que el desgaste socialista puede convertirse en oportunidad electoral. Y el Gobierno, por ahora, responde con la fórmula habitual: negar, resistir y denunciar una ofensiva de sus adversarios.
Pero la calle dejó un mensaje claro. Una parte relevante de España ya no cree en las explicaciones del PSOE, no acepta el blindaje a los propios y exige que los casos de corrupción lleguen hasta el final. En ese clima, la imputación de Zapatero no aparece como un episodio del pasado, sino como una amenaza directa al presente de Pedro Sánchez.
