Por RR
Rogério Tomaz Jr. había llamado a Javier Milei “psicópata degenerado” y cuestionado su política hacia Brasil. Migraciones invocó irregularidades en su residencia, pero Santiago Caputo y Juan Carreira celebraron públicamente su expulsión con burlas y agravios. El episodio abre interrogantes sobre la institucionalidad argentina y la imagen de previsibilidad que el Gobierno procura transmitir al exterior.
Buenos Aires – 13 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La expulsión del periodista brasileño Rogério Tomaz Jr., a quien el Gobierno de Javier Milei canceló su residencia permanente y prohibió regresar a la Argentina durante cinco años, derivó en una discusión que excede las normas migratorias y alcanza directamente la imagen institucional del país. Las burlas e insultos difundidos desde el entorno presidencial contra el comunicador, conocido por sus críticas a Milei y su cercanía política con Luiz Inácio Lula da Silva, incorporaron una dimensión innecesariamente conflictiva a una decisión que, según las autoridades, respondía exclusivamente a incumplimientos administrativos. Lejos de distraer la atencion de otros temas, agrava la imagen del Presidente y de Argentina.
Tomaz llegó este lunes al Aeroparque Jorge Newbery, donde personal de la Dirección Nacional de Migraciones le comunicó que su residencia había sido cancelada y que debía regresar a Brasil. El periodista tenía previsto realizar entrevistas e investigaciones para un libro crítico sobre el Gobierno argentino, cuya publicación proyecta para 2027. Ahora tendrá mas argumentos negativos para exponer en su libro.
El enfrentamiento político tenía antecedentes concretos. El pasado 2 de octubre, Tomaz publicó una fotografía de Lula da Silva con una camiseta que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, acompañada de una descalificación directa contra el mandatario argentino: “Lula ama más a la Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a los hermanos argentinos”.
En otras publicaciones había señalado que “Milei anda con el pañal cagado y está loco de remate” y comparado al mandatario argentino con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien presentó irónicamente como una figura moderada frente al estilo del jefe de Estado argentino. Ante esto, el gobierno podría haber acudido a la justicia.
Sin embargo, el conflicto con funcionarios libertarios era anterior a esas expresiones. En julio, Tomaz difundió un video cuestionando las propuestas relacionadas con el cobro de servicios educativos a ciudadanos extranjeros y criticando el tratamiento dispensado a estudiantes brasileños. El 23 de ese mes, el funcionario Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, respondió con insultos personales y expresiones despectivas sobre su nacionalidad, condición física e identificación política.
La cancelación de la residencia fue dispuesta administrativamente el 5 de agosto, después de aquellos enfrentamientos de julio y antes de las publicaciones de octubre. Por lo tanto, no corresponde presentar el mensaje del 2 de octubre como la causa demostrada de una resolución adoptada con anterioridad, aunque sí constituye un antecedente relevante para comprender la confrontación pública entre el periodista y el oficialismo.
La polémica estalló cuando Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del Presidente, celebró la noticia mediante un mensaje publicado en X: “Te falló el operativo, campeón”, acompañado de una fotografía de Tomaz junto a Lula.
El periodista brasileño respondió con una acusación igualmente contundente: “Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”.
La confrontación escaló todavía más cuando Carreira festejó la expulsión con un mensaje que comenzaba con una expresión homofóbica y continuaba celebrando que Tomaz no pudiera volver al país. Entre otras afirmaciones, escribió: “Un zurdo menos en Argentina. Hoy se celebra”.
Este último mensaje introduce un elemento especialmente significativo: el funcionario no se limitó a respaldar el cumplimiento de una resolución migratoria, sino que celebró expresamente la exclusión del periodista por su identificación ideológica. Otro error.
Desde la Dirección Nacional de Migraciones explicaron que Tomaz había obtenido la residencia permanente el 20 de enero de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, pero solamente había permanecido 153 días en territorio argentino durante los siguientes cuatro años y medio. También señalaron que no registraba actividad laboral verificable, estudios ni vínculos familiares que acreditaran arraigo, y que no vivía en el domicilio declarado.
La resolución invocó el artículo 62, inciso f, de la Ley 25.871, modificada mediante el Decreto 366/2025, para cancelar la residencia, y el artículo 63 para imponer una prohibición de reingreso por cinco años.
