La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordena a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum detener perforaciones, instalaciones submarinas, infraestructura asociada y el inicio de la extracción comercial del proyecto Sea Lion, desarrollado al norte de las Islas Malvinas sin autorización argentina. El fallo avanza además sobre la arquitectura financiera del emprendimiento: las petroleras tendrán diez días judiciales para identificar bancos, fondos, aseguradoras, reaseguradoras, contratistas y desembolsos comprometidos. La resolución abre así un frente judicial argentino contra uno de los proyectos económicos más importantes impulsados desde el archipiélago ocupado por el Reino Unido.
Río Grande – 16 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La Justicia Federal argentina produjo este miércoles un movimiento de fuerte impacto jurídico, económico y diplomático en la disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas: la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras materiales correspondientes al proyecto petrolero Sea Lion, denominado León Marino en el expediente judicial.
La decisión alcanza la perforación del lecho y subsuelo marino, las instalaciones permanentes de infraestructura submarina, el tendido de conductos y líneas de flujo, los sistemas de control, la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga y, especialmente, el comienzo de la extracción comercial de petróleo. También quedaron comprendidas las obras terrestres y portuarias directamente relacionadas con el emprendimiento.
La cautelar fue dictada dentro de la acción preventiva por daño ambiental colectivo promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), organizaciones que recurrieron a la Justicia argentina para intentar detener un proyecto que se desarrolla bajo licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas y sin autorización del Estado argentino.
El alcance de la resolución adquiere especial importancia porque Borruto había resuelto días atrás una cuestión jurídica previa fundamental: declaró competente al Juzgado Federal de Río Grande y reconoció la jurisdicción internacional de los tribunales argentinos respecto de las compañías extranjeras involucradas. El criterio se apoya en que el litigio comprende cuestiones ambientales, recursos naturales, territorio, plataforma continental y jurisdicción marítima que la Argentina considera sometidos a su soberanía.
Sea Lion constituye actualmente la mayor apuesta petrolera vinculada con Malvinas. Está ubicado en la denominada Cuenca Norte de Malvinas, aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago. Navitas Petroleum posee una participación operativa del 65%, mientras Rockhopper Exploration conserva el 35%. Los desarrolladores proyectan comenzar la producción en 2028 y alcanzar alrededor de 50.000 barriles diarios, convirtiendo al yacimiento en una fuente potencialmente relevante de ingresos para la economía de las islas.
Precisamente por el grado de avance del emprendimiento, la magistrada consideró que esperar hasta la finalización de las obras para determinar si correspondía previamente una evaluación ambiental argentina podía tornar ineficaz cualquier tutela judicial posterior. La cautelar no establece todavía que Sea Lion provocará necesariamente un daño ambiental ni constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las compañías, pero impide que la construcción avance mientras se analiza la cuestión de fondo.
Uno de los elementos centrales considerados por el juzgado fue un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de este año, según el cual no constaba ante las autoridades argentinas ningún aviso de proyecto ni procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado por las empresas demandadas respecto de Sea Lion.
Pero la resolución de Borruto no se limita a ordenar la paralización física del emprendimiento. La magistrada avanzó sobre un aspecto potencialmente mucho más sensible para las petroleras: la estructura económica y financiera internacional que sostiene el proyecto.
Rockhopper y Navitas fueron intimadas a presentar, dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación, una declaración jurada acompañada por documentación que permita establecer el verdadero estado de ejecución de Sea Lion. Tendrán que informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de explotación; cantidad, ubicación y situación de los pozos; unidades flotantes y equipos de perforación contratados; principales contratistas y subcontratistas y las obras portuarias y terrestres construidas o proyectadas para sostener la operación.
La orden judicial exige además revelar la estructura societaria utilizada para desarrollar Sea Lion, las entidades financieras y fondos que participan de su financiamiento, los desembolsos ya realizados, aquellos comprometidos y los todavía pendientes, junto con las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas con el proyecto.
También deberán entregar los estudios ambientales realizados, análisis de riesgo, modelizaciones sobre eventuales derrames de hidrocarburos, planes de prevención, contingencia y respuesta y las autoridades ante las cuales hubieran presentado documentación ambiental o solicitado autorizaciones.
Esa información puede convertirse en una pieza estratégica para la política argentina hacia Malvinas porque permitirá, si las empresas cumplen la resolución, reconstruir por primera vez judicialmente buena parte de la cadena internacional que sostiene financieramente Sea Lion. Bancos, fondos de inversión, compañías aseguradoras, reaseguradoras, proveedores tecnológicos, operadores marítimos y contratistas podrían quedar identificados dentro de un expediente sometido a jurisdicción argentina.
