La Cámara alta aprobó los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa las decisiones de los juzgados de Comodoro Py en causas de corrupción, lavado, crimen organizado y expedientes sensibles para el poder político. La designación formó parte de un paquete de 67 pliegos judiciales y se inscribe en el rediseño de la Justicia que impulsa Javier Milei. Durante el debate, José Mayans habló de una “crisis fenomenal” del Poder Judicial, cuyo deterioro institucional fue alimentado durante años también por los embates del kirchnerismo contra jueces, fiscales y tribunales.
Buenos Aires – 27 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El Senado de la Nación aprobó los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, tribunal que funciona como instancia revisora de las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py y por donde transitan algunas de las causas de corrupción y poder más sensibles del país.
La designación de ambos magistrados formó parte de un paquete de 67 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno y acordados previamente en la Comisión de Acuerdos, en una sesión que también incluyó tratados internacionales y otros nombramientos para cubrir vacantes en distintos fueros.
Los nombres de Bertuzzi y Yadarola tenían una importancia especial para la Casa Rosada. Ambos fueron seleccionados para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña, una de las instancias más influyentes de Comodoro Py porque revisa procesamientos, faltas de mérito, sobreseimientos, medidas cautelares y decisiones adoptadas por los jueces federales de primera instancia.
Por esa Cámara pasan expedientes relacionados con corrupción, delitos económicos, lavado de activos, crimen organizado, inteligencia y causas de alto impacto político.
La relevancia del tribunal quedó nuevamente expuesta durante este año porque deberá intervenir en expedientes sensibles para el Gobierno, entre ellos derivaciones de la investigación por la criptomoneda $LIBRA y actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), causas capaces de alcanzar directa o indirectamente a integrantes de la administración libertaria.
Bertuzzi ya integraba la Cámara Federal a partir de un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Su situación quedó judicializada durante años después de que el kirchnerismo cuestionara aquellos traslados y promoviera su regreso a los tribunales originales.
El magistrado terminó concursando para ocupar formalmente la misma vocalía que venía desempeñando, buscando así terminar con una situación institucional provisoria que llevaba años de discusión.
Yadarola, en cambio, fue seleccionado para ocupar la otra vacante de la Sala I y reemplazar el lugar que había quedado asociado al traslado de Leopoldo Bruglia.
La elección de ambos candidatos fue realizada dentro del proceso impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en coordinación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar sobre las más de 300 vacantes judiciales acumuladas que recibió el Gobierno.
La administración Milei convirtió la cobertura de esos cargos en uno de sus principales objetivos institucionales después de las dificultades que atravesó durante 2025 para conseguir acuerdos políticos en designaciones de mayor jerarquía.
Con los nombramientos tratados este jueves, el Gobierno avanza sobre una cantidad considerable de vacantes en juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías federales.
La votación estuvo precedida por una presentación judicial del magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N°7, actualmente encargado del juicio por la causa Cuadernos.
Castelli pidió una medida cautelar para suspender el concurso mediante el cual se buscaba cubrir su cargo original y reclamó además que el Senado frenara el tratamiento de los pliegos de Bertuzzi y Yadarola.
El planteo quedó relacionado con la prolongada disputa jurídica sobre los jueces trasladados durante el macrismo y las consecuencias de aquellos movimientos sobre sus cargos de origen.
La designación de Bertuzzi tiene precisamente uno de sus antecedentes en ese conflicto.
Durante el gobierno de Macri, Bertuzzi fue trasladado desde un tribunal oral hacia la Cámara Federal porteña. El kirchnerismo cuestionó posteriormente el procedimiento y, al regresar al poder en 2019, avanzó políticamente contra esos traslados.
En 2020, el Senado controlado por el entonces Frente de Todos rechazó prestar acuerdo a Bertuzzi y Bruglia en medio de un fuerte enfrentamiento con el Poder Judicial.
La disputa terminó llegando a la Corte Suprema, que permitió que ambos permanecieran provisoriamente en sus cargos hasta que se completaran los concursos correspondientes.
El proceso que culminó ahora con el acuerdo del Senado busca cerrar definitivamente aquel capítulo.
La discusión parlamentaria mostró además otra paradoja política.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, afirmó durante la sesión que el Poder Judicial argentino atraviesa una “crisis fenomenal” y sostuvo que se trata de uno de los poderes más desprestigiados del país.
Mayans aseguró que, según encuestas que mencionó durante su intervención, aproximadamente el 90% de la población desconfía de la Justicia.
El senador formoseño ya había expresado argumentos similares durante anteriores discusiones sobre la composición de la Corte Suprema, cuando sostuvo que más del 90% de los argentinos no confiaba en la eficacia, eficiencia ni imparcialidad del sistema judicial.
El diagnóstico sobre el deterioro de la confianza pública contiene, sin embargo, una dimensión política que atraviesa las últimas dos décadas.
El kirchnerismo, al que pertenece Mayans, mantuvo durante años una confrontación prácticamente permanente con sectores del Poder Judicial, especialmente cuando jueces y fiscales avanzaron sobre investigaciones por corrupción que alcanzaban a funcionarios o empresarios vinculados con sus gobiernos.