Esos fundamentos deben analizarse dentro del procedimiento migratorio correspondiente. Si el ciudadano brasileño había incumplido los requisitos legales, las autoridades disponían de los mecanismos administrativos para examinar su situación, comunicar la decisión y permitir el ejercicio de los recursos pertinentes. La legalidad de la medida depende de esos antecedentes y no de las opiniones políticas del afectado.
Precisamente allí aparece la principal controversia institucional. Una cosa es que Migraciones aplique la legislación vigente ante una infracción debidamente acreditada, y otra muy distinta es que funcionarios y asesores cercanos a la Presidencia conviertan una decisión administrativa en una celebración pública acompañada de insultos personales y referencias ideológicas.
Esa diferencia no resulta menor para un país que intenta presentarse ante el mundo como un destino confiable para las inversiones extranjeras. La Argentina necesita atraer capitales, desarrollar infraestructura y transmitir estabilidad jurídica, condiciones que no dependen exclusivamente de las reformas económicas, los beneficios fiscales o las facilidades para ingresar divisas.
La previsibilidad institucional también se construye mediante el comportamiento de quienes representan al Estado. Para un empresario extranjero que evalúa establecer operaciones en la Argentina, la garantía de que las decisiones administrativas serán adoptadas conforme a reglas conocidas, mediante procedimientos transparentes y sin arbitrariedades políticas constituye un elemento relevante de cualquier evaluación de riesgo.
La exhibición pública de hostilidad hacia un extranjero por parte de funcionarios gubernamentales puede alimentar dudas acerca del modo en que se gestionan los desacuerdos con el poder político. La preocupación potencial no radica en que un Estado controle sus fronteras, facultad que le corresponde legítimamente, sino en la percepción de que las decisiones administrativas podrían confundirse con disputas personales o ideológicas.
Resulta especialmente contradictorio que un Gobierno que busca inversiones mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y procura convencer a empresas internacionales de la seguridad jurídica argentina permita que una controversia migratoria termine convertida en un intercambio de agravios públicos desde su propio entorno.
El episodio también se inscribe en el deterioro de las relaciones políticas entre Milei y Lula. Durante su participación en una convención del Partido Liberal brasileño, el Presidente argentino calificó a su par de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, además de dirigir una descalificación contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, al que llamó “basura calva”.
En otras oportunidades, Milei también utilizó expresiones como “puerco”, “psiquiátrico” y “pobre imbécil” en sus enfrentamientos políticos, mientras Lula mantuvo sus propias críticas hacia el mandatario argentino. El resultado fue un distanciamiento diplomático entre los dos mayores socios del Mercosur, cuyas economías mantienen una relación comercial e industrial mucho más profunda que las diferencias personales entre sus presidentes.
El episodio de Tomaz ocurre, además, en medio de la disputa electoral brasileña entre Lula y Flávio Bolsonaro, cuyo balotaje está previsto para el 25 de octubre. Milei ha expresado su respaldo político al candidato bolsonarista, mientras el periodista expulsado mantiene una posición favorable al actual presidente brasileño.
Con esos antecedentes, la celebración oficial de la expulsión difícilmente pueda ser interpretada internacionalmente como un acontecimiento exclusivamente administrativo, aunque esa sea la fundamentación jurídica presentada por Migraciones.
La controversia permite identificar una cuestión institucional que trasciende a sus protagonistas: el Estado puede exigir a cualquier extranjero el cumplimiento de la legislación migratoria, pero el ejercicio de esa facultad debe mantenerse separado de las disputas partidarias y los enfrentamientos personales.
La Argentina enfrenta el desafío de atraer inversiones, fortalecer su posición diplomática y ofrecer garantías de estabilidad a quienes decidan trabajar, producir o desarrollar actividades económicas en su territorio. En ese contexto, los mensajes difundidos desde las cercanías de la Presidencia incorporan un factor reputacional que no figuraba en el expediente migratorio original y que podría haberse evitado limitando la actuación oficial al cumplimiento de la ley y a la comunicación institucional de sus fundamentos.
Fuentes consultadas: Infobae; La Nación; TN; Página/12; UOL Brasil; publicaciones de Rogério Tomaz Jr., Santiago Caputo y Juan Pablo Carreira en X; Dirección Nacional de Migraciones; Ley 25.871; Decreto 366/2025.
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