Por Darío Rosatti
Gran Bretaña invoca hoy la autodeterminación como un principio supuestamente inamovible para negarse a discutir la soberanía de las Malvinas. Sin embargo, su propia historia demuestra que Londres transfirió territorios, desmontó su imperio y negoció fórmulas de soberanía cuando la relación entre costos, poder e intereses estratégicos así lo aconsejó. Hong Kong, Chagos y hasta la evolución reciente de Gibraltar permiten observar una conducta mucho más pragmática que la doctrina que intenta imponerle a la Argentina.
La posibilidad de que Donald Trump revise la posición de Estados Unidos respecto de las islas Malvinas ha vuelto a colocar inesperadamente la controversia del Atlántico Sur dentro de la agenda internacional. Pero más allá de cuánto pueda durar la presión norteamericana sobre Londres —porque si Gran Bretaña satisface las exigencias de Washington respecto de sus compromisos militares con la OTAN, probablemente Trump pierda interés en utilizar Malvinas como instrumento de negociación—, la situación ofrece a la Argentina una oportunidad para volver a discutir uno de los argumentos centrales sobre los cuales el Reino Unido construyó durante las últimas décadas su negativa a negociar: la supuesta existencia de un principio absoluto de autodeterminación que convertiría la voluntad de los habitantes de las islas en un obstáculo insuperable para cualquier conversación sobre soberanía.
Ese argumento posee una enorme eficacia comunicacional, particularmente frente a sociedades occidentales acostumbradas a identificar la autodeterminación con libertad, democracia y derechos humanos. Sin embargo, cuando se compara el discurso británico sobre Malvinas con la propia historia del Imperio británico, aparece inmediatamente una contradicción difícil de disimular. Gran Bretaña jamás aplicó una doctrina única e inmutable para desprenderse de sus territorios coloniales. Por el contrario, durante buena parte del siglo XX administró la desaparición del mayor imperio territorial del planeta mediante independencias negociadas, transferencias de soberanía, acuerdos bilaterales, períodos de transición y fórmulas especiales destinadas a preservar aquellos intereses económicos, comerciales o militares que consideraba imprescindibles.
La lista es suficientemente extensa como para no admitir demasiadas discusiones: India, Pakistán, Birmania, Ceilán, Ghana, Nigeria, Kenia, Uganda, Jamaica, Trinidad y Tobago, Malta, Chipre, Mauricio, Bahamas, Barbados y numerosos territorios de Asia, África y el Caribe dejaron de integrar el Imperio británico cuando Londres comprendió que mantenerlos costaba política, económica o militarmente más de lo que aportaban. El proceso no respondió a una súbita conversión moral del imperio al anticolonialismo, sino a la modificación radical del equilibrio internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, al debilitamiento económico británico, al ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética y a la aparición de movimientos nacionales que convirtieron el mantenimiento de aquellas posesiones en una empresa cada vez más costosa.
El caso de Hong Kong constituye probablemente uno de los mejores ejemplos para comprender hasta qué punto los principios proclamados por Londres pueden adaptarse cuando la realidad estratégica cambia. Habitualmente se afirma que Gran Bretaña devolvió Hong Kong porque vencía en 1997 el arrendamiento por 99 años de los denominados Nuevos Territorios. Esto es correcto, pero sólo parcialmente: esos territorios representaban aproximadamente el 92 por ciento de la superficie de Hong Kong, mientras que la isla de Hong Kong y una parte de Kowloon habían sido cedidas a los británicos mediante tratados diferentes y sin fecha de vencimiento. Jurídicamente, Londres podía haber intentado conservar aquellas zonas. Políticamente, económicamente y geográficamente resultaba imposible sostener un pequeño enclave separado del resto frente a una China que ya estaba en condiciones de imponer su peso regional.
La respuesta británica fue negociar. La Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 estableció la transferencia de todo Hong Kong a China el 1° de julio de 1997 a cambio de un esquema de autonomía, continuidad del sistema económico y determinadas garantías institucionales durante cincuenta años. Millones de habitantes de Hong Kong no fueron convocados a un plebiscito para resolver si querían conservar la soberanía británica o incorporarse a China. Londres entendió que la relación de fuerzas había cambiado y procuró obtener mediante negociación las mejores condiciones posibles para una retirada inevitable.