El conflicto incluyó intentos de modificar la estructura de la Justicia, campañas públicas contra magistrados, cuestionamientos a fiscales, reformas sobre el Consejo de la Magistratura, proyectos para ampliar o modificar la composición de la Corte Suprema y enfrentamientos particularmente intensos con los tribunales federales de Comodoro Py.
Uno de los episodios más recordados fue la denominada “democratización de la Justicia” impulsada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2013.
Aquella reforma pretendía, entre otras medidas, establecer la elección popular de los representantes de jueces, abogados y académicos dentro del Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema declaró posteriormente inconstitucionales aspectos centrales de la iniciativa.
Años después, el enfrentamiento se trasladó hacia magistrados que investigaban expedientes de corrupción.
La relación con la Justicia alcanzó niveles particularmente críticos durante las causas por Hotesur-Los Sauces, Cuadernos, Vialidad y otros expedientes vinculados con la ex presidente y su entorno.
La condena definitiva de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad profundizó todavía más esa confrontación política.
Dirigentes kirchneristas acusaron reiteradamente a jueces y fiscales de integrar estructuras de “lawfare”, mientras simultáneamente promovían iniciativas legislativas destinadas a alterar la composición y funcionamiento de tribunales considerados adversos.
El deterioro del prestigio judicial mencionado ahora por Mayans se produjo, por lo tanto, dentro de un proceso donde confluyeron demoras estructurales de la Justicia, escándalos internos, causas de corrupción, interferencias políticas y una disputa sostenida entre distintos gobiernos y magistrados.
Total News Agency ha señalado en distintas oportunidades que la degradación institucional no puede analizarse únicamente desde el funcionamiento interno de los tribunales: también debe observarse el modo en que sucesivas administraciones intentaron colonizar, disciplinar o condicionar sectores de la Justicia.
Ese fenómeno no fue patrimonio exclusivo de un partido político, pero durante los gobiernos kirchneristas alcanzó niveles particularmente visibles debido a la cantidad de reformas, enfrentamientos y operaciones políticas desplegadas alrededor del sistema judicial.
La designación de Bertuzzi posee precisamente esa carga histórica.
El juez fue durante años uno de los símbolos de la batalla entre el kirchnerismo y los magistrados trasladados por la administración Macri.
Ahora su nombramiento formal cuenta con el acuerdo del Senado y lo consolida dentro de una Cámara que tendrá intervención directa en expedientes sensibles tanto para el oficialismo actual como para la oposición.
Yadarola tendrá una responsabilidad equivalente.
La Cámara Federal porteña se encuentra integrada por dos salas y constituye uno de los tribunales con mayor capacidad para definir el destino inmediato de investigaciones federales.
Sus decisiones pueden confirmar o revocar procesamientos, ordenar nuevas medidas de prueba, modificar calificaciones jurídicas y revisar resoluciones que luego terminan llegando a Casación o a la Corte Suprema.
Por esa razón, cada modificación en su integración genera atención política.
La sesión permitió además que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunciara un nuevo movimiento legislativo: dentro de dos semanas comenzará en comisiones el debate de una reforma política que incluirá nuevamente el proyecto de Ficha Limpia.
Bullrich adelantó que la discusión incorporará cuestiones vinculadas con el sistema electoral, cantidad de partidos políticos, financiamiento y condiciones para impedir candidaturas de personas condenadas judicialmente.
La iniciativa de Ficha Limpia busca excluir de las listas electorales a candidatos que posean determinadas condenas penales, particularmente en casos de corrupción.
El proyecto adquiere una inevitable dimensión política por la situación de Cristina Kirchner, cuya condena en Vialidad quedó firme y actualmente cumple prisión domiciliaria.
La Libertad Avanza pretende avanzar sobre esa agenda inmediatamente después de haber consolidado una tanda significativa de nombramientos judiciales.
La secuencia legislativa muestra una estrategia más amplia de Milei: completar vacantes en los tribunales, modificar reglas institucionales y consolidar cambios que puedan sobrevivir a su mandato.
En Comodoro Py, los nombramientos de Bertuzzi y Yadarola tienen un efecto inmediato.
La Sala I de la Cámara Federal quedará integrada con magistrados que atravesaron concursos y acuerdos del Senado, cerrando una etapa de provisionalidad que durante años alimentó cuestionamientos y litigios.
Y será esa Cámara, fortalecida ahora con nuevas designaciones, la que deberá revisar decisiones en algunas de las causas más sensibles de la política argentina, incluyendo expedientes que alcanzan tanto a protagonistas de gobiernos anteriores como a figuras del actual oficialismo.
Fuentes consultadas: Senado de la Nación; Comisión de Acuerdos; antecedentes de los concursos judiciales de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola; decisiones de la Corte Suprema sobre jueces trasladados; actuaciones relacionadas con Germán Castelli; Infobae; La Nación; TN; Agencia Noticias Argentinas; declaraciones parlamentarias de José Mayans y Patricia Bullrich; antecedentes publicados por Total News Agency (TNA) sobre la relación entre política, Poder Judicial y reformas institucionales.
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