Una denuncia presentada por la propia Armada Argentina ante la Justicia Federal reveló un presunto sistema de manipulación de haberes que habría permitido realizar 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026. El mecanismo presenta una inquietante semejanza operativa con fraudes investigados durante décadas en la Policía Bonaerense mediante las denominadas horas CORES: generar o alterar administrativamente conceptos de pago, acreditar dinero estatal a determinados beneficiarios y ocultar posteriormente la diferencia respecto del servicio o haber realmente correspondiente. En el caso naval, cuatro personas que ni siquiera tenían relación laboral con la fuerza aparecen entre quienes recibieron fondos.
Buenos Aires – 16 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La Armada Argentina quedó bajo investigación de la Justicia Federal después de que una auditoría interna descubriera un presunto circuito de manipulación de haberes que habría permitido transferir casi $1.000 millones a un grupo reducido de beneficiarios mediante modificaciones realizadas entre la liquidación del salario y la confección del archivo finalmente enviado al Banco de la Nación Argentina.
La denuncia fue presentada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Ramiro González. La propia fuerza informó que los involucrados detectados administrativamente fueron separados de sus funciones mientras avanza la investigación destinada a establecer responsabilidades penales.
La dimensión inicial del expediente es considerable: la auditoría reconstruyó 645 acreditaciones consideradas irregulares a 23 personas por un total histórico de $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Fuentes vinculadas con la investigación señalaron además que el universo bajo análisis podría aproximarse a 50 personas y que el perjuicio económico eventualmente podría alcanzar los $1.500 millones, aunque esa estimación todavía no forma parte del monto formalmente denunciado ante la Justicia.
El funcionamiento atribuido al sistema resulta especialmente significativo. Los controles ordinarios se realizaban sobre la liquidación de haberes, pero posteriormente, en una instancia previa a la transmisión del archivo definitivo al Banco Nación, determinados registros habrían sido modificados para incrementar importes o incorporar pagos que no tenían respaldo en salarios efectivamente liquidados. Una vez confeccionado el lote destinado al banco, los valores eran restituidos a sus montos originales dentro del sistema, de manera que el recibo disponible posteriormente en Haberes-Web podía mostrar una cifra distinta de la efectivamente depositada.
En términos sencillos: el sistema podía registrar que una persona debía cobrar determinada cantidad, modificar ese valor antes de enviar la orden bancaria, acreditar una suma superior y posteriormente devolver el registro administrativo a su valor original. La diferencia quedaba entonces fuera del recibo salarial que aparecía como respaldo formal del pago.
Ese procedimiento encuentra un antecedente conceptualmente semejante en una modalidad de fraude que la Justicia bonaerense investigó repetidamente alrededor de las denominadas horas CORES de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No se trata de afirmar que ambas investigaciones tengan los mismos autores, conexiones o exactamente la misma ingeniería informática, sino de señalar una coincidencia operativa central: utilizar el circuito administrativo de remuneraciones extraordinarias para generar acreditaciones estatales que no correspondían con prestaciones realmente efectuadas o con los importes legítimamente devengados.
Las CORES —Compensación por Recargo de Servicio— son horas extraordinarias abonadas al personal policial por servicios realizados fuera de su jornada habitual. Pero desde hace décadas existen expedientes judiciales y denuncias internas sobre efectivos anotados por horas que no habían trabajado, servicios registrados administrativamente que no se cumplían y mecanismos mediante los cuales parte del dinero cobrado debía ser posteriormente entregado a superiores.
Ya en 1999, la Justicia bonaerense ordenó la detención de 37 policías por una presunta estafa vinculada con fondos correspondientes a horas extraordinarias. Una de las investigaciones alcanzó las CORES destinadas a custodias en la República de los Niños entre 1992 y 1995 y otras partidas presupuestarias de manejo discrecional.
Un año después aparecieron nuevos casos. En San Martín, catorce integrantes de la Bonaerense fueron acusados de integrar una asociación ilícita relacionada con el cobro de servicios adicionales que no habrían sido efectivamente realizados. Otra investigación llevó al secuestro del libro de horas CORES del Comando de Patrullas de San Miguel, donde los fiscales detectaron registros sospechosos y hasta anotaciones alteradas.
El mecanismo sobrevivió al paso de los años. Investigaciones posteriores describieron dependencias donde los agentes figuraban cumpliendo horas extraordinarias que en realidad no realizaban y luego entregaban parte de lo percibido a sus superiores. En otros expedientes aparecieron denuncias según las cuales policías debían devolver entre el 50 y el 70 por ciento del dinero recibido por CORES, mientras investigaciones de Asuntos Internos registraron acusaciones contra jefes que exigían hasta la mitad de lo depositado en las cuentas sueldo de sus subordinados.