La comparación con Malvinas resulta incómoda porque el Reino Unido sostiene allí exactamente la lógica inversa. Afirma que no puede siquiera comenzar una conversación sobre soberanía mientras los isleños no estén de acuerdo, presentando a la población actual como titular prácticamente excluyente del derecho a decidir el futuro del territorio. Sin embargo, existe una circunstancia histórica que no debería desaparecer nunca del planteo argentino: la población británica de las Malvinas fue implantada después de la ocupación de 1833, cuando las autoridades argentinas fueron expulsadas y comenzó posteriormente un proceso de colonización promovido por la potencia ocupante.
Esto explica además por qué la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas no utiliza para Malvinas la fórmula habitual de autodeterminación aplicada a otros procesos coloniales. La resolución reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llama a ambos gobiernos a negociar teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. No habla de sus “deseos” como factor determinante ni les reconoce capacidad para vetar la existencia misma de la negociación. Esa diferencia semántica no es accidental: responde precisamente a las características particulares de una controversia en la que la población instalada por la potencia administradora no puede transformarse retrospectivamente en el argumento utilizado para consolidar eternamente las consecuencias territoriales de aquella ocupación.
El reciente caso del archipiélago de Chagos vuelve todavía más evidente la elasticidad de los principios británicos. Durante décadas, Londres sostuvo su soberanía sobre esas islas del océano Índico y rechazó los reclamos de Mauricio, incluso frente a resoluciones internacionales y pronunciamientos desfavorables. Sin embargo, cuando las circunstancias diplomáticas comenzaron a modificar la relación entre costos y beneficios, Gran Bretaña negoció y en 2025 firmó un tratado reconociendo la soberanía mauriciana sobre la totalidad del archipiélago, incluida Diego García. La fórmula elegida resulta extraordinariamente reveladora: Londres puede ceder la soberanía formal porque consiguió preservar mediante un acuerdo de 99 años el activo que verdaderamente considera estratégico, la gigantesca base militar británico-estadounidense situada allí.
Chagos permite comprender con enorme claridad cómo funciona la política exterior británica cuando se separan los discursos de los intereses. Londres defendió durante años una posición soberana, resistió cuestionamientos internacionales y finalmente negoció cuando encontró una arquitectura capaz de proteger aquello que realmente necesitaba conservar. La soberanía, que aparecía públicamente como innegociable, dejó de serlo cuando pudo garantizarse la continuidad de la instalación militar. Es difícil encontrar un ejemplo contemporáneo más acabado de pragmatismo geopolítico.
Gibraltar presenta características distintas y sería incorrecto afirmar que Gran Bretaña lo entregó a España, porque eso no ocurrió. Londres continúa defendiendo formalmente la soberanía británica sobre el Peñón y sostiene que no la modificará sin consentimiento de sus habitantes. Pero incluso allí encontramos una notable capacidad para flexibilizar aquello que durante décadas parecía intocable. El acuerdo alcanzado en 2026 entre el Reino Unido y la Unión Europea, negociado estrechamente con España y las autoridades gibraltareñas, modificó aspectos fundamentales del régimen fronterizo, la movilidad, los controles Schengen, las aduanas, la cooperación policial y la integración económica con el territorio español.
¿Qué ocurrió para que Londres aceptara una solución que años antes hubiera generado enormes resistencias políticas? Brexit cambió las circunstancias. El aislamiento comenzó a afectar la economía del Peñón, complicó el tránsito cotidiano de trabajadores y obligó a encontrar un entendimiento práctico con España y Europa. Nuevamente apareció el mismo patrón: la retórica puede permanecer rígida mientras la realidad permite sostenerla; cuando los costos aumentan, Gran Bretaña negocia.
No debería sorprendernos. El imperio que durante siglos dominó océanos, rutas comerciales y territorios distribuidos por todos los continentes construyó su poder precisamente sobre una extraordinaria capacidad de adaptación. Confundir esa tradición con sentimentalismo colonial sería un profundo error. Gran Bretaña mantiene territorios cuando considera que hacerlo responde a sus intereses y negocia cuando llega a la conclusión de que conservarlos bajo las mismas condiciones dejó de ser conveniente.
