Buenos Aires – 13 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La explicación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar bajo sospecha. Un viejo video difundido en las últimas horas contradice la línea temporal que el jefe de Gabinete presentó para justificar la aparición de ahorros no declarados por alrededor de 500.000 dólares, supuestamente originados en inversiones en Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.
En una entrevista concedida a LN+, Adorni afirmó que comenzó a incursionar en Bitcoin en 2013 y que empezó a invertir “fuerte” a partir de 2014. Según su nuevo relato, junto a su esposa acumuló unos 200.000 dólares en ahorros privados, los volcó a criptoactivos y obtuvo una ganancia cercana a los 300.000 dólares, fondos que permanecieron ocultos al fisco y que recién ahora fueron incorporados en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
El problema es que un registro audiovisual de octubre de 2020, publicado por la billetera virtual Lemon bajo el título “Actualidad económica y criptomonedas”, muestra a un Adorni muy distinto: no el inversor temprano y sofisticado que habría apostado fuerte a Bitcoin desde 2014, sino un comunicador que relataba haber descubierto ese mundo recién varios años después y casi por casualidad.
En esa videoconferencia de pandemia, Adorni contó que su primera experiencia con las criptomonedas ocurrió “cinco o seis años atrás”, cuando vio a un alumno seguir la cotización de Bitcoin en una notebook durante una clase. Pero el dato clave es otro: el propio funcionario dijo que en ese momento el precio de Bitcoin estaba en torno de los 6.000 dólares. Esa cotización fue alcanzada por primera vez el 28 de octubre de 2017, según registros históricos del mercado cripto.
La contradicción temporal es evidente. En 2026, ya bajo presión judicial y política, Adorni dice que invertía fuerte desde 2014. Pero en 2020 describía su primer acercamiento concreto a Bitcoin como un episodio ocurrido cuando la moneda cotizaba alrededor de 6.000 dólares, es decir, no antes de fines de 2017. Más aún: en aquella charla reconocía que “no estaba muy metido en el tema” y que “la verdad que no entendía”.
La diferencia no es menor. Si Adorni efectivamente compró Bitcoin en 2014, cuando la criptomoneda cotizaba muy por debajo de sus valores actuales y oscilaba entre precios cercanos a los 400 y 900 dólares, la inversión podría haber generado una ganancia extraordinaria. Pero si su acercamiento real comenzó recién en 2017, como su propio video sugiere, la reconstrucción cambia de manera sustancial y obliga a revisar fechas, montos, billeteras, plataformas y operaciones.
En la entrevista televisiva, el jefe de Gabinete incluso leyó supuestas operaciones de fines de 2017 y 2018. Dijo, por ejemplo, que en agosto de 2017 compró 13 bitcoins a 3.356 dólares, luego uno más a 3.330 dólares, y que el 2 de noviembre adquirió otro Bitcoin a 7.234 dólares. También afirmó haber liquidado parte de esas tenencias en marzo de 2018 a 8.824 dólares y el resto a 6.800 dólares.
El detalle, lejos de despejar dudas, las agrandó. Si esas operaciones existieron, deberán ser verificadas por la Justicia mediante registros concretos: billeteras, exchanges, claves públicas, comprobantes de compra, transferencias bancarias, movimientos de liquidación y trazabilidad del dinero utilizado para adquirir los activos. En el universo cripto, las operaciones pueden dejar rastros, pero no se acreditan con recuerdos, relatos televisivos ni pendrives encontrados a último momento.
El propio Adorni dijo que no tenía la documentación “a mano” y que le llevó tiempo encontrarla porque conserva computadoras viejas. Presentó esa búsqueda como una reconstrucción patrimonial tardía, casi doméstica. Pero para una causa por presunto enriquecimiento ilícito, el estándar será otro: la prueba deberá demostrar no sólo que existieron las operaciones, sino también que el dinero inicial era lícito, anterior a la función pública y efectivamente propio.
El caso se vuelve más delicado porque Adorni ya había dicho ante el Congreso que en sus declaraciones juradas figuraban todos los bienes de su patrimonio y que “nunca existió ocultación alguna”. Semanas después, admitió haber mantenido fondos fuera de sus declaraciones y justificó la omisión con una frase que desató un terremoto político: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”.
