Buenos Aires – 4 julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La causa $LIBRA ingresó en una nueva zona crítica. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a cinco querellantes del expediente que investiga el fallido lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, al hacer lugar a un planteo del acusado Mauricio Novelli, uno de los empresarios señalados como nexo entre el entorno presidencial y el creador del token, el estadounidense Hayden Davis.
La decisión deja a la investigación sin el impulso de los inversores que venían reclamando medidas de prueba, acceso al expediente y control sobre la actuación de la fiscalía. Según la resolución, los querellantes no lograron demostrar una afectación directa ni acreditar de manera suficiente la titularidad de las billeteras utilizadas para comprar $LIBRA. Los desplazados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
El expediente seguirá delegado en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, pero el apartamiento de las querellas modifica el equilibrio interno de la causa. Si la medida queda firme, los damnificados ya no podrán pedir nuevas pruebas, apelar decisiones ni acceder al expediente como parte. La resolución podrá ser revisada por la Cámara Federal porteña, donde se espera que los excluidos planteen que el juez elevó el estándar probatorio de una incidencia procesal hasta un nivel cercano al análisis de fondo.
El argumento central de Martínez de Giorgi fue que la compra de una “memecoin” se realizó en un mercado de alta volatilidad, escasa regulación y valoración dependiente de la percepción de los participantes. Sobre esa base, consideró que las pérdidas económicas no alcanzan por sí solas para acreditar el “perjuicio directo” exigido por la ley. También sostuvo que los querellantes presentaron links y referencias a claves privadas, pero no prueba concluyente sobre la titularidad de las billeteras ni sobre el origen de los fondos utilizados para comprar el token.
Esa lectura abre un frente jurídico sensible: la resolución parece apoyarse en una hipótesis defensiva —que el daño fue consecuencia del riesgo propio del mercado cripto— cuando la investigación todavía debe determinar si existió una maniobra fraudulenta. Si el objeto del expediente es establecer si hubo defraudación, acceso privilegiado, promoción engañosa o eventuales pagos para obtener respaldo político, resulta difícil descartar de manera anticipada la condición de víctimas de quienes compraron el activo y perdieron dinero tras el derrumbe.
El caso se originó después del posteo de Milei del 14 de febrero de 2025, cuando difundió en su cuenta de X el proyecto $LIBRA. La moneda tuvo una suba abrupta, atrajo compradores y luego se desplomó, dejando pérdidas para numerosos inversores y ganancias millonarias para operadores que habrían ingresado y salido en el momento exacto. La causa busca determinar si el lanzamiento fue una operatoria de mercado fallida o una maniobra organizada con información privilegiada y respaldo político.
La investigación ya venía golpeada por demoras y falta de recursos técnicos. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) informó que no contaba con las herramientas necesarias para analizar movimientos de criptoactivos por casi US$ 4,8 millones vinculados a billeteras asociadas a Hayden Davis. Según reveló El País, la unidad había trabajado con una versión de prueba de un software especializado, pero esa licencia expiró y no pudo renovarse por restricciones presupuestarias.
Ese análisis era clave porque las transferencias bajo revisión se habrían realizado el 30 de enero, el 3 de febrero y el 13 de febrero de 2025, antes del mensaje presidencial que disparó el escándalo. Una de ellas, por US$ 499.000, coincidió con una visita de Davis a Milei en la Casa Rosada. También se investigan movimientos que, según el expediente, habrían beneficiado a Novelli y a Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido más de US$ 730.000 digitales entre enero y febrero de 2025.
El director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Pedro Biscay, advirtió que el apartamiento de los querellantes, sumado a la demora en medidas centrales, “debilita el avance del proceso penal” y genera “serios riesgos de impunidad”. El CIPCE e INECIP, admitidos como amicus curiae, habían pedido profundizar la investigación sobre eventuales negociaciones incompatibles con la función pública.
Con casi un año y medio de trámite, sin indagatorias, con testigos directos aún no convocados y con peritajes técnicos inconclusos, el caso $LIBRA queda ahora más dependiente que nunca del impulso fiscal. La salida de las querellas no cierra la causa, pero reduce la presión procesal sobre uno de los expedientes más delicados para el Gobierno. En términos políticos y judiciales, la pregunta vuelve a ser la misma: si no avanzan las medidas clave y se excluye a quienes alegan haber sido damnificados, quién empujará la investigación hasta el final.