La Comisión Provincial por la Memoria, al analizar prácticas de corrupción policial, describió también casos de administración ilegal de fondos correspondientes a CORES y POLAD —Policía Adicional—, con acreditaciones simuladas de servicios para generar ingresos indebidos y posteriores retornos de una parte del dinero. La analogía con el caso de la Armada aparece precisamente en ese punto: la utilización del sistema oficial de pagos como vehículo para convertir registros administrativos presuntamente falsos o alterados en dinero efectivamente acreditado.
La investigación naval comenzó, paradójicamente, con una anomalía mucho más pequeña. En febrero de este año, durante el control de los haberes correspondientes a enero, fueron detectados cinco agentes del Departamento Revista que habían percibido suplementos que aparentemente no les correspondían. Inicialmente no estaba claro si se trataba de errores administrativos o de modificaciones deliberadas y los involucrados devolvieron posteriormente el dinero.
Pero el episodio llevó a ampliar los controles hacia períodos anteriores y allí apareció una secuencia mucho más difícil de explicar como equivocación. Los investigadores comenzaron a comparar las liquidaciones formalmente confeccionadas con los archivos de acreditación enviados al Banco Nación y encontraron importes incorporados que no figuraban en los recibos, duplicaciones y pagos correspondientes a personas cuya relación con la Armada no podía establecerse.
Entre los 23 beneficiarios identificados inicialmente aparecen militares en actividad, retirados, personal civil y cuatro personas sin vínculo laboral o funcional con la fuerza. Uno de esos casos adquirió especial relevancia porque se trataría de la esposa de quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Revista, precisamente uno de los sectores involucrados en el circuito administrativo bajo análisis.
Ese elemento puede resultar decisivo para determinar si existió una organización interna con capacidad para intervenir sucesivamente en diferentes etapas del procesamiento de los haberes. Para que una alteración pudiera transformarse en una transferencia bancaria y posteriormente desaparecer del recibo visible sería necesario establecer quién tenía permisos de acceso a los sistemas, quién confeccionaba los lotes bancarios, quién podía modificarlos y qué controles debían intervenir antes de autorizar su transmisión.
La investigación administrativa continúa abierta y la Armada deberá preservar servidores, registros de acceso, archivos originales, respaldos informáticos y trazabilidad de las modificaciones. Esos elementos permitirán a la Justicia reconstruir quién ingresó a cada sistema, desde qué terminal, qué registros fueron modificados y en qué momento fueron enviados al banco.
La comparación con los antecedentes de las CORES bonaerenses aporta además una enseñanza para la investigación: el beneficiario formal de una acreditación irregular no necesariamente constituye el destino final del dinero. En diferentes causas policiales, los fondos eran depositados legalmente en cuentas sueldo y luego una porción debía regresar a integrantes superiores de la estructura. Por eso, en el expediente de la Armada resultará fundamental reconstruir no solamente quién recibió los $981 millones denunciados, sino también qué ocurrió con ese dinero después de cada acreditación.
El seguimiento de cuentas bancarias, transferencias posteriores, extracciones en efectivo, eventuales movimientos coincidentes entre beneficiarios y vínculos familiares o funcionales puede revelar si los pagos terminaban en quienes aparecían formalmente como destinatarios o si existió algún sistema posterior de recaudación y redistribución. La denuncia presentada por la Armada todavía no permite afirmar que haya funcionado un mecanismo de retorno equivalente al investigado en las CORES bonaerenses, pero la experiencia de aquellos expedientes muestra por qué esa ruta financiera constituye una línea investigativa relevante.
La maniobra denunciada tiene además una particularidad que puede facilitar su reconstrucción judicial: ocurrió dentro de sistemas institucionales que deberían conservar huellas digitales. Los 645 pagos identificados abarcan tres años y medio, un período suficientemente extenso como para determinar regularidades, beneficiarios repetidos, fechas coincidentes y usuarios administrativos intervinientes.
La causa recién comienza y corresponderá al fiscal Ramiro González y al juez Sebastián Ramos determinar responsabilidades individuales y eventuales figuras penales. Pero la auditoría interna ya produjo un dato difícil de soslayar: casi mil millones de pesos habrían atravesado durante años un circuito de haberes sin corresponderse con las liquidaciones legítimas. La experiencia de las horas CORES de la Bonaerense indica ahora hacia dónde puede dirigirse una parte decisiva de la pesquisa: seguir cada peso después de su acreditación para establecer si los 23 beneficiarios fueron el destino del fraude o apenas una escala dentro de una estructura de recaudación más amplia.
Fuentes consultadas: presentación judicial de la Armada Argentina; información oficial de la Armada Argentina; Juzgado Federal N°2; Fiscalía Federal; Infobae; Ámbito Financiero; Comisión Provincial por la Memoria; antecedentes judiciales sobre fraudes con horas CORES y POLAD de la Policía Bonaerense; archivos periodísticos sobre investigaciones de corrupción policial; archivo Total News Agency
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