Buenos Aires – 8 julio 2026 – Total News Agency – TNA — El Gobierno de Javier Milei avanzó con la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, y presentó la firma del contrato con el consorcio Jan de Nul-Servimagnus como el cierre de un proceso “transparente”. Sin embargo, la adjudicación quedó atravesada por graves señales de direccionamiento, objeciones técnicas, denuncias por pliegos a medida y advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre irregularidades que podrían derivar en reproches administrativos o penales.
La Hidrovía no es una obra más. Se trata del corredor fluvial más importante del país y una de las infraestructuras logísticas más sensibles del Mercosur. Por allí circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, especialmente producción agroindustrial, granos, derivados, combustibles, insumos industriales y carga estratégica. Su control implica dragado, balizamiento, peajes, información sensible de tráfico, logística portuaria y poder real sobre los costos de exportación.
El Gobierno adjudicó la concesión por 25 años a la unión transitoria integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, vinculada al grupo local de la familia Román. La concesión incluye operación, mantenimiento, modernización, señalización, cobro de peajes y obras sobre unos 1.400 kilómetros de vía navegable, en lo que medios internacionales definieron como la mayor privatización de la era Milei.
Desde el Ministerio de Economía se sostuvo que el proceso permitirá una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y que el nuevo esquema incorporará tecnología, seguridad en la navegación y mejoras operativas. Esa es la versión oficial. Pero el expediente llega al cierre contractual después de un proceso marcado por sospechas sobre el diseño del pliego, los plazos de presentación, la evaluación de ofertas, el sistema de puntajes y las condiciones para impugnar.
Uno de los puntos más cuestionados fue el costo para objetar formalmente decisiones de la licitación. Según la información relevada, cada impugnación exigía un pago de US$10 millones no reembolsables, una condición que en los hechos funcionaba como una barrera para que competidores o interesados pudieran discutir resoluciones de la comisión evaluadora. El Gobierno luego utilizó la ausencia de impugnaciones como argumento de transparencia, pero ese razonamiento queda debilitado si el propio esquema hacía casi impracticable cuestionar el procedimiento.
La PIA, órgano especializado del Ministerio Público Fiscal en la investigación de irregularidades administrativas y hechos de corrupción dentro de la Administración Nacional, ya había advertido sobre el cuadro. El organismo presentó un dictamen ante Comodoro Py en el expediente que investiga la licitación y señaló “serias y evidentes irregularidades” en el proceso. La presentación fue incorporada a la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la Fiscalía Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan.
El dictamen de la PIA, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, objetó aspectos centrales del procedimiento: redacción de los pliegos, cláusula anticorrupción, cesión del contrato, restricciones a impugnaciones, limitaciones societarias, obstáculos para la presentación bajo uniones transitorias y fallas en la evaluación de las ofertas. También advirtió sobre un “posible direccionamiento” del proceso, una expresión de alto impacto institucional tratándose de una concesión que definirá durante un cuarto de siglo el manejo de la principal autopista fluvial argentina.
La dimensión ambiental tampoco quedó despejada. La PIA observó que la audiencia pública habría estado condicionada por una entrega masiva de documentación —más de 9.000 páginas— en plazos exiguos, lo que habría impedido una participación ciudadana real y técnicamente seria. En una obra que involucra dragado permanente, sedimentos, ecosistemas ribereños, puertos, comunidades costeras y planificación de largo plazo, la evaluación ambiental no puede ser un trámite decorativo.
El otro competidor relevante, la belga DEME, también cuestionó el esquema. Según los datos disponibles, la firma sostuvo que el precio base fijado por el Gobierno implicaba un sobrecosto logístico para el flete y planteó alternativas más bajas. Reuters informó que DEME Group, asociada con la norteamericana KKR, presentó una nueva propuesta para recuperar el contrato de dragado del Paraná, con tarifas significativamente menores, luego de que Argentina recomendara adjudicar la concesión a Jan de Nul y Servimagnus. Jan de Nul, a su vez, rechazó esas críticas y calificó los planteos de costos de DEME como defectuosos y engañosos.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno habla de eficiencia, competencia y transparencia, los señalamientos de la PIA y las advertencias empresarias muestran una licitación rodeada de sombras. La pregunta política es si la administración Milei revisó realmente las objeciones o si decidió avanzar igual para garantizar el cierre de una privatización emblemática.