Aquí aparece la verdadera importancia de Malvinas para Londres. No estamos hablando exclusivamente de las aproximadamente tres mil personas que viven en el archipiélago. Las islas proporcionan una posición estratégica excepcional en el Atlántico Sur, permiten proyectar presencia militar sobre una enorme superficie marítima, poseen recursos pesqueros, ofrecen potencial hidrocarburífero y constituyen una plataforma de enorme valor hacia la Antártida, un continente cuya importancia geopolítica probablemente aumentará durante las próximas décadas. Presentar toda esa arquitectura de intereses como una simple consecuencia de la voluntad democrática de los isleños constituye una manera extremadamente eficiente de envolver una cuestión estratégica tradicional dentro de un argumento moral contemporáneo.
Por eso la eventual revisión estadounidense impulsada por Trump merece atención, pero no ingenuidad. Si Washington está utilizando Malvinas para presionar a Gran Bretaña con el objetivo de que aumente sus aportes y responsabilidades dentro de la OTAN, existe una posibilidad concreta de que toda esta discusión desaparezca en cuanto Londres haga aquello que el presidente norteamericano exige. Trump no necesariamente descubrió de repente la justicia histórica del reclamo argentino; está empleando una cuestión sensible para aumentar el costo de la resistencia británica. Sería un grave error confundir una herramienta negociadora norteamericana con un respaldo estratégico permanente a Buenos Aires.
Pero también sería un error desperdiciar la oportunidad. El solo hecho de que Malvinas pueda aparecer como elemento de negociación entre Washington y Londres demuestra que el statu quo no es una construcción eterna. Las posiciones internacionales aparentemente inconmovibles dependen de circunstancias políticas, relaciones de poder y costos estratégicos. Precisamente eso enseña la historia de Hong Kong, Chagos y el proceso general de descolonización británico.
La Argentina necesita comprender esa lógica si pretende alguna vez modificar la situación. Repetir anualmente que las Malvinas son argentinas constituye una afirmación necesaria de soberanía, pero no alcanza para alterar el cálculo británico. Mientras Londres considere que conservar el archipiélago tiene beneficios estratégicos muy superiores a sus costos diplomáticos, no existirá un incentivo suficiente para negociar. El verdadero desafío consiste en construir durante décadas una política destinada a modificar progresivamente esa ecuación mediante alianzas internacionales, presencia efectiva en el Atlántico Sur, desarrollo fueguino, capacidades logísticas hacia la Antártida, investigación científica, pesca, energía y una diplomacia capaz de demostrar que la persistencia colonial británica tiene un costo creciente.
No se trata de convertir Hong Kong, Gibraltar o Chagos en equivalentes jurídicos de Malvinas, porque no lo son y pretenderlo debilitaría innecesariamente el argumento argentino. Se trata de demostrar algo diferente: el propio comportamiento histórico británico desmiente la idea de que Londres jamás negocia soberanía o de que la voluntad de una población local constituye para el Reino Unido un principio universal que prevalece automáticamente sobre cualquier otra consideración. Gran Bretaña aplica principios, pero también calcula intereses; invoca derechos, pero observa relaciones de fuerzas; proclama posiciones permanentes, pero sabe modificarlas cuando las circunstancias cambian.
Hong Kong fue transferido cuando retenerlo dejó de ser viable. Chagos será soberanamente mauriciano mientras Gran Bretaña conserva durante casi un siglo el activo militar que verdaderamente le interesa. Gibraltar continúa siendo británico, pero su funcionamiento cotidiano pudo ser profundamente flexibilizado cuando el Brexit hizo necesario un acuerdo con España. El denominador común no es la supuesta intangibilidad de los territorios, sino la formidable capacidad británica para negociar cuando llega el momento adecuado.
Malvinas permanece ocupada porque Londres todavía considera que conservarla resulta política, militar y estratégicamente conveniente. Ésa es la realidad que la Argentina debería colocar en el centro de su política exterior, evitando aceptar mansamente un discurso británico construido para presentar una cuestión de poder como si fuera exclusivamente un problema de autodeterminación. La historia demuestra que las posiciones imperiales dejan de ser inamovibles cuando cambia la ecuación que las sostiene.
La discusión que abrió Trump puede durar semanas, meses o desaparecer mañana si Gran Bretaña satisface sus demandas dentro de la OTAN. Pero deja una enseñanza que debería trascender la coyuntura: Londres negocia cuando descubre que negociar sirve mejor a sus intereses que mantenerse inmóvil. La tarea argentina consiste en trabajar para que algún día esa misma conclusión alcance también a las Malvinas.
Argentinos, a las cosas.
Darío Rosatti
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