La Cámara de Diputados aprobó por 144 votos contra 102 y 9 abstenciones la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno. La iniciativa establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda, elimina los adelantos transitorios al Tesoro, restringe la utilización de reservas y utilidades para financiar al Estado y endurece la remoción de las autoridades de la entidad. El texto pasa ahora al Senado, donde se jugará la transformación más profunda del BCRA desde la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012.
Buenos Aires – 26 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles una victoria legislativa de alto contenido económico y político al obtener en la Cámara de Diputados la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), destinada a impedir que futuros gobiernos utilicen la autoridad monetaria como fuente de financiamiento directo del gasto público.
El proyecto fue aprobado con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales y dialoguistas. La iniciativa será girada ahora al Senado, donde el oficialismo deberá reunir una nueva mayoría para convertirla en ley.
Milei celebró inmediatamente la votación en su cuenta de X y calificó la decisión como “un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien”, una definición que sintetiza la filosofía con la que el Gobierno presentó la reforma desde su anuncio.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, utilizó una imagen todavía más explícita durante el debate: “Le vamos a poner un candado al Banco Central, para que nunca más nos vuelva a pasar el kirchnerismo”.
La frase apunta al núcleo político de la iniciativa. El Gobierno sostiene que buena parte de los procesos inflacionarios argentinos estuvo vinculada con la utilización del BCRA para financiar déficits fiscales mediante emisión monetaria, transferencias de utilidades, adelantos transitorios y mecanismos que permitieron utilizar reservas internacionales para afrontar obligaciones del Tesoro.
La modificación más importante redefine el artículo referido a la misión del Banco Central y establece como objetivo central “preservar el valor de la moneda”.
La formulación recupera el espíritu de la Carta Orgánica aprobada en 1992 y modifica la reforma sancionada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se ampliaron los objetivos del organismo para incluir estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico con equidad social y otras funciones vinculadas con la orientación del crédito.
Para el Gobierno, esa ampliación permitió que la preservación del poder adquisitivo de la moneda dejara de ser una obligación excluyente y facilitó una utilización más amplia de la autoridad monetaria como herramienta de política económica.
El proyecto aprobado introduce además una prohibición especialmente relevante: el Banco Central ya no podrá financiar al Tesoro mediante adelantos transitorios.
La legislación vigente permite que el BCRA adelante fondos al Gobierno nacional dentro de determinados límites vinculados con la recaudación y la base monetaria. Esa puerta quedará cerrada si el Senado confirma el texto aprobado por Diputados.
También se restringe la compra directa de títulos públicos emitidos por el Estado nacional, las provincias y los municipios en el mercado primario, otro mecanismo mediante el cual un banco central puede transformar deuda pública en emisión monetaria.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, defendió ante las comisiones parlamentarias que la prohibición busca eliminar definitivamente la denominada dominancia fiscal, es decir, una situación en la cual las necesidades financieras del Tesoro terminan condicionando la política monetaria.
La reforma toca además uno de los mecanismos más utilizados durante los últimos veinte años para movilizar reservas internacionales: las Letras Intransferibles.
Estos títulos fueron entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de dólares de las reservas. El primer antecedente de gran magnitud se produjo en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Argentina canceló anticipadamente su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, durante las presidencias de Cristina Kirchner, su utilización se extendió para afrontar vencimientos de deuda pública.
El problema señalado por el actual Gobierno es que esas letras permanecieron dentro del activo del BCRA pese a no contar con un mercado líquido donde pudieran venderse inmediatamente.
El proyecto crea un mecanismo destinado a cancelar progresivamente tanto las Letras Intransferibles como los adelantos transitorios todavía existentes en el balance del Banco Central.
También elimina la utilización de las llamadas reservas de libre disponibilidad, reduciendo la posibilidad de transferir dólares de la autoridad monetaria para cancelar deuda del Tesoro.
Otro cambio significativo se refiere a las utilidades.
Hasta ahora, las ganancias contables del Banco Central podían terminar transferidas al Tesoro aun cuando parte de ellas proviniera de variaciones en la valuación de activos. La reforma establece que solamente podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas, después de constituir las reservas necesarias.
El objetivo es evitar que una valorización contable de bonos, oro, divisas u otros activos pueda transformarse automáticamente en pesos transferidos al Gobierno.
El propio informe monetario del BCRA correspondiente a julio explicó que la reforma pretende impedir “expansiones monetarias no respaldadas por una mayor demanda de dinero” y terminar de limpiar el balance de activos que la actual conducción considera carentes de valor realizable inmediato.
La independencia de la autoridad monetaria constituye otro de los puntos más controvertidos.
El proyecto endurece las condiciones para remover al presidente, vicepresidente y directores del Banco Central. La destitución deberá fundarse en causales específicas y requerirá una intervención mucho mayor del Congreso, incluida una mayoría agravada de dos tercios de los presentes en ambas cámaras.
Ese mecanismo generó cuestionamientos incluso entre sectores opositores que comparten la prohibición de financiar al Tesoro.
Durante el debate en comisiones, dirigentes de distintas bancadas plantearon que una exigencia tan elevada podría dejar a un presidente del BCRA nombrado por una administración anterior enfrentado políticamente con un nuevo gobierno y prácticamente imposibilitado de ser reemplazado.
