Una carta respaldada por legisladores de casi todo el arco político europeo reclama reabrir el debate sobre los activos soberanos rusos congelados en la Unión Europea y utilizarlos para sostener a Ucrania. Kiev enfrenta un agujero de decenas de miles de millones de euros para financiar su defensa, mientras Bélgica teme quedar expuesta a litigios por alojar en Euroclear la mayor parte de los fondos inmovilizados.
Bruselas – 10 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Un grupo de 122 eurodiputados de distintas familias políticas reclamó a las máximas autoridades de la Unión Europea que retomen el debate sobre el uso de los activos soberanos rusos congelados para financiar a Ucrania, en momentos en que Kiev enfrenta una creciente presión presupuestaria y varios gobiernos europeos muestran resistencia a comprometer nuevas partidas provenientes de sus propios presupuestos nacionales.
La iniciativa tiene un peso político particular porque reúne firmas del Partido Popular Europeo, Renew Europe, Socialistas y Demócratas, Verdes/ALE, Conservadores y Reformistas Europeos y La Izquierda, una amplitud poco habitual en un asunto que divide desde hace años a los Estados miembros. La carta fue impulsada por los liberales Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau y Petras Auštrevičius y está dirigida a Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Valdis Dombrovskis, António Costa y al primer ministro irlandés Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El argumento central de los firmantes es directo: Rusia debe asumir las consecuencias financieras de la guerra que inició contra Ucrania y los recursos inmovilizados en territorio europeo deberían convertirse en parte del mecanismo de reparación y financiamiento. La presión se intensificó después de que Suecia, Países Bajos, España y Polonia relanzaran a fines de agosto una iniciativa para volver a examinar fórmulas legales capaces de utilizar esos activos sin dejar a un solo Estado expuesto a las represalias judiciales de Moscú.
La cifra en juego es gigantesca. La UE mantiene inmovilizados aproximadamente €210.000 millones en activos del Banco Central de Rusia, la mayor parte bajo custodia de Euroclear, con sede en Bélgica. Hasta ahora, Bruselas ha utilizado principalmente las ganancias extraordinarias producidas por esos fondos, pero evitó apropiarse o movilizar directamente el principal por temor a conflictos con el derecho internacional, riesgos financieros y eventuales reclamos rusos.
El problema para Ucrania es que el tiempo juega en contra. El gobierno de Kiev viene advirtiendo sobre una de las situaciones presupuestarias más difíciles desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. Las estimaciones oscilan entre €23.000 millones y €27.000 millones adicionales necesarios para cubrir el déficit de defensa de 2026, mientras el ministro de Finanzas, Sergii Marchenko, sostuvo que el país podría verse obligado a recortar gastos no militares si los aliados no encuentran nuevas fuentes de financiamiento.
La Unión Europea ya aprobó a comienzos de este año un paquete de apoyo por €90.000 millones, pero incluso ese volumen comienza a resultar insuficiente frente al costo prolongado de la guerra. Algunos gobiernos ya plantearon adelantar parte de los desembolsos previstos para 2027, mientras Ucrania reclama que Europa busque mecanismos menos dependientes de nuevas transferencias fiscales nacionales.
La resistencia más fuerte continúa viniendo de Bélgica. El gobierno del primer ministro Bart De Wever teme que cualquier utilización directa del capital congelado convierta al Estado belga y a Euroclear en blancos de litigios multimillonarios iniciados por Rusia. La preocupación no es abstracta: el volumen retenido en Bruselas convierte al país en el principal custodio del dinero y, por lo tanto, en el más expuesto a eventuales decisiones judiciales o medidas de represalia. Italia, Bulgaria y Malta también expresaron reservas.
La nueva propuesta intenta precisamente superar ese obstáculo. Los eurodiputados sugieren transferir los activos a un nuevo instrumento de la Unión Europea que asumiría las obligaciones jurídicas frente al Banco Central ruso, distribuyendo el riesgo entre los 27 Estados miembros en lugar de concentrarlo sobre Bélgica. Una variante discutida recientemente propone incluso crear un custodio europeo bajo el artículo 122 de los tratados, manteniendo formalmente a Rusia como propietaria nominal hasta que Moscú pague reparaciones por los daños causados.
Ese diseño busca evitar una confiscación lisa y llana, que continúa siendo jurídicamente controvertida. La arquitectura permitiría utilizar los activos como respaldo para financiar a Ucrania, manteniendo al mismo tiempo una obligación futura hacia Rusia condicionada al pago de reparaciones. El objetivo político es claro: transformar un dinero hoy inmovilizado pero improductivo desde el punto de vista bélico en una fuente de financiamiento directamente vinculada con el costo de la invasión.
El debate cobró además un impulso inesperado esta semana cuando el Tribunal General de la Unión Europea rechazó una demanda de Hungría contra el mecanismo que utiliza los beneficios extraordinarios generados por activos rusos congelados para financiar ayuda militar a Ucrania. Aunque la sentencia no autoriza por sí misma a disponer del principal, sí debilitó uno de los intentos políticos de bloquear el uso de los rendimientos derivados de esos fondos.
La dimensión económica del problema va mucho más allá del presupuesto ucraniano. Los daños provocados por la guerra ya superan ampliamente los €600.000 millones, según las estimaciones citadas por los eurodiputados, y continuarán creciendo mientras persistan los ataques sobre infraestructura, ciudades y capacidad productiva. Desde esa perspectiva, mantener intactos €210.000 millones pertenecientes al Estado agresor mientras Europa financia la reconstrucción y la defensa con recursos propios resulta cada vez más difícil de explicar políticamente.
La cuestión que ahora deberá resolver Bruselas no es ya si los activos rusos permanecerán congelados, sino si Europa está dispuesta a cruzar el siguiente umbral y convertirlos en una herramienta financiera contra Moscú. Con Kiev necesitando decenas de miles de millones adicionales y los gobiernos europeos cada vez más reticentes a abrir nuevamente sus tesorerías, la presión parlamentaria apunta a una fórmula que resume una posición que gana terreno en la UE: si la guerra fue iniciada por Rusia, una parte sustancial de su costo debería dejar de recaer sobre los contribuyentes europeos y comenzar a salir del propio patrimonio estatal ruso inmovilizado en Europa.
Fuentes consultadas: Euronews; Parlamento Europeo; Comisión Europea; antecedentes sobre Euroclear y los activos soberanos rusos congelados; declaraciones del ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko; resoluciones recientes del Tribunal General de la Unión Europea.
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