La contradicción se completa con otro video, esta vez de 2022, en el que Adorni aparece en una conferencia por Zoom junto al economista Miguel Boggiano y expresa fuertes dudas sobre Bitcoin como inversión. Allí sostuvo que no sabía si considerarla segura y que prefería pensar en stablecoins antes que en una cripto volátil. “No sé si tomarlo como una inversión”, dijo en ese registro, que volvió a circular tras sus explicaciones sobre la declaración jurada.
Ese segundo archivo no prueba por sí mismo que no haya invertido antes, pero sí debilita el perfil que ahora intenta construir: el de un inversor temprano, experimentado y capaz de ejecutar “millones de operaciones” desde los primeros años del ecosistema cripto. La distancia entre el relato actual y sus dichos pasados alimenta la principal duda judicial: si la explicación fue reconstruida para justificar patrimonio o si responde a operaciones reales debidamente documentadas.
El trasfondo político es igualmente explosivo. Adorni no es un funcionario lateral. Fue vocero presidencial, rostro cotidiano del discurso anticasta y luego jefe de Gabinete, el ministro coordinador que debe responder ante el Congreso. Su patrimonio, sus viajes, su casa en Indio Cua, sus refacciones, sus pagos en efectivo, sus declaraciones rectificadas y ahora sus contradicciones sobre Bitcoin lo transformaron en el principal problema político del Gobierno de Javier Milei.
La investigación penal está en manos del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza ampliar la causa hacia atrás en el tiempo justamente por la explicación cripto. Si Adorni sostiene que los fondos provienen de operaciones realizadas antes de ser funcionario, la fiscalía deberá revisar años previos para determinar si existían ingresos compatibles, operaciones comprobables y trazabilidad patrimonial suficiente.
La fiscalía cuenta además con la colaboración de la DAFI, la unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en investigaciones económicas y financieras. Ese equipo técnico deberá cruzar las declaraciones juradas, la documentación reservada de la Oficina Anticorrupción, los movimientos bancarios, las operaciones inmobiliarias y los registros cripto que el funcionario eventualmente aporte.
El problema para Adorni es que sus explicaciones públicas no sólo deben convencer a la opinión pública, sino resistir una auditoría técnica. En una causa de enriquecimiento ilícito, la pregunta no es únicamente si tuvo criptomonedas, sino cuándo las compró, con qué dinero, dónde las mantuvo, cuándo las vendió, cómo ingresaron los fondos al circuito formal y por qué no fueron declaradas oportunamente.
La aparición de los videos también impactó en el frente parlamentario. El Senado reclama que el jefe de Gabinete concurra durante junio a brindar su informe de gestión, mientras sectores opositores impulsan interpelaciones y hasta una moción de censura. El PRO, principal aliado del oficialismo, ya le pidió al Presidente que “defienda el cambio y no a Adorni”, y el cordobesismo de Juan Schiaretti reclamó directamente su salida.
La Coalición Cívica, por su parte, presentó una denuncia penal por presunta falsedad ideológica, al considerar que las omisiones patrimoniales no pueden ser explicadas como simples errores. Para ese espacio, Adorni, contador de profesión, llevó sus inconsistencias a documentos públicos y al propio Congreso.
El caso también conecta con el escándalo de $LIBRA. Adorni participó en reuniones en la Casa Rosada vinculadas a Mauricio Novelli y Hayden Mark Davis, protagonistas del proyecto que terminó envuelto en una investigación judicial transnacional. Novelli, además, había organizado cursos para inversores en los que participaron figuras del ecosistema libertario, incluido el propio Adorni en su etapa de comunicador. Esa cercanía vuelve más sensible cualquier explicación improvisada sobre criptoactivos.
En el Gobierno intentan cerrar el capítulo con la presentación ante la Oficina Anticorrupción y la adhesión al régimen simplificado de regularización. Pero el efecto fue el contrario: cada documento, cada entrevista y cada archivo del pasado parece abrir una nueva pregunta.
La secuencia deja una conclusión incómoda para la Casa Rosada. Adorni primero dijo que no había ocultado nada. Luego admitió ahorros en negro. Después explicó que la fortuna provenía de Bitcoin comprado desde 2014. Ahora aparecen videos en los que decía no entender ese universo hasta 2017 y desconfiar de esa inversión en 2022.
Para la Justicia, el desafío será separar el relato de los rastros. Para el Gobierno, el problema es más inmediato: el jefe de Gabinete que debía ordenar la comunicación oficial quedó atrapado en una historia que cambia con cada archivo que aparece.
