Por Adalberto Agozino
La investigación policial sobre posibles irregularidades en documentos de parentesco de los campamentos de Tinduf coincide con la controversia legislativa sobre el acceso de los saharauis a la ciudadanía española. Los antecedentes de falsificación acreditan que existe un riesgo real de fraude con posible implicación de redes vinculadas al Frente Polisario.
La cuestión de la nacionalidad española de los saharauis ha vuelto a situarse en la intersección de tres asuntos particularmente sensibles: la responsabilidad histórica de España por su presencia colonial en el Sáhara, la situación jurídica de una población dispersa entre varios países del norte de África y el riesgo de que los procedimientos administrativos destinados a reparar antiguas injusticias sean utilizados para obtener derechos mediante documentación fraudulenta. La controversia no es nueva. Sin embargo, la reactivación de una iniciativa legislativa para facilitar el acceso a la ciudadanía y las informaciones sobre verificaciones policiales de documentos procedentes de los campamentos de Tinduf han incrementado su relevancia.
El problema exige distinguir entre hechos acreditados, indicios que merecen investigación y escenarios geopolíticos hipotéticos. La existencia de redes que han falsificado documentos para conseguir permisos de residencia o nacionalidades españolas está respaldada por antecedentes policiales.
Un documento fechado el 1 de octubre de 2026 y atribuido a la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF) de la Policía Nacional en Ibiza, señala sospechas de irregularidades en justificantes de parentesco paterno presentados por personas procedentes de los campamentos de Tinduf ante organizaciones y empresas españolas. Según ese texto, la Policía habría solicitado verificaciones sobre la autenticidad de los documentos utilizados para acreditar vínculos familiares y antecedentes de origen saharaui en procedimientos relacionados con la obtención de la nacionalidad.
La información disponible permite presentar el caso como una señal de alerta sobre la necesidad de verificar los documentos.
Un precedente revelador: la red que operó desde Granada
El antecedente más significativo se remonta a febrero de 2021, cuando la Policía Nacional anunció la detención de 18 personas por su presunta participación en una organización que habría facilitado documentación falsa a miles de ciudadanos marroquíes para que aparentaran ser naturales del Sáhara o descendientes de antiguos residentes de la colonia española. La investigación, con epicentro en Granada y ramificaciones en otras provincias, apuntaba a una estructura que habría operado desde 2015 y que utilizaba un despacho de abogados españoles como centro de tramitación
El Independiente de Granada
Según las informaciones publicadas entonces, los intermediarios cobraban cantidades de entre 4.000 y 12.000 euros por gestionar autorizaciones de residencia o solicitudes de nacionalidad. Entre los documentos presuntamente utilizados figuraban certificaciones destinadas a acreditar el origen saharaui y justificantes relacionados con pensiones del antiguo personal militar español. La investigación también examinó el posible cobro irregular de prestaciones vinculadas a supuestos servicios prestados durante la etapa colonial.
La importancia de aquel caso no reside únicamente en su dimensión económica. Puso de manifiesto que la documentación histórica del Sáhara podía convertirse en un instrumento de fraude cuando los procedimientos administrativos dependían de certificados difíciles de contrastar, genealogías familiares incompletas o archivos dispersos entre distintas jurisdicciones.
La falsificación de un documento de identidad y la simulación de un vínculo de parentesco no son conductas equivalentes, aunque ambas puedan integrar una operación fraudulenta. En estos procedimientos pueden intervenir partidas de nacimiento, certificados de filiación, documentos militares, registros de residencia, declaraciones de testigos y otros justificantes. Una red organizada con vínculos en la jerarquía del Frente Polisario puede tratar de hacerlos compatibles entre sí para construir una identidad documental aparentemente coherente.
El precedente de Granada demuestra, por tanto, que el riesgo no es meramente teórico.
La hipótesis de que existan intermediarios especializados en producir, distribuir o validar certificados fraudulentos procedentes de Tinduf merece atención policial, especialmente tomando en consideración que miembros del Frente Polisario suelen mantener vínculos con redes criminales para el desvío de ayuda humanitaria y el contrabando de combustible rumbo a los mercados irregulares de Mauritania y el Sahel.
Una ley que elevó el valor de los documentos históricos
La controversia documental coincide con una iniciativa legislativa que pretende corregir las dificultades históricas de acceso a la nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo la administración de España. El Congreso de los Diputados aprobó el texto el 10 de septiembre de 2026, con 168 votos favorables, 31 contrarios y 145 abstenciones, y lo remitió al Senado. La propuesta contempla una vía específica para los nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y establece condiciones para facilitar el acceso de determinados descendientes.
Conviene precisar su situación jurídica. Aunque la iniciativa superó la votación del Congreso, no llegó a convertirse en ley. La ficha oficial del Senado registra su caducidad después de la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. Por tanto, a fecha de este artículo no existe un nuevo derecho a la nacionalidad derivado de esa proposición que pueda ejercerse conforme al procedimiento propuesto.
La reforma pretendía facilitar la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes hubieran nacido bajo administración española y reducir de diez a dos años el plazo general de residencia exigido a los saharauis que cumplieran los requisitos previstos para acceder a la ciudadanía por esa vía. El texto también trataba de establecer medios probatorios específicos para acreditar las circunstancias personales y familiares de los solicitantes.
