Buenos Aires – 4 julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El fiscal federal Sergio Néstor Mola pidió que se rechace la recusación presentada por la defensa de Martín Insaurralde y defendió su continuidad al frente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora.
La posición fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal, que informó que Mola, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, elevó el informe previsto en el artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación. En esa presentación sostuvo que el planteo de la defensa es “improcedente” y advirtió que el caso reviste “gravedad institucional” por tratarse de una pesquisa vinculada con presuntos hechos de corrupción que involucran a un ex funcionario de alto rango.
La recusación fue impulsada por los abogados de Insaurralde luego de una serie de medidas promovidas por la fiscalía, entre ellas el pedido de detención del ex funcionario y de su ex esposa Jesica Cirio, rechazado días atrás por el juez federal Luis Armella. La defensa apuntó contra la actuación de Mola y buscó apartarlo del expediente en un momento especialmente sensible de la causa.
En su informe, el fiscal interpretó que el intento de desplazarlo aparece ligado al avance de la investigación. Según el comunicado oficial, Mola sostuvo que la maniobra pretende debilitar el proceso justo cuando la fiscalía impulsó nuevas medidas de prueba sobre bienes, fondos y movimientos patrimoniales atribuidos al ex funcionario y su entorno. El fiscal también remarcó que el caso afecta la confianza pública y podría comprometer el patrimonio del Estado.
La causa, identificada como FLP 38935/2023, investiga a Insaurralde por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 303 y 268 del Código Penal. El período bajo análisis va de 2009 a 2023, etapa durante la cual el dirigente peronista ocupó cargos de relevancia en Lomas de Zamora y en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El expediente volvió al centro de la escena tras la difusión de videos en los que se observan fajos de dólares guardados en un vestidor que los investigadores procuran vincular con una propiedad de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos, peritajes sobre dispositivos electrónicos y nuevas diligencias para determinar el origen, monto y trazabilidad del dinero exhibido en las imágenes. Según fuentes judiciales citadas por la prensa, la suma bajo análisis podría rondar los diez millones de dólares.
El juez Armella rechazó el pedido de detención formulado por Mola, pero dispuso restricciones para Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clérici y otros imputados. Entre las medidas figuran la prohibición de salida del país, la obligación de no alejarse más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin autorización judicial y el deber de comunicar cualquier ausencia superior a 24 horas. También ordenó mantener actualizados los domicilios y no obstaculizar la investigación.
El magistrado había considerado que el material audiovisual debía ser peritado por la DATIP para determinar su autenticidad, descartar adulteraciones y verificar si el lugar registrado corresponde efectivamente a un inmueble vinculado a los imputados. También sostuvo que los acusados mantuvieron una conducta procesal colaborativa y que, por el momento, las restricciones resultaban proporcionales para asegurar el avance del expediente.
La investigación tuvo origen en 2023, luego del denominado “Yategate”, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clérici a bordo del yate Bandido, en Marbella. Ese episodio provocó su salida del gobierno bonaerense y abrió una causa patrimonial que luego incorporó viajes, inmuebles, sociedades comerciales y eventuales maniobras financieras bajo sospecha.
Ahora, la definición sobre la recusación será clave para el trámite inmediato de la causa. Si el planteo de la defensa prospera, la pesquisa podría sufrir demoras y quedar en manos de otro representante del Ministerio Público Fiscal. Si es rechazado, Mola continuará al frente de una investigación que volvió a golpear al peronismo bonaerense y que mantiene bajo revisión el patrimonio de uno de sus dirigentes más influyentes.
