El secretario de Estado aseguró en Quito que “vastos territorios” de México están controlados por organizaciones narcoterroristas y sostuvo que la ofensiva de Claudia Sheinbaum está lejos de ser suficiente. Washington ya avanzó contra un gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con Los Chapitos y mantiene abierta la posibilidad de una acción más directa si la cooperación bilateral no alcanza.
Quito – 10 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elevó este miércoles la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum al advertir que Washington terminará enfrentando a los cárteles mexicanos “de una forma u otra”, una formulación que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una intervención más agresiva contra organizaciones que la administración de Donald Trump considera una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.
Durante una escala en Quito, en el marco de una gira por Ecuador, Colombia y Perú, Rubio sostuvo que el esfuerzo mexicano contra el narcotráfico “no es ni de lejos suficiente” y afirmó que existen “vastos territorios” del país que ya no están gobernados por el Estado sino controlados por organizaciones criminales. Aunque reconoció que México hizo más que en administraciones anteriores para perseguir a esos grupos, remarcó que su capacidad militar, financiera y territorial continúa siendo demasiado elevada.
“Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal. Pero, eventualmente, esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una forma u otra”, afirmó Rubio, dejando deliberadamente abierta la naturaleza de una eventual acción estadounidense. El jefe de la diplomacia norteamericana describió a los cárteles como estructuras capaces de desafiar al propio Estado mediante asesinatos de candidatos, jueces, periodistas y dirigentes políticos, además de disponer de drones, redes sofisticadas de tráfico y capacidad para trasladar drogas y migrantes a través de la frontera.
La advertencia no aparece aislada. La administración Trump viene ampliando el uso de herramientas propias de la lucha antiterrorista contra organizaciones criminales latinoamericanas y, durante la misma visita a Ecuador, Rubio anunció la designación de Los Tiguerones como organización terrorista extranjera y defendió la posibilidad de emplear fuerza militar contra estructuras narcotraficantes cuando sean consideradas una amenaza inmediata. Washington también prevé solicitar al Congreso unos US$45 millones adicionales para reforzar operaciones de seguridad y lucha antidrogas en Ecuador.
México aparece, sin embargo, como el caso más delicado por su tamaño, su frontera común de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y el poder acumulado durante décadas por el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones. El propio secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, reconoció recientemente que, aunque el Cártel de Sinaloa ha sido debilitado, mantiene una importante capacidad económica y de fuego que el Gobierno todavía necesita reducir.
La presión estadounidense se trasladó además al terreno político. En abril, fiscales federales de Estados Unidos imputaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dirigente de Morena, por supuestos delitos de narcotráfico, sobornos y protección al grupo Los Chapitos. La acusación sostiene que Rocha y otros nueve funcionarios habrían colaborado con esa facción del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y pagos ilegales. Rocha rechazó las imputaciones y las calificó como una operación políticamente motivada, mientras el gobierno de Sheinbaum cuestionó que Washington hubiera aportado elementos suficientes para justificar una detención o extradición.
Ese expediente marcó un salto cualitativo: por primera vez en esta etapa de la ofensiva antidrogas estadounidense, el foco dejó de estar exclusivamente sobre jefes de organizaciones criminales y alcanzó a un gobernador en funciones perteneciente al partido oficialista mexicano. La maniobra profundizó la desconfianza de Sheinbaum, que viene denunciando intentos de injerencia norteamericana y ha insistido en que cualquier cooperación debe respetar estrictamente la soberanía mexicana.
La relación entre Sheinbaum y Trump atraviesa, de hecho, una etapa de tensión intermitente. La presidenta mexicana ha respondido en reiteradas ocasiones a gestos provocadores de Washington defendiendo que México es un país “libre, independiente y soberano” y que no aceptará convertirse en colonia ni protectorado de ninguna potencia extranjera.
El choque central está ahora en la definición misma de la amenaza. Para Washington, los grandes cárteles dejaron de ser únicamente organizaciones criminales y pasaron a ser tratados como estructuras híbridas, con características paramilitares, capacidad transfronteriza y potencial para justificar respuestas que exceden la cooperación policial tradicional. Para México, en cambio, aceptar esa lógica podría abrir la puerta a operaciones extranjeras dentro de su territorio bajo una justificación de seguridad nacional estadounidense.
Rubio intentó mantener una puerta abierta a la cooperación, pero su mensaje fue inequívoco: Estados Unidos preferiría actuar junto al gobierno mexicano, aunque no condicionará indefinidamente su estrategia a esa asociación. Esa definición, pronunciada mientras Washington profundiza sanciones, acusaciones penales y designaciones terroristas contra organizaciones de la región, convierte la discusión sobre los cárteles en uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral.
La advertencia adquiere una dimensión adicional porque la administración Trump viene demostrando en otros países que pretende combinar diplomacia, cooperación de seguridad y capacidad militar como parte de una misma estrategia regional. En Ecuador, Rubio elogió abiertamente al presidente Daniel Noboa por su ofensiva contra las organizaciones del narcotráfico y anunció nuevos recursos, patrulleras y apoyo operativo, mientras Estados Unidos amplía una arquitectura de seguridad que busca contener a los grupos criminales antes de que sus redes alcancen territorio norteamericano.
El mensaje final hacia México es, por lo tanto, más amplio que una crítica a los resultados de Sheinbaum. Washington está avisando que considera a los cárteles una amenaza estratégica y que pretende reducir su control territorial, financiero y militar con o sin una respuesta equivalente de las autoridades mexicanas. La verdadera disputa de los próximos meses no será solamente cuánto puede hacer México contra el narcotráfico, sino hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a llegar si concluye que la cooperación de su vecino sigue siendo insuficiente.
Fuentes consultadas: Reuters; Associated Press; Departamento de Estado de Estados Unidos; El País; Forbes México; La Jornada; declaraciones de Marco Rubio en Quito; información oficial y periodística sobre el caso de Rubén Rocha Moya y la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
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