Buenos Aires – 4 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la detención de la extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y de la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, por las fallas de control que habrían permitido la producción y distribución de fentanilo contaminado en hospitales y clínicas del país. La medida volvió a colocar bajo presión al ministro de Salud, Mario Lugones, cuya cartera debió entregar documentación sobre movimientos internos de funcionarios y había sido apartada como querellante ante la posibilidad de que existieran intereses contrapuestos dentro del propio organismo estatal investigado.
Bisio fue arrestada en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, mientras Mantecón Fumadó se presentó acompañada por su abogado ante una dependencia policial. Ambas quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata y serían indagadas este miércoles en una causa que permanece parcialmente bajo secreto de sumario.
La investigación busca determinar por qué los organismos responsables de fiscalizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos no impidieron que ampollas elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo llegaran al mercado pese a las numerosas deficiencias detectadas previamente en las plantas productivas. ANMAT depende del Ministerio de Salud y el INAME constituye su área técnica central para el control de los laboratorios y de los medicamentos fabricados y comercializados en el país.
El expediente judicial investiga más de un centenar de muertes y decenas de pacientes con lesiones graves o secuelas físicas y psicológicas. Los informes públicos registraron cifras que fueron aumentando a medida que el Cuerpo Médico Forense analizaba historias clínicas y establecía la relación entre las infecciones y las bacterias encontradas en el fentanilo. Familiares de las víctimas llegaron a contabilizar al menos 124 fallecimientos, mientras distintas etapas del expediente confirmaron números menores de casos con vínculo médico ya establecido.
Las ampollas contenían microorganismos multirresistentes, entre ellos Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que fueron detectados tanto en los productos como en pacientes hospitalizados que habían recibido el anestésico. El fentanilo de uso clínico se administra a personas sometidas a cirugías, tratamientos intensivos o cuadros graves, por lo que la contaminación representaba un riesgo especialmente alto para organismos vulnerables.
El escándalo comenzó a tomar dimensión pública en mayo de 2025, después de que el Hospital Italiano de La Plata notificara un brote inusual de infecciones. ANMAT emitió el 8 de mayo una alerta por un desvío de calidad y cinco días después prohibió el uso, comercialización y distribución del fentanilo elaborado por HLB Pharma. El organismo también inhibió las actividades de HLB y Laboratorios Ramallo.
La secuencia anterior a esa prohibición constituye uno de los ejes más delicados del expediente. Inspectores del INAME habían revisado Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 y documentaron deficiencias críticas y mayores en producción, gestión de calidad, documentación, recursos humanos, depósitos y controles internos.
El lote contaminado 31.202 habría sido producido el 18 de diciembre de 2024, apenas días después de finalizada aquella inspección. Otro lote adulterado, el 31.244, compuesto por más de 151.000 ampollas, fue liberado al mercado el 6 de enero de 2025 y comenzó a comercializarse ese mismo mes.
Mantecón Fumadó había reconocido ante la Justicia que desde el 28 de noviembre de 2024 el laboratorio sabía que no superaba las exigencias de Buenas Prácticas de Fabricación y que no debía continuar elaborando productos hasta corregir las irregularidades detectadas. A pesar de esa situación, las medidas administrativas que impidieron formalmente la producción llegaron después de que los lotes cuestionados ya hubieran sido fabricados y distribuidos.
Una resolución firmada el 10 de febrero de 2025 advirtió que Laboratorios Ramallo no podía continuar su actividad productiva. Sin embargo, el juez señaló durante la investigación que no constaba la corrección de las deficiencias ni una clausura efectiva anterior a la inhibición dispuesta en mayo, cuando las muertes y las infecciones ya habían provocado la apertura de la causa penal.
El Gobierno apartó preventivamente a Mantecón Fumadó del INAME el 21 de agosto de 2025, cuando la pesquisa judicial ya había avanzado sobre los propietarios y responsables técnicos de los laboratorios. Bisio permaneció al frente de ANMAT durante varios meses más y dejó el organismo en enero de 2026 mediante una renuncia que el Ministerio de Salud presentó como motivada por razones personales.
