Lima – 27 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La izquierda peruana volvió a tensar el escenario postelectoral luego de la derrota de Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori. En una nueva muestra de desesperación política, Juntos por el Perú presentó una denuncia penal contra la virtual presidenta electa, autoridades electorales y funcionarios del gobierno saliente, bajo la acusación de un supuesto “fraude” en la segunda vuelta presidencial.
La presentación fue realizada por el personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas, ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La denuncia apunta contra Keiko Fujimori, el presidente José María Balcázar, el canciller Carlos Pareja, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, el actual titular del organismo, Bernardo Pachas, y el presidente del JNE, Roberto Burneo.
El eje del escrito sostiene que la segunda vuelta habría sido alterada por una “sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral” para manipular los resultados. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, la denuncia no aporta pruebas concluyentes que permitan sostener una maniobra organizada de fraude electoral.
El movimiento de Juntos por el Perú llega después de que Keiko Fujimori consolidara una ventaja estrecha pero irreversible sobre Roberto Sánchez, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente peruana. El resultado dejó a la izquierda ante una derrota difícil de asimilar y abrió una etapa de desconocimiento político del proceso, denuncias judiciales y llamados a la movilización.
La ofensiva judicial se apoya en varios argumentos que ya habían sido utilizados por el propio Sánchez para cuestionar el conteo. Uno de ellos es el voto de los peruanos en el exterior, que favoreció ampliamente a Fujimori y resultó decisivo para ampliar su ventaja. El candidato izquierdista había reclamado la anulación de sufragios emitidos en oficinas consulares, bajo el argumento de que existieron cambios de procedimiento en el envío y procesamiento de actas.
Esa tesis fue rechazada por las autoridades electorales. El JNE ya había desestimado recursos vinculados a mesas en Lima y el exterior, mientras que la ONPE negó la existencia de irregularidades capaces de alterar la voluntad popular. La organización civil Transparencia también rechazó las acusaciones de fraude sin evidencia y pidió respetar las reglas del proceso democrático.
La denuncia incorpora además una interpretación política sobre un decreto supremo de 2025 que actualizó remuneraciones de funcionarios del servicio diplomático. Juntos por el Perú pretende presentar esa medida como un supuesto indicio de “cooptación económica” de autoridades encargadas de custodiar el voto en el extranjero. La acusación, sin embargo, aparece como una construcción especulativa: no se conocen pruebas documentales que conecten esa actualización salarial con una operación electoral fraudulenta.
Otro punto del escrito se refiere al cese de embajadores considerados estratégicos. Según la denuncia, la decisión habría generado un “vacío deliberado de fiscalización jerárquica” sobre el material electoral y las mesas de votación en el exterior. Pero esa interpretación también enfrenta un problema fáctico: los diplomáticos cuyos nombramientos fueron dados por concluidos continuaban en funciones hasta la emisión de las resoluciones correspondientes sobre su último día de labores.
El partido de Sánchez también retoma cuestionamientos contra la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), utilizada por la ONPE en la primera vuelta. La denuncia sostiene que Piero Corvetto habría impuesto el empleo del aplicativo pese a conocer vulnerabilidades críticas. No obstante, de allí intenta saltar a una conclusión todavía más débil: que el uso del sistema habría inducido al ausentismo masivo en zonas densamente pobladas. Tampoco en este punto se presentaron elementos probatorios sólidos que permitan demostrar una relación causal.
En la misma línea, Juntos por el Perú cuestiona una resolución jefatural de la ONPE referida a protocolos de escrutinio en el exterior. Según el partido, esa norma habría limitado la participación de personeros y debilitado la fiscalización ciudadana. Ese argumento ya había sido invocado para intentar anular votos en el extranjero, pero fue desbaratado por las instancias electorales.
La acusación más explosiva, y al mismo tiempo una de las más endebles, apunta contra la Embajada de Estados Unidos en Lima y el embajador Bernie Navarro. El documento sostiene que el diplomático habría actuado como un actor político directo para favorecer un resultado específico. Nuevamente, la denuncia no presenta pruebas públicas que acrediten una intervención de esa naturaleza.
El cuadro revela un patrón político conocido en la región: cuando la izquierda pierde una elección cerrada, intenta transformar la derrota en una causa judicial, el resultado electoral en sospecha institucional y el voto adverso en conspiración internacional. En el caso peruano, la estrategia aparece agravada por el hecho de que observadores internacionales y organizaciones de fiscalización no detectaron un fraude sistémico.
La Unión Europea constató normalidad en la jornada electoral, más allá de incidencias puntuales. Reportes internacionales también consignaron que la OEA y la UE llamaron a respetar el proceso y que las acusaciones de Roberto Sánchez no fueron acompañadas por evidencia suficiente. La propia ONPE, a través de Bernardo Pachas, rechazó categóricamente la denuncia y sostuvo que el organismo no violó norma alguna.
Para Keiko Fujimori, la denuncia representa el primer gran desafío político antes de asumir el gobierno. Para la izquierda, en cambio, exhibe una estrategia de resistencia destinada a condicionar el inicio de la nueva administración, instalar una sospecha permanente sobre la legitimidad presidencial y movilizar a su base militante bajo la consigna del fraude.
El riesgo para Perú es evidente. Después de años de inestabilidad, vacancias presidenciales, gobiernos débiles y crisis institucionales, el país necesita cerrar el proceso electoral con reglas claras. Si la denuncia se convierte en un instrumento de agitación sin pruebas, la izquierda no sólo prolongará su fracaso político, sino que contribuirá a erosionar todavía más la confianza en las instituciones democráticas.
La derrota de Roberto Sánchez dejó a Juntos por el Perú ante una disyuntiva: aceptar el veredicto de las urnas o alimentar una narrativa de fraude que, hasta ahora, no logró respaldo probatorio. La denuncia penal contra Keiko Fujimori, Balcázar, Burneo, Corvetto y Pachas muestra que eligió el segundo camino.