La jueza dispuso además que Rockhopper y Navitas deberán preservar íntegramente la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada con Sea Lion y abstenerse de destruirla, modificarla, ocultarla o disponer de ella de manera que impida posteriormente incorporarla como prueba.
Borruto, sin embargo, no concedió por ahora todo lo solicitado por los demandantes. El CECIM y los abogados ambientalistas habían pedido también prohibir nuevos contratos de financiación, recepción de desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constitución de garantías y afectación de activos destinados al proyecto. La magistrada consideró que una prohibición financiera general de semejante amplitud podía alcanzar operaciones y terceros que todavía no estaban suficientemente individualizados.
Tampoco ordenó en esta etapa notificar de manera general el proceso judicial a organismos reguladores y mercados bursátiles extranjeros. Esa posibilidad permanece abierta y podría ser revisada cuando el tribunal reciba la documentación solicitada y pueda identificar con precisión quiénes financian, aseguran y participan comercialmente de Sea Lion.
El juzgado requirió paralelamente a la Cancillería argentina que informe en diez días si Rockhopper, Navitas o las empresas relacionadas con el proyecto cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de alguna autoridad argentina para desarrollar exploración o explotación hidrocarburífera en Malvinas o en los espacios marítimos circundantes que la Argentina considera integrantes de su plataforma continental.
Un requerimiento semejante fue dirigido a las autoridades ambientales nacionales para establecer si existe algún procedimiento de evaluación de impacto, declaración ambiental, certificado de aptitud o acto administrativo equivalente relacionado con el emprendimiento.
La resolución judicial aparece en momentos en que el conflicto por Sea Lion adquirió una dimensión política mayor. El Gobierno del presidente Javier Milei inició acciones contra empresas vinculadas con operaciones petroleras en Malvinas y anunció el envío al Congreso de un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra compañías, socios, inversores y eventualmente proveedores que participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
En paralelo existe un frente penal en Comodoro Py, diferente de la acción ambiental tramitada en Río Grande. La Justicia federal investiga actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de Malvinas sin autorización argentina, a partir de actuaciones promovidas por el Gobierno nacional. Ambas vías poseen objetos jurídicos diferentes, pero confluyen sobre la explotación unilateral de recursos en las aguas disputadas.
La disputa posee además un antecedente diplomático central. La Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, instó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente la solución de la controversia de soberanía. Buenos Aires invoca históricamente ese principio frente a las licencias británicas para explotar recursos naturales alrededor del archipiélago.
Rockhopper y Navitas, por su parte, sostienen que poseen licencias válidas concedidas por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo británico. Desde esa perspectiva, la posición argentina sobre jurisdicción, permisos y explotación de hidrocarburos no es reconocida por las compañías ni por el Reino Unido, que administra las Malvinas desde 1833. La Argentina mantiene su reclamo de soberanía y considera ilegítima la explotación unilateral de sus recursos.
El conflicto ingresa ahora en un terreno novedoso porque la orden de un tribunal argentino intenta producir efectos sobre empresas extranjeras que desarrollan el proyecto en un territorio bajo administración británica. Su ejecución internacional podrá plantear dificultades jurídicas concretas, pero el requerimiento de identificar bancos, aseguradoras, fondos y contratistas introduce otra dimensión: muchos de esos actores pueden operar simultáneamente en jurisdicciones donde una decisión judicial argentina, las sanciones administrativas o futuras restricciones comerciales tengan consecuencias económicas.
La cautelar obliga además a las petroleras a enfrentar una decisión inmediata. Pueden cuestionar la competencia, recurrir la medida y discutir su alcance, pero deberán hacerlo mientras el expediente argentino avanza sobre información que hasta ahora permanecía dispersa entre sociedades, mercados financieros y contratos privados.
Dentro de diez días judiciales comenzará a conocerse hasta dónde llega realmente esa red. Si Rockhopper y Navitas cumplen la intimación, el expediente de Río Grande podrá dejar de tener solamente dos nombres en su portada para exhibir el mapa de bancos, fondos, aseguradoras, reaseguradoras, proveedores y contratistas que hicieron posible financiar Sea Lion, información que podría convertirse en la base jurídica de la próxima etapa de la ofensiva argentina contra la explotación petrolera unilateral alrededor de las Islas Malvinas.
Fuentes consultadas: Juzgado Federal de Río Grande; resolución de la jueza Mariel Borruto; Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM); Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA); Cancillería Argentina; Subsecretaría de Ambiente de la Nación; Reuters; Infobae; antecedentes públicos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration; documentación pública vinculada con el proyecto Sea Lion; archivo Total News Agency
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