Total News Agency ya había publicado, el 15 de mayo de 2026, que la PIA había marcado irregularidades y posible direccionamiento en la licitación de la Hidrovía, en momentos en que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos en una misión política sensible para la Casa Rosada. En esa publicación, TNA también advirtió que el negocio excedía largamente a las dragadoras formales y que alrededor de la Hidrovía aparecían actores empresariales, portuarios, logísticos y políticos con llegada a diferentes terminales de poder.
Ese antecedente cobra hoy mayor relevancia. TNA ya había señalado las relaciones políticas atribuidas a sectores cercanos a Santiago Caputo, entre ellas vínculos mencionados en publicaciones periodísticas con empresarios del Grupo Neuss, además de nombres como Gustavo “El Turco” Elías, sectores vinculados al sindicalismo de Hugo Moyano, operadores logísticos y actores portuarios. La mención a esos nombres no constituye por sí misma una imputación penal, pero sí configura un dato político de peso: en una licitación estratégica y multimillonaria, cualquier cercanía entre empresarios del entorno del poder y actores beneficiados directa o indirectamente exige controles reforzados, no comunicados triunfalistas.
La presencia de Caputo en la trama política tampoco es menor. El asesor presidencial se consolidó como uno de los hombres más influyentes del Gobierno, con llegada directa a Milei y capacidad de intervención sobre áreas sensibles de la administración. Si el oficialismo pretende sostener una narrativa de transparencia, debe explicar no solo por qué se eligió a Jan de Nul-Servimagnus, sino también cómo se blindó el expediente frente a intereses oblicuos, intermediarios, socios locales y redes de influencia que suelen rodear los grandes negocios públicos.
La Hidrovía es, además, un activo geopolítico. Su control interesa a Estados Unidos, China, Europa y a los países del Mercosur porque define corredores logísticos, salida de alimentos, acceso a puertos, seguridad fluvial, competitividad exportadora y proyección regional. En ese tablero, una licitación cuestionada no es solo un problema administrativo: puede afectar la credibilidad del país ante inversores, organismos internacionales y socios estratégicos.
El Gobierno libertario llegó al poder prometiendo cortar con la casta, terminar con los privilegios y transparentar los negocios del Estado. Pero la concesión de la Hidrovía aparece como una prueba concreta de coherencia. Privatizar no es, por sí mismo, garantía de transparencia. Una privatización puede ser modernizadora si hay competencia real, pliegos equilibrados, controles ambientales serios y ausencia de beneficiarios ocultos. Pero también puede convertirse en un reparto de poder si el procedimiento nace condicionado.
El oficialismo insiste en que la concesión permitirá reducir costos, mejorar la navegación y atraer inversión privada. Son objetivos razonables para un país que necesita infraestructura, dólares y competitividad. El problema es que esos objetivos no justifican ignorar las advertencias de la PIA, las objeciones de competidores, las sospechas sobre los pliegos y la red de relaciones políticas que TNA ya había señalado alrededor del negocio.
La firma del contrato no cierra el caso. Al contrario, puede abrir una nueva etapa judicial, administrativa y política. Si las irregularidades marcadas por la PIA no fueron respondidas de manera sólida, la adjudicación podría quedar expuesta a impugnaciones, denuncias penales, planteos de nulidad, reclamos de competidores y cuestionamientos internacionales. En una concesión de 25 años, ese riesgo no es menor: es estratégico.
La Casa Rosada enfrenta ahora una pregunta incómoda: ¿la Hidrovía fue concesionada al mejor oferente o al consorcio que mejor encajaba en un pliego diseñado desde el inicio? Hasta que el Gobierno no responda punto por punto las observaciones, abra la documentación y explique la trama de intereses alrededor del contrato, la palabra “transparencia” seguirá sonando más a consigna que a prueba.
El país acaba de entregar el control operativo de su principal corredor exportador. Lo hizo pese a dictámenes críticos, denuncias de direccionamiento y antecedentes políticos ya publicados por TNA sobre relaciones empresariales en torno al negocio. En una Argentina que necesita reglas claras, la Hidrovía no puede quedar bajo la sospecha de haber sido otra gran concesión decidida entre pocos, explicada tarde y blindada por el poder.