La permanencia de Bisio había provocado cuestionamientos porque Lugones la respaldó públicamente durante las primeras etapas de la crisis, incluso después de conocerse los informes que advertían sobre las irregularidades en Ramallo. La detención de la exadministradora obliga ahora a revisar qué información recibió el ministro, cuándo fue informado sobre las fallas y qué decisiones tomó su cartera frente a las advertencias internas.
Kreplak ordenó además un requerimiento al Ministerio de Salud para obtener documentación sobre ingresos y egresos de personas a la sede de la cartera durante 2024 y 2025. El objetivo sería reconstruir reuniones, comunicaciones y contactos mantenidos durante el período en que los laboratorios continuaban operando pese a las observaciones de los inspectores.
La Justicia ya había realizado allanamientos en domicilios vinculados con autoridades de ANMAT e INAME y había incautado documentos, dispositivos y comunicaciones. A fines de julio, la fiscal María Laura Roteta solicitó nuevas medidas para avanzar sobre funcionarios y exfuncionarios de los organismos encargados de controlar los medicamentos.
Lugones había anunciado en julio de 2025 que el Ministerio de Salud se presentaría como querellante, cuando el número conocido de fallecidos todavía rondaba varias decenas. Posteriormente, el juez apartó a la cartera de esa posición al considerar que podía existir una contradicción entre su pretensión de acusar y la investigación sobre la actuación de organismos dependientes del propio ministerio.
La exclusión significó que Salud no podía actuar simultáneamente como parte acusadora mientras sus autoridades y dependencias quedaban sometidas al análisis judicial. El expediente comenzó entonces a diferenciar dos planos: las responsabilidades de los empresarios, directivos y técnicos que fabricaron y liberaron el medicamento y la actuación de los funcionarios que debían inspeccionar, sancionar e impedir que los productos defectuosos salieran al mercado.
En agosto de 2025 fueron detenidos Ariel García Furfaro, integrantes de su familia, directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Los acusados enfrentan imputaciones por adulteración de sustancias medicinales en concurso con peligro para la salud pública, una figura que contempla penas de hasta 25 años de prisión en los casos agravados por muertes.
La investigación determinó también que alrededor de 300.000 ampollas habrían sido distribuidas a más de un centenar de establecimientos sanitarios y que decenas de miles fueron administradas antes de que se ordenara su retiro. En diciembre de 2025, ANMAT informó que completó el recupero de 80.700 unidades que permanecían inmovilizadas en 40 establecimientos del país.
La falta de trazabilidad individual del fentanilo complicó la reconstrucción completa de su recorrido. Una resolución judicial indicó que este medicamento no estaba incorporado al sistema obligatorio de trazabilidad establecido por una disposición de ANMAT de 2016, lo que dificultó identificar rápidamente cada ampolla, su destino y los pacientes que la recibieron.
El caso había perdido presencia en la agenda pública después de las primeras detenciones de empresarios y técnicos, pero el arresto de Bisio y Mantecón Fumadó trasladó la investigación directamente al núcleo del sistema estatal de control sanitario. La documentación retirada del Ministerio de Salud podría determinar si las demoras respondieron a decisiones internas, fallas administrativas, omisiones de inspección o advertencias que no fueron atendidas.
Las exfuncionarias deberán explicar por qué un laboratorio que había acumulado observaciones críticas pudo continuar fabricando medicamentos inyectables, cómo se verificaba el cumplimiento de las medidas preventivas y quién autorizó o permitió la liberación de los lotes producidos después de las inspecciones.
La situación también vuelve a colocar a Lugones ante pedidos de explicaciones políticas. En 2025 ya había sido presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de juicio político por mal desempeño y eventuales responsabilidades relacionadas con la tragedia sanitaria, mientras familiares de las víctimas reclamaron que la investigación no se limite a los propietarios de los laboratorios.
Las indagatorias de Bisio y Mantecón Fumadó podrían abrir una nueva etapa del expediente, orientada a reconstruir la cadena de decisiones dentro de ANMAT, INAME y el Ministerio de Salud entre las inspecciones de finales de 2024, la producción de los lotes contaminados y la prohibición dispuesta en mayo de 2025.
Fuentes consultadas: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata; Fiscalía Federal de La Plata; Ministerio de Salud de la Nación; ANMAT; INAME; Instituto Malbrán; Cuerpo Médico Forense; Policía Federal Argentina