Para los promotores de la reforma, facilitar la nacionalidad representa una medida de reparación histórica y una respuesta a la prolongada incertidumbre jurídica de personas con vínculos acreditables con España. Los críticos pueden plantear objeciones sobre el alcance de los beneficiarios, la calidad de las pruebas y la capacidad de la Administración para comprobar expedientes antiguos. Ambas cuestiones son compatibles: reconocer un vínculo histórico legítimo no obliga a aceptar cualquier documento presentado para demostrarlo.
La expectativa de una modificación legal puede, además, incentivar el fraude. Cuando se anuncia una vía potencialmente más favorable, aumenta el valor económico de los certificados que permiten acceder a ella. Ese fenómeno crea oportunidades para intermediarios que prometen reconstruir genealogías, conseguir documentos supuestamente oficiales o acelerar procedimientos a cambio de dinero. El antecedente de 2021 ofrece una advertencia concreta sobre ese mecanismo, aunque no demuestra por sí mismo que la iniciativa de 2026 haya originado las sospechas detectadas en Ibiza.
La disolución de las Cortes y la caducidad del texto no eliminan el problema. La propuesta podría volver a plantearse en una futura legislatura, mientras continúan existiendo solicitantes que recurren a los procedimientos ordinarios de residencia, apatridia o nacionalidad. La incertidumbre normativa puede prolongar la vulnerabilidad de quienes necesitan acreditar su identidad y, simultáneamente, mantener incentivos para quienes intentan explotar las lagunas documentales.
Una población dispersa entre varios Estados
La dimensión geográfica de la cuestión complica cualquier intento de establecer una relación automática entre identidad saharaui, residencia territorial y nacionalidad. La población saharaui se distribuye entre el Sáhara, las provincias meridionales de Marruecos, los campamentos de refugiados próximos a Tinduf, en Argelia, y comunidades asentadas en Mauritania y otros países. También existen grupos y redes familiares en Mali, aunque su dimensión y distribución exactas no deben confundirse con las de los principales núcleos de población.
Los campamentos de Tinduf albergan a una minoría del total de la población saharaui. Allí se encuentran las principales estructuras del Frente Polisario, la población residente depende en gran medida de las autoridades argelinas y de los mecanismos de asistencia humanitaria. Durante décadas el Polisario ha impedido un registro civil manteniendo a la población local como indocumentada.
En el Sáhara marroquí, la situación es distinta. Allí residen familias saharauis totalmente integradas a la sociedad marroquí que no obstante mantienen su lengua y tradiciones. En Mauritania, por su parte, existen vínculos históricos, comerciales, lingüísticos y familiares que atraviesan las fronteras contemporáneas. Mali forma parte de un espacio saheliano en el que las redes de movilidad y parentesco no siempre coinciden con las delimitaciones estatales.
Esta dispersión tiene consecuencias directas para la verificación documental. Una partida de nacimiento puede haberse expedido durante la administración española, mientras que otros documentos familiares se han producido décadas después en un país diferente. Los nombres pueden aparecer con transcripciones distintas, las fechas pueden variar entre registros y las familias pueden haber perdido originales durante desplazamientos forzosos. Tales circunstancias justifican procedimientos especializados de comprobación, pero no constituyen por sí mismas indicios de fraude.
El desafío consiste en reconstruir una cadena documental fiable.
Las posibles repercusiones en el sur de Marruecos
El debate adquiere una dimensión geopolítica adicional cuando se considera la posibilidad de que un número significativo de saharauis obtenga la ciudadanía española y mantenga su residencia en las provincias saharianas de Marruecos. Se trata de un escenario hipotético, no de un resultado demostrado de la propuesta legislativa ni de una tendencia demográfica cuantificada.
La nacionalidad española no comporta automáticamente el derecho a residir de manera permanente en Marruecos. La entrada, la residencia, la participación política y el ejercicio de derechos civiles dentro del reino seguirían sujetos al ordenamiento marroquí, a los acuerdos internacionales aplicables y a las circunstancias particulares de cada persona.
Sin embargo, si una comunidad numerosa adquiriera la ciudadanía española mientras permaneciera asentada en el territorio, podrían aparecer consecuencias políticas y diplomáticas relevantes. La primera sería una mayor internacionalización de las controversias sobre derechos, representación política e identidad nacional. La segunda afectaría a las relaciones consulares entre Madrid y Rabat, especialmente si ciudadanos españoles residentes en Marruecos alegaran restricciones a sus derechos o solicitaran protección diplomática.
La hipótesis más delicada sería la creación de un partido político de orientación separatista que pretendiera actuar legalmente dentro de Marruecos. Para que tal formación pudiera concurrir a las elecciones tendría que cumplir la legislación marroquí sobre partidos políticos, incluidos sus requisitos de constitución y las restricciones relativas a la integridad territorial y a los fundamentos constitucionales del Estado. Por tanto, la ciudadanía española de sus promotores no bastaría para garantizar su legalidad.
Un partido de esas características podría intentar utilizar la condición de ciudadanos de otro Estado de sus integrantes para obtener atención internacional, formular denuncias ante instituciones europeas o convertir los conflictos locales en asuntos diplomáticos. También podría generar tensiones si las autoridades marroquíes considerasen que sus actividades vulneran el ordenamiento nacional o amenazan la integridad territorial.
La nacionalidad no debe convertirse en una mercancía documental ni en un arma diplomática.
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