La oposición mencionó como ejemplo al propio Bausili, cuyo nombramiento definitivo todavía generaba discusiones parlamentarias, y planteó el riesgo de que una autoridad monetaria permanezca en su cargo pese a mantener profundas diferencias con la política económica de un presidente elegido posteriormente.
Desde el BCRA respondieron que la coordinación entre la autoridad monetaria y Economía continuará siendo necesaria, pero que esa coordinación no debe transformarse en subordinación cuando el Tesoro reclama emisión para financiar su déficit.
Las críticas más duras provinieron de Unión por la Patria.
El diputado Itai Hagman cuestionó que el oficialismo presente ahora la independencia del Central como prioritaria después de haber mantenido durante los primeros años del gobierno de Milei una coordinación prácticamente total entre el Ministerio de Economía y la conducción de Bausili.
Sectores opositores también sostuvieron que limitar el mandato del BCRA exclusivamente a preservar el valor de la moneda puede reducir herramientas destinadas a sostener crédito, producción, empleo y desarrollo regional.
Ese es precisamente uno de los principales cambios conceptuales respecto de la reforma de 2012.
La actual Carta Orgánica otorga al Banco Central facultades para orientar crédito, establecer políticas diferenciadas destinadas a pequeñas y medianas empresas y economías regionales y promover el desarrollo económico con equidad social.
El proyecto libertario pretende volver a un esquema en el que la estabilidad monetaria ocupe el centro de la institución y las restantes políticas queden subordinadas a ese objetivo.
Durante el tratamiento también surgieron cuestionamientos sobre la localización de las reservas de oro argentinas y sobre la relación entre Bausili y el ministro de Economía Luis Caputo, con quien compartió actividades profesionales antes de ingresar al Gobierno.
El oficialismo evitó que esos asuntos desviaran el núcleo del debate y consiguió sostener una mayoría más amplia que los 129 votos necesarios para aprobar una ley ordinaria.
La votación mostró además la capacidad de La Libertad Avanza para construir mayorías con aliados en proyectos considerados estructurales por Milei.
Los 144 votos afirmativos superaron holgadamente el piso de mayoría simple y permiten al Gobierno llegar al Senado con una señal política relevante, aunque allí la composición parlamentaria obliga a una negociación diferente.
La aprobación ocurrió durante una sesión extensa en la que el oficialismo buscó avanzar también con Inocencia Fiscal II y otras iniciativas económicas.
Al comienzo de la jornada, LLA y sus aliados habían frenado intentos opositores para incorporar al temario proyectos destinados a aliviar el endeudamiento de familias, especialmente aquellas afectadas por tarjetas de crédito, préstamos personales y otras obligaciones financieras.
La reforma del Banco Central posee una dimensión que excede al gobierno de Milei porque pretende limitar legalmente las decisiones de futuras administraciones.
Si el Senado la convierte en ley, un próximo presidente que enfrentara déficit fiscal no podría recurrir nuevamente a adelantos transitorios del BCRA sin antes modificar otra vez la Carta Orgánica mediante el Congreso.
Allí se encuentra el “candado” mencionado por Bornoroni: trasladar una parte fundamental del programa monetario libertario desde una decisión administrativa hacia una restricción legal.
La experiencia argentina muestra, sin embargo, que la Carta Orgánica del Banco Central fue modificada repetidas veces según las concepciones económicas de cada gobierno.
La ley original de 1992 había establecido como misión fundamental preservar el valor de la moneda y consagrado una fuerte autonomía de la entidad. Después de la crisis de 2001 se introdujeron modificaciones y en 2012 el kirchnerismo amplió profundamente los objetivos y facultades del organismo.
Milei pretende ahora invertir ese ciclo y dejar jurídicamente vedados algunos de los instrumentos que los gobiernos anteriores utilizaron para financiarse.
El impacto inmediato sobre la inflación será limitado porque el actual Gobierno ya sostiene políticamente una estrategia de equilibrio fiscal y prácticamente eliminó el financiamiento monetario directo al Tesoro. La importancia de la reforma está fundamentalmente en hacer permanente por ley esa restricción y dificultar que pueda modificarse simplemente mediante decisiones del Ejecutivo o del directorio del Banco Central.
Para el Gobierno, esa institucionalización puede además mejorar las expectativas de inversores, acreedores y organismos internacionales al reducir el riesgo de que una futura crisis fiscal vuelva a trasladarse automáticamente hacia la emisión monetaria.
El Senado tendrá ahora la palabra sobre una reforma que modifica mucho más que una serie de artículos administrativos: define quién podrá utilizar el Banco Central, con qué objetivos y hasta dónde podrá llegar el Estado cuando necesite dinero para financiar sus gastos.
Fuentes consultadas: Cámara de Diputados de la Nación; Banco Central de la República Argentina (BCRA); texto vigente de la Ley 24.144 y sus modificatorias; documentación parlamentaria del proyecto de reforma; exposición de Santiago Bausili ante las comisiones de Finanzas y Presupuesto; Agencia Noticias Argentinas; antecedentes legislativos de las reformas de 1992, 2002 y 2012.
