Por RR
El desembarco de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola en Justicia coincidió con movimientos que alimentaron sospechas de una nueva etapa de pragmatismo judicial: la causa de la mansión vinculada a la AFA volvió a Campana, el expediente de las SIRA avanza sobre una trama que podría rozar el financiamiento electoral de 2023 y antiguos vínculos entre el massismo y el nacimiento político de Javier Milei regresaron al centro de la escena. Fuentes políticas y judiciales describen una suerte de tregua tácita donde los expedientes más explosivos pueden transformarse en instrumentos de negociación antes que en banderas de una supuesta “purga” anticorrupción.
Buenos Aires – 23 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La promesa de arrasar con “la casta” y revisar las grandes tramas de corrupción del kirchnerismo parece haber encontrado los límites del poder real. A casi tres años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las causas que amenazaban con abrir las entrañas financieras de la política, el fútbol y el comercio exterior comenzaron a cruzarse con nombres demasiado cercanos al oficialismo, a antiguos aliados del massismo y a operadores que hoy resultan necesarios para sostener gobernabilidad. En Comodoro Py crece una lectura incómoda: la ofensiva judicial habría dejado lugar a una etapa de pragmatismo donde nadie parece interesado en tirar demasiado fuerte de determinados hilos.
La investigación sobre las SIRA constituye probablemente el expediente que mejor explica esa cautela. El fiscal Franco Picardi investiga las irregularidades cometidas durante el gobierno de Alberto Fernández en el sistema mediante el cual la administración de Sergio Massa autorizaba importaciones y acceso a dólares oficiales en plena brecha cambiaria. En junio, un funcionario de ARCA declaró que decisiones relevantes sobre esas autorizaciones pasaban por un área entonces comandada por Germán Cervantes, subsecretario de Gestión de la Secretaría de Comercio y hombre vinculado con la estructura económica massista.
Pero la trascendencia política de la causa excede largamente los permisos de importación.
Una investigación publicada por Carlos Pagni reveló que en el expediente circula la sospecha de que parte de las fortunas originadas en operaciones vinculadas con las SIRA, financieras y arbitrajes cambiarios pudo haber terminado alimentando dos campañas presidenciales de 2023: la de Massa y la de Milei. La información periodística consignó además la existencia de numerosas versiones según las cuales fondos procedentes de ese entramado habrían llegado a los hermanos Milei a través del exministro de Economía y personas de su entorno. La hipótesis forma parte del contexto que rodea una investigación cuyo potencial explosivo alcanza a ambos lados de la grieta.
La posibilidad adquiere otro significado cuando se revisa la campaña de 2023.
Las versiones sobre una relación funcional entre el massismo y el crecimiento inicial de Milei no comenzaron después de las elecciones. En septiembre de aquel año, La Nación reconstruyó que el publicista Ramiro Agulla había recibido en 2020 un llamado del propio Massa, quien le preguntó si quería contactar a Eduardo Eurnekian y si necesitaba dinero para impulsar un espacio liberal. Agulla sostuvo posteriormente que trabajó sobre el nacimiento de Avanza Libertad sin recibir esos fondos, pero el episodio documentó un puente temprano entre el entonces referente del Frente Renovador y el universo político donde crecería el actual Presidente.
Durante la campaña de 2023 circularon además versiones en ámbitos políticos según las cuales al massismo podía convenirle fortalecer a Milei para quitarle votos al PRO y fragmentar la oposición en primera vuelta. Ese razonamiento tenía una lógica electoral evidente: un candidato libertario competitivo podía absorber votos que de otro modo hubieran terminado en Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, dificultando la llegada de Juntos por el Cambio al balotaje. Aquellas versiones hoy adquieren nueva relevancia frente a la investigación financiera sobre las SIRA.
El financiamiento de La Libertad Avanza ya había planteado interrogantes incluso antes de las elecciones. Investigaciones periodísticas describieron una estructura altamente descentralizada, donde candidatos y operadores provinciales financiaban actos y actividades, mientras empresarios eran convocados a colaborar con una fuerza que inicialmente carecía de un aparato territorial tradicional.
El expediente de las SIRA podría conectar ese universo con otra trama todavía más sensible: la AFA.
La investigación judicial identificó relaciones entre financieras utilizadas para operaciones cambiarias y estructuras vinculadas con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Entre ellas aparece Sur Finanzas, del empresario Ariel Vallejo, señalada como una pieza que articuló operaciones financieras con clubes y dirigentes. También emergieron contratos internacionales, sociedades intermediarias y movimientos millonarios que ampliaron progresivamente el alcance de las causas.
En paralelo, la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, valuada en alrededor de US$17 millones y atribuida a personas vinculadas con la conducción de la AFA, se convirtió en una batalla por la jurisdicción.
Después de meses de idas y vueltas, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el 14 de agosto que el expediente regresara al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, precisamente la jurisdicción solicitada por Luciano Pantano y Ana Conte, señalados en el expediente como supuestos testaferros. La decisión fue adoptada por mayoría con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Él primero busca ocupar una vacante de la Corte Suprema.
El traslado resulta significativo porque meses antes otra decisión judicial había retirado el expediente de Campana, después de que durante seis meses prácticamente no se registraran avances sobre Tapia y Toviggino. La investigación regresó ahora al mismo juzgado en un contexto donde aparecieron nuevas fotografías, documentación y objetos personales que reforzaron los vínculos de Toviggino con la propiedad.
El episodio coincide temporalmente con un cambio profundo dentro del Ministerio de Justicia.
En marzo, Milei designó ministro a Juan Bautista Mahiques, quien llegó acompañado por Santiago Viola como secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. El desembarco fue impulsado políticamente por Karina Milei y los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, según reconstruyeron distintas fuentes del oficialismo. Viola maneja ciertos hilos sencibles en la aduana.
Mahiques posee relaciones especialmente sensibles con el mundo del fútbol. Fue delegado de la AFA ante la FIFA, mantuvo vínculos institucionales con la entidad y su familia también aparece relacionada con estructuras disciplinarias del fútbol argentino. Su padre, el camarista Carlos Mahiques, fue fotografiado en celebraciones realizadas en la mansión de Villa Rosa, mientras su hermano Esteban Mahiques integró estructuras vinculadas con la AFA. Esos antecedentes fueron públicos antes de su nombramiento y provocaron cuestionamientos desde el momento mismo de su llegada al Ministerio.
La llegada del nuevo ministro coincidió además con el desplazamiento de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que se había convertido en uno de los principales frentes institucionales contra la conducción de la AFA. El movimiento alimentó interpretaciones sobre un eventual cambio de política oficial hacia Tapia y Toviggino, aunque simultáneamente ARCA, vinculada políticamente con el sector de Santiago Caputo, continuó promoviendo denuncias financieras contra sociedades relacionadas con la entidad futbolística.
Mahiques y Viola controlan ahora resortes decisivos de la política judicial del Ejecutivo. El secretario de Justicia representa además al Gobierno en el Consejo de la Magistratura, donde participa de la selección de magistrados y ocupa posiciones centrales dentro de la administración del organismo.
La administración de Milei tiene además por delante centenares de vacantes judiciales y fiscales. Al asumir, el nuevo equipo recibió unas 203 ternas de jueces pendientes de decisión y alrededor de 174 vacantes en fiscalías, un volumen suficiente para modificar durante años la composición de buena parte del Poder Judicial federal.
En ese contexto, cada expediente sensible adquiere valor político.
La causa SIRA puede tocar al massismo, pero también terminar planteando interrogantes sobre el origen de fondos vinculados con el crecimiento electoral libertario.
Las investigaciones sobre la AFA pueden comprometer a Tapia, Toviggino, empresarios, operadores financieros y dirigentes políticos, pero también exponer vínculos con funcionarios judiciales y personajes que hoy tienen llegada directa al Gobierno.
Los expedientes relacionados con Martín Insaurralde pueden alcanzar redes financieras, juego clandestino y estructuras municipales bonaerenses que también aparecen conectadas con actores presentes en las investigaciones de Picardi.
Así comienza a emerger una lógica distinta de aquella proclamada durante la campaña de 2023.
El relato político contra “los kukas” continúa siendo una herramienta fundamental de La Libertad Avanza, pero la administración cotidiana del poder exige votos en el Congreso, acuerdos territoriales, relaciones con gobernadores, control de organismos judiciales y convivencia con actores económicos que atravesaron gobiernos anteriores.
La supuesta purga fue reemplazada gradualmente por el realismo.
Ese cambio no implica que las investigaciones hayan desaparecido. Picardi continúa avanzando sobre las SIRA, las causas contra Tapia y Toviggino siguen abiertas y el expediente de la mansión acumula evidencia. Lo que cambió es el marco político en el cual esos procesos se desarrollan.
La pregunta ya no es solamente qué descubrirá cada causa.
La pregunta es qué ocurriría si todas avanzaran simultáneamente hasta el final.
Porque si la investigación sobre importaciones comprobara que parte de aquellos fondos terminó financiando campañas enfrentadas públicamente en 2023; si el expediente de la AFA reconstruyera por completo sus circuitos financieros y políticos; y si esas dos tramas terminaran conectándose con empresarios, operadores judiciales y dirigentes que atravesaron massismo, kirchnerismo y libertarismo, el resultado podría ser menos una investigación contra una facción política que una radiografía transversal del sistema de poder argentino.
Ese es precisamente el hilo que, según describen fuentes judiciales, muchos prefieren no tirar demasiado fuerte.
Fuentes consultadas: La Nación, investigaciones de Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera; actuaciones vinculadas con la causa SIRA a cargo del fiscal Franco Picardi; Cámara Federal de Casación Penal; Boletín Oficial de la República Argentina; Infobae; antecedentes judiciales de las investigaciones sobre la AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la mansión de Villa Rosa.
