El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense lanzó una contratación logística por seis meses que ya genera cuestionamientos entre empresarios del sector. El presupuesto asciende a $1.878,6 millones, equivale a $31.000 por pallet y contiene una matriz de costos que asigna $826 millones a mano de obra, casi $700 millones a maquinaria y $244 millones a combustibles, aunque los pliegos no permiten reconstruir con claridad cómo se llegó a esas cifras.
La Plata – 10 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, conducido por Andrés Larroque, abrió una licitación pública por $1.878.600.000 para contratar durante seis meses un servicio integral de almacenaje, administración y logística de mercadería, pero la estructura económica del pliego ya despertó fuertes cuestionamientos entre empresarios del sector por costos que aparecen elevados y cuya composición resulta difícil de reconstruir a partir de la documentación publicada.
La contratación prevé dos centros logísticos exclusivos en el segundo cordón del conurbano: uno de al menos 6.000 metros cuadrados en cercanías de la autopista Ezeiza-Cañuelas y otro de 8.500 metros cuadrados próximo a la Ruta Nacional 7 y Acceso Oeste. En total, la provincia exige 14.500 metros cuadrados cubiertos, además de servicios de carga y despacho, manejo de inventarios, personal operativo, vigilancia durante las 24 horas, seguros, limpieza, desinfección, infraestructura de almacenamiento y equipamiento.
El volumen previsto por el propio pliego es de 10.100 pallets mensuales, 4.500 en la Zona I y 5.600 en la Zona II. Durante los seis meses de vigencia, la contratación alcanzaría así 60.600 pallets. Dividido el presupuesto oficial por esa cantidad, el resultado es exacto: $31.000 por pallet. Esa cifra, por sí sola, no permite establecer la existencia de un sobreprecio porque el servicio incorpora múltiples prestaciones, pero sí obliga a mirar con mayor detenimiento cómo fue construido el presupuesto.
Allí aparecen las principales inconsistencias. El pliego asigna el 44% del costo total a mano de obra y cargas sociales, el 37% a maquinaria y equipos, el 13% a combustibles y lubricantes y apenas el 6% restante a gastos generales. Llevado a pesos, la fórmula implica aproximadamente $826 millones en personal, $695 millones en maquinaria, $244 millones en combustibles y $113 millones en gastos generales.
El problema es que la documentación pública no ofrece una base suficientemente detallada para auditar esos porcentajes. Aunque casi la mitad de la licitación se atribuye al costo laboral, el pliego no fija una dotación mínima obligatoria ni identifica cuántos operarios, supervisores, administrativos o encargados deberán trabajar en cada centro. Tampoco exhibe una plantilla salarial que permita comprender cómo se llegó a una incidencia del 44% sobre el presupuesto total.
La situación se repite con maquinaria y equipos. El contrato reserva casi $700 millones a ese rubro, pero las especificaciones técnicas conocidas exigen como mínimo dos autoelevadores eléctricos de 2,5 toneladas y una apiladora eléctrica de diez metros, junto con cámaras, mobiliario e infraestructura de almacenamiento. Empresarios consultados por medios bonaerenses sostienen que ese porcentaje aparece muy por encima de lo habitual y remarcan que el pliego no incorpora un inventario valorizado que permita comprobar por qué los equipos representan más de un tercio del valor de la contratación.
El componente que genera todavía más interrogantes es el combustible. El Ministerio le asigna un 13% del costo total, equivalente a unos $244 millones, pese a que los equipos de movimiento interno exigidos expresamente son eléctricos. La documentación establece tareas de seguimiento de la mercadería hasta destino, pero no surge con claridad que el contratista deba aportar una flota propia de camiones para la distribución provincial. Esa ausencia vuelve difícil identificar qué consumo concreto justificaría semejante peso de combustibles y lubricantes dentro de la estructura económica.
También llama la atención el tratamiento de los inmuebles. El adjudicatario debe disponer de al menos 14.500 metros cuadrados cubiertos de uso exclusivo y acreditar título de propiedad, contrato de alquiler, comodato u otro instrumento válido durante toda la vigencia del servicio, pero la matriz de costos no individualiza un componente específico destinado al alquiler o uso de esos depósitos.
Ese vacío adquiere mayor relevancia cuando se lo compara con precios actuales de mercado. En la zona oeste del conurbano se ofrecen depósitos industriales y logísticos en torno a US$5 por m² mensuales en Moreno y hasta US$7 o US$7,5 por m² en desarrollos de mayor categoría próximos a Acceso Oeste y General Rodríguez. Un depósito premium de 8.000 m² en Moreno, por ejemplo, se ofrece a US$60.000 mensuales, equivalentes a US$7,5 por m²; otro de 5.000 m² en General Rodríguez se ofrece a US$35.000 mensuales, alrededor de US$7 por m².
Eso no permite trasladar mecánicamente esos valores al contrato de Larroque, porque aquí se compran también servicios, personal y operación logística. Pero sí muestra por qué resulta llamativo que uno de los insumos fundamentales —los depósitos— no aparezca discriminado mientras otros rubros, como combustibles o maquinaria, absorben cientos de millones de pesos sin una explicación pública equivalente.
La contratación, además, puede superar ampliamente los $1.878,6 millones iniciales. El artículo 33 del pliego habilita un incremento de hasta 50% en caso de necesidad, contempla una prórroga por igual período y permite redeterminaciones cuando la variación ponderada de costos supere el 5%. En la práctica, el monto anunciado funciona apenas como punto de partida de una obligación potencialmente mucho mayor para las cuentas bonaerenses.
Los cuestionamientos no son nuevos. En junio, el mismo Ministerio había quedado bajo observación por otra contratación logística vinculada con un depósito durante seis meses por $364,8 millones, operación que también despertó dudas por el monto, las condiciones geográficas requeridas y los antecedentes del adjudicatario. El nuevo llamado vuelve a instalar la misma pregunta: con qué metodología Desarrollo de la Comunidad calcula cuánto debe pagar por depósitos, logística y operación.
La sospecha de direccionamiento, planteada por actores del sector, surge precisamente de esa combinación de requisitos específicos y una estructura de costos poco transparente. Un empresario fue contundente: “Pareciera hecho a medida de alguien”, seun informó Realpolitik. Otro cuestionó directamente cómo puede asignarse 13% a combustibles cuando los equipos mínimos exigidos son eléctricos. Son acusaciones que deberán ser probadas, pero que encuentran terreno fértil en un pliego cuya aritmética no termina de explicar sus propios números.
La cuestión central no es afirmar hoy que existe un sobreprecio, sino algo más básico y administrativamente exigible: el presupuesto oficial de casi $1.900 millones debería poder ser reconstruido, rubro por rubro, con parámetros verificables. Cuando la mano de obra vale $826 millones sin una dotación mínima publicada, la maquinaria absorbe casi $700 millones sin inventario valorizado, los combustibles insumen $244 millones en una operación cuyo equipamiento interno es eléctrico y el costo inmobiliario ni siquiera aparece individualizado, la licitación deja de ser solamente cara y pasa a convertirse en una contratación cuya lógica económica reclama una explicación pública urgente.
Fuentes consultadas: REALPOLITIK; pliegos de la licitación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; publicaciones inmobiliarias y logísticas de Argenprop para Moreno, General Rodríguez y parques industriales del conurbano oeste; antecedentes públicos de contrataciones logísticas de la cartera conducida por Andrés Larroque